Porque este sería un ejercicio inédito en la historia de la política mexicana
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que el Gobierno dialogará con el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre los costos de organización de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes.
"Creo que se hizo un presupuesto antes de tiempo e incluso todavía en la corte no había validado la consulta, no había validado que era constitucional y ya se había dado a conocer este presupuesto excesivo desde mi punto de vista, un poco para tratar de influir y decir no hay que hacer la consulta, con el mensaje de que es muy cara la democracia, no es cara la democracia, lo que es muy caro es la dictadura, la democracia no es cara, es es el gobierno del pueblo para el pueblo por el pueblo", dijo.
El mandatario ya había dicho que se pueden establecer acciones para que el ejercicio no cueste cerca de 8 mil millones de pesos, como calculó el INE.
"Falta hablar con los directivos del Instituto Nacional Electoral para que todos ayudemos y que incluso participen los ciudadanos de manera voluntaria se pueda reducir sustancialmente ese costo que estima el INE, yo pienso que podría hacerse con la colaboración de todos y y esto significaría no gastar esos recursos".
La declaración del mandatario se da después de que la Cámara de Diputados aprobó el jueves la realización del ejercicio, esto después del aval del Senado dado el 7 de octubre.
El documento fue turnado al órgano electoral que deberá encargarse de su realización, programada para el 1 de agosto de 2021.
En la Cámara baja, la iniciativa recibió el apoyo de Morena y sus aliados del PVEM, PT y PES.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la propuesta de consulta popular como constitucional el pasado 1 de octubre, aunque cambió la pregunta propuesta originalmente por el mandatario para quedar así:
"¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".