En lo que va de junio, el Poder Judicial de Ciudad de México reportó un incremento de 52% en el número de medidas de protección que se han otorgado a mujeres que denunciaron ser víctimas de violencia, en comparación con mayo.
En mayo se concedieron 2 mil 230 órdenes de salvaguarda en cinco principales rubros, mientras que en junio han sido 3 mil 393, informó el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del órgano judicial.
Ante el aumento de agresiones de género durante la pandemia, el PJCDMX implementó nuevas medidas de defensa que permiten realizar denuncias y pedir ayuda a través de plataformas virtuales.
La protección relativa a la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima en el periodo referido aumentó 58%, pues en mayo se emitieron 560 y en junio, 888.
En cuanto al impedimento para asistir o acercarse al domicilio de la víctima directa o indirecta, así como aproximarse al lugar de trabajo, estudio o cualquiera que frecuente, en mayo se concedieron 489, en tanto que, en junio, 803.
"La prohibición a la persona agresora de intimidar o molestar por sí, por cualquier medio o interpósita persona a la mujer en situación de violencia, hijos e hijas u otras víctimas indirectas o testigos, o cualquier otra persona con quien tenga la mujer relación familiar, afectiva, de confianza o de hecho, registró un ascenso de 71 por ciento, pues mientras en mayo se concedieron 474, en junio fueron 813”, señaló Guerra Álvarez.
Dijo que la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima o personas relacionadas pasó de mayo a junio de 448 a 606, un alza de 35%.
En lo referente a la desocupación inmediata por parte del agresor del domicilio, el magistrado dio a conocer un alza de 178 medidas, equivalente a 169%, al pasar de 105 en mayo a 283 en junio.
"Estas acciones se enmarcan en la determinación del PJCDMX de erradicar la violencia contra la mujer, así como el pacto de silencio que por tantos años permitió la normalización de la violencia y la simulación", puntualizó.
Indicó que el órgano judicial decidió abrir plataformas digitales para atender casos de violencia de género, tanto para la presentación de recursos como la celebración de audiencias virtuales, a fin de facilitar el acceso a la justicia en términos reales.