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Para el sector privado, la propuesta de reforma que presentó el Gobierno sobre el mecanismo de subcontratación, conocido como outsourcing, "viola el compromiso" de llevarla a cabo mediante una consulta a las compañías involucradas.
Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el outsourcing es equivalente a la “defraudación fiscal”, según lo dicho el jueves al anunciar la iniciativa que se enviará a la Cámara de Diputados, para modificar la Ley Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Infonavit, al Código Fiscal, del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con lo que —se presume— resolverá “los problemas y abusos” para 4.6 millones de trabajadores.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) indicó que en el Parlamento Abierto del año pasado se llegó a un acuerdo entre el Gobierno y la iniciativa privada sobre hacer un consenso entre las empresas con el fin de modificar la subcontratación laboral, ya que eliminarla no solo afecta al empleo, sino también las exportaciones del país.
“El sector empresarial recibe con sorpresa y preocupación la iniciativa en materia de subcontratación presentada por el Ejecutivo Federal, la cual viola el compromiso expreso de las autoridades de llevar a cabo una consulta con las organizaciones del sector privado que son afectadas por estas disposiciones para la elaboración del proyecto”, señaló el CCE.
El consenso alcanzado entre todas las fuerzas políticas para una regulación que evitara el abuso, pero a la vez conservara las fuentes de empleo, se vio quebrantado, añadió.
“Este acuerdo se rompió: la iniciativa presentada no fue consultada, y no respeta el consenso alcanzado en el Senado. Estamos de acuerdo en que la subcontratación irregular, que no cumple con la ley vigente y priva a los trabajadores de sus derechos, debe erradicarse”, expuso la máxima cúpula empresarial.
En la conferencia matutina del jueves, se presentó la iniciativa que pretende regular la subcontratación de personal, los servicios y obras especializadas, así como a las agencias de colocación, y, según la advertencia lanzada por la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, con sanciones para quienes incumplan.
“Se procederá por el delito de defraudación fiscal, no se permitirá que deduzcan impuestos y se impondrán multas”, manifestó López Obrador.
En cuanto a los servicios y obras especializadas, se permite y regula, pero estará sujeto a la aprobación de la Federación, y se realizará un padrón público.
Sobre las agencias de colocación, si bien podrán intervenir en el proceso de reclutamiento, entrenamiento y selección de personal, el intermediario no se considerará patrón, pues evade las cuotas al IMSS y al Infonavit, argumentó Alcalde.
Alertó que una regulación altamente restrictiva conllevaría inevitablemente efectos nocivos en la economía con la pérdida de empleos, y además, pondría en riesgo los ingresos por exportaciones, ya que sectores como la industria automotriz, la aeroespacial, la electrónica y el sector minero hacen un uso extensivo de esta forma de contratación legal.
“Reafirmamos que, cuando se apega al marco legal y se hace cumplir la ley, la subcontratación garantiza sin excepción todos los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Con una regulación y control adecuados, es una figura útil y respetuosa de los derechos, que se utiliza en todo el mundo, y que debe continuar existiendo en la legislación mexicana para fortalecer el mercado laboral y la competitividad”, apuntó el CCE.
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que “esta iniciativa de outsourcing violenta acuerdos internacionales al no consultar a las organizaciones; es una amenaza al crecimiento y a la creación del empleo formal”.
El organismo empresarial añadió que con esta iniciativa, el Gobierno no acató el Convenio número 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que promueve el tripartismo para asegurar que las voces de las organizaciones de empleadores y trabajadores sean escuchadas.
Asimismo, según datos del Censo Económico 2019, se pone en una condición de indefensión a 4.6 millones de personas ocupadas en este país bajo esta modalidad e incluso podría afectar la competitividad del país en el marco del T-MEC y también tiene efectos fiscales adversos al prohibir hacer deducibles del ISR y acreditar el IVA, catalogando tales actos como defraudación fiscal.
“El sector patronal está de acuerdo en que se debe combatir el uso irregular y abusivo de la figura de la subcontratación para defraudar a los trabajadores, al fisco y a la seguridad social, y que este sea utilizado como mecanismo para la competencia desleal”, reconoció la Coparmex.
Sin embargo, pide no perder de vista que existe una muy importante actividad económica y de generación de empleo formal y digno generado por medio de la subcontratación, que cumple totalmente con todos los estándares legales en la materia. “Se debe regular, no prohibir”, insistió el organismo empresarial.
Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, agregó en entrevista con El Financiero Bloomberg, que la iniciativa pone en riesgo la creación de empleos.
Orden necesario, dicen expertos
El abogado laboralista Arturo Alcalde sostuvo que la iniciativa de outsourcing busca combatir la simulación y quitar los “vicios” en el uso de ese esquema de contratación, pero permitirá a las empresas recibir servicios especializados y contratar personal que se justifique.
“Dice no a la simulación, y sí la contratación, de servicios que se justifiquen”, comentó en entrevista.
Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF), dijo que además de cancelar la subcontratación ilegal se introduce un concepto nuevo de prestación de servicios especializados, por lo que se espera el mecanismo para la regulación de esa definición; sin embargo, advierte que “lo que va a pasar es que trabajadores hoy contratados como formales pasarán a la informalidad”.
“Lo más importante es que en México todas las empresas operen con el cabal cumplimiento de la ley, lo cual significa que todas paguen las prestaciones salariales a los trabajadores”, dijo Pablo Lezama, director de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH).
Por su parte, Eric Rossati, director general de SAP Fieldglass en México, considera que las nuevas herramientas digitales en control de contrataciones deben considerarse dentro de la discusión para transparentar la situación de los trabajadores del país, “podemos ayudar a la iniciativa privada en ser más efectivas en cumplimiento de la ley y evitar sanciones”, dijo.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, explicó que a más tardar en diciembre próximo sería aprobada la iniciativa que conjuntará un dictamen para prohibir la subcontratación, que ya estaba aprobado y listo para subirse al Pleno.
“No creo que haya dificultades, salvo con algunos grupos, pero va a salir adelante porque beneficia a los trabajadores. Nadie puede estar en contra de beneficiar a los trabajadores”, dijo el jueves tras una reunión en Palacio Nacional con López Obrador.
Con información de Amílcar Salazar, Zenyazen Flores, Axel Sánchez y Leticia Hernández