Finalmente, luego de más de cuatro años de gobierno, en Los Pinos cayeron en cuenta que junto con las reformas, un importante detonador del malestar de los mexicanos tiene que ver con la corrupción.
El primero de mayo, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán, le propuso al consejero jurídico en Los Pinos, Humberto Castillejos, uno de los funcionarios más influyentes en el presidente Enrique Peña Nieto, una estrategia para combatir la corrupción en el gobierno federal. Guzmán, revelaron funcionarios, solicitó a todas las secretarías un listado de trabajadores que pudieran ser acusados por corrupción, para que pudieran ser explotado penal y mediáticamente, y comenzó a trabajar de esta manera el final del sexenio, que se encuentra a sólo 17 meses de distancia.
La petición de Guzmán revela varias facetas sobresalientes del gobierno actual. Por un lado, la aceptación implícita del presidente Peña Nieto que la corrupción tiene infectado a su gobierno. Peña Nieto era refractario a la sola insinuación de corruptos en su administración, y todavía en diciembre, cuando se le preguntaba directamente sobre qué haría al respecto, respondía que su gobierno era el que más había hecho en el combate a la corrupción.
La impresión que siempre dejaba era la de negación total a un fenómeno que se había convertido en su gangrena. No está claro en qué momento cambió su parecer, y autorizar acciones como las propuestas por Guzmán, pero en el primer trimestre del año, en una reunión con el equipo editorial de un medio en la Ciudad de México, uno de sus interlocutores fue –según personas que estuvieron en ese encuentro– brutal, por decir lo menos.
Le dijo, no literalmente como aquí se apunta, que si no había pensado que una vez que terminara su mandato, podría ser acusado por corrupción. La cara de Peña Nieto, recordaron los presentes, cambió de color y fue evidente su enojo.
La otra faceta que sacó al descubierto la iniciativa de Guzmán, es la aceptación clara del conocimiento que hay en Los Pinos sobre la corrupción en el gobierno. Cuándo la reconocieron, no está claro. En qué momento les pareció que había rebasado todo lo tolerable posible, en el contexto de un régimen donde la colusión y las ilegalidades son parte del combustible que lo mantiene todavía, tampoco.
La corrupción explotó a niveles no recordados por nadie, desde los primeros meses del gobierno de Peña Nieto, con la llegada de un alto número de mexiquenses a la administración pública federal.
Los primeros en sentir la voracidad fueron los empresarios, quienes se quejaban que los niveles de corrupción del pasado, cuando les pedían un promedio de 10-15% de comisión sobre las licitaciones de obra pública que ganaran en un concurso, se había elevado hasta en un 40%, y escaló todavía más en los últimos meses, en algunos casos que comentan pero no denuncian públicamente, hasta 80%. Cínicamente, en el gobierno le están llamando “retorno de inversión”.
Las cifras son increíbles, incluso para un sistema donde la corrupción ha sido un estilo de vida y un método de operación cotidiana durante décadas. Sin embargo, pese a que desde 2013 los empresarios comenzaron a expresar su malestar, dos miembros del gabinete consultados por este espacio en aquellos meses del incipiente gobierno, aseguraron no haber escuchado nada sobre este tema.
La corrupción dentro del gobierno comenzó a permear en el gabinete hasta 2015, según algunos funcionarios, pero no pasó nada. Incluso, como mostró la actitud del presidente Peña Nieto, la negación era la constante.
Después de la derrota del PRI en la mayoría de las elecciones para gobernador, el año pasado, y los números decrecientes del respaldo electoral al partido y a sus candidatos en las elecciones para gobernador en tres estados, en junio, dentro del gobierno hay otro tipo de sensibilidad acelerada por la preocupación de perder el poder. Un funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, admitió que si un partido de oposición llegara al poder el próximo año y actuara con energía, “no alcanzarían las cárceles para tantos funcionarios” vinculados a actos de corrupción.
Ya fue demasiado para seguir manteniendo la ceguera. Incluso para los mexiquenses en Los Pinos. El encuentro de Guzmán y Castillejos en mayo transcurrió en esa dirección. Carne para el sacrificio de fin de sexenio, es lo que están pidiendo a las dependencias del gobierno, cuyas listas negras se están elaborando para que se trabajen con la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.
El enfoque se está haciendo en aquellas dependencias donde se manejen fondos públicos, o en áreas sensibles, como en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, donde se inició una auditoría por la venta de los dos últimos ingenios del gobierno, por tres mil 400 millones de pesos.
La cacería de corruptos ha comenzado. No hay pistas todavía de por dónde podrán venir los primeros señalamientos, más allá de las investigaciones en curso dentro de Pemex. Funcionarios federales indicaron que la estrategia no se limita al gobierno del presidente Peña Nieto, sino que también se está analizando a los gobernadores –priistas y de oposición– por el manejo de los fondos públicos.
Se desconocen las razones por las cuales Peña Nieto autorizó a sus dos cercanos colaboradores a iniciar la persecución, pero queda claro que con esto, empezó a construir un puente para el día después que deje la Presidencia, levantado sobre la infamia pública de funcionarios.