El abuso sexual infantil se ha convertido en un infierno para los menores de edad, pero también para sus familiares por la impunidad, ya que en el país se registran 5.4 millones de casos al año y no todos los casos llegan a un juicio; sin embargo, cuando estos delitos son cometidos por un político, la probabilidad de tener justicia se hace todavía menor.
Así lo explicó Yohali Reséndiz en entrevista para Nación 321, quien con el anhelo de llegar a las consciencias de los ciudadanos, escribió "Violar desde el poder", libro en el que narra algunas historias que ella documentó, denunció o dio seguimiento sobre casos de violencia sexual cometida por personas que tenían algún cargo público y que las autoridades se encargaron de revictimizar.
"A los ciudadanos se nos olvidan ciertos temas, pero este libro tiene el objetivo de no perder la memoria para exigir candidatos limpios por qué con todos estos casos, ¿Qué esperamos? ¿A tener un presidente violador? ¡No!. Necesitamos reflexionar sobre lo que hemos permitido, porque a estas alturas, la protesta ya nos rebasó, ya tenemos que unirnos a la denuncia para hacer frente a este tipo de injusticias", señaló.
En el texto narra los casos de políticos como Saúl Huerta, Félix Salgado Macedonio, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Juan Carlos Bustos, entre otros y la manera en la que "las autoridades revictimizaron a los abusadores y pusieron en duda las declaraciones de los menores, o simplemente no han alcanzado un juicio, debido a los actos de corrupción por tratarse de personas que están en el poder".
"En las cifras, de cada mil denuncias que se conozcan de abuso sexual, solamente 100 van a llegar a un juzgado, de ese 100 solamente una va a tener una sentencia condenatoria contra el agresor, entonces ¿Qué está pasando en este país?", cuestionó.
"FISCALÍAS PROTEGEN AL AGRESOR"
Yohali Reséndiz denunció que uno de los motivos por los que en el país hay impunidad para los delitos sexuales infantiles, cometidos por políticos y por ciudadanos no alcancen justicia, es porque se pone en duda las declaraciones del menor, también considera que se violan los Derechos Humanos, al carecer de pruebas como la "bosi" en las Fiscalías (que es un paquete de exámenes que se aplica a los menores para determinar si hubo abuso) y se viola la cadena de custodia.
"Integran la carpeta de investigación de una manera que, si la miras desde afuera dices: es que están protegiendo a todas luces al agresor" y bueno, tú dices ¿y las víctimas?, entonces ¿Qué pasa? Al agresor casi no lo mandan llamar para testificar, siempre la víctima está siendo revictimizada, una y otra vez, y existen protocolos que como ciudadanos tenemos derecho a conocer y a exigir dentro de las Fiscalías, pero la misma Fiscalía los aplasta", dijo.
Detalla que este tipo de actuar de las Fiscalías, han provocado que las madres o familiares que buscan justicia para un menor agredido sean más vulnerados emocionalmente, porque muchas veces llegan a perder sus empleos al acudir una y otra vez a cumplir con los papeleos y requisitos que les imponen porque "es a lo que le apuestan las Fiscalías, a que las víctimas se cansen y a que los recursos no les alcancen".
Precisó que el deber de las autoridades en todo el país es contratar al personal adecuado para que puedan hacer las investigaciones óptimas, pero además se cuide a las víctimas, pero lamenta que esto no suceda.
Habló sobre el caso de Mónica Feiro en Durango, en donde las autoridades giraron órdenes de aprehensión en contra de ella, su padre y su hermano, quienes buscaban que se hiciera justicia por sus hijas y para el agresor, no hubo tal requerimiento legal.
ABUSO SEXUAL EN ESCUELAS
Otro de los temas que preocupó a la también periodista, fue la incapacidad de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública para actuar ante casos de violaciones sexuales que ocurren en las escuelas, pues afirmó: "La SEP no hace absolutamente nada".
Recordó que en el mundo, México está en el primer lugar de abuso sexual y que la sociedad tiene que ser más empática y no esperar a que les suceda una violación a algún familiar, para exigir justicia por los miles de casos que ya existen.
Señaló que las escuelas deberían ser el segundo sitio más seguro para un niño, después del hogar, pero que, en el país ocurre todo lo contrario pues la mayoría de los abusos sexuales se dan en el hogar y posteriormente en las escuelas.
"En el tiempo de pandemia era increíble que yo no tuviera denuncias de abuso sexual por parte de maestras y maestros porque los niños estaban tomando clases en línea, porque los agresores estaban del otro lado de la pantalla, no podían tocarlos, no podrían agredirlos, pero ¿qué pasa cuándo una madre denuncia ante la autoridad de la escuela que su hijo fue atacado o violentado sexualmente?, lo primero que hace la dirección de la escuela es sumar al maestro, no al alumno", acusó.
Señaló que en el caso de los colegios particulares ocurre lo mismo, pues en muchas ocasiones, cuando un caso se hace público, tienden a demandar a los padres de las víctimas por "dañar su imagen".
Estima que en el regreso a clases presencial de los menores, los casos por abuso sexual se incrementen porque las autoridades no tienen la capacidad de emitir sanciones severas contra los depredadores.
"La SEP debería de hacer una conferencia y de mandar un mensaje a sus maestras ya sus maestros: 'Todos aquellos que en algún momento violenten a algún niño o alguna niña, van a tener la sanción correspondiente y se van a ir inhabilitados de por vida', así los agresores van a pensar dos veces antes de perder lo único que saben hacer o su sustento, es una manera de cerrarle la llave y los caminos a los agresores para que dejen de violentar a los niños del país".
Por último, hizo un llamado a los ciudadanos a cerrar filas para denunciar las agresiones a menores de edad, pues considera que son el futuro de México y también a exigir políticos que no tengan ningún tipo de denuncias, porque representan y están al servicio de la ciudadanía.