Porque esto da un nuevo giro a la aplicación de esta polémica ley
El presidente Enrique Peña Nieto promulgó este jueves la Ley de Seguridad Interior que aprobó el Congreso la semana pasada, con el fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida sobre su constitucionalidad.
"Soy consciente de que este ordenamiento es especialmente sensible para la vida pública del país", dijo el presidente Peña Nieto durante la 43 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El mandatario explicó que la Suprema Corte no puede decidir sobre la constitucionalidad de una ley antes de su promulgación, por lo cual tomó esta decisión de promulgarla a pesar de que distintas voces de activistas, sociedad civil y organizaciones internacionales le pedían vetarla.
"No emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad. Doy la bienvenida al análisis que en su momento lleve a cabo la SCJN sobre esta ley", agregó Peña Nieto.
¿QUÉ SIGUE?
Ahora que está promulgada la ley, la SCJN podrá discutir y definir si esta norma es inconstitucional o no, como lo han manifestado distintas voces tanto dentro como fuera del país.
Para que sea declarada inconstitucional, la Suprema Corte debe encontrar que "un poder o autoridad realizó un acto o emitió una disposición de carácter general –como una ley, un reglamento o un decreto–, y con ello ejerció funciones que le corresponden a otro poder o nivel de gobierno y cometió una violación al sistema de distribución de competencias previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
Este ejercicio que tendrá la SCJN se llama "controversia constitucional", y si los magistrados encuentran que con la Ley de Seguridad Interior el Poder Legislativo o el Ejecutivo ejerció facultades que le competen a otro nivel de gobierno, entonces podrá declararla invalida y quedará sin efectos.
"Esto ocurrirá únicamente en el caso de que la resolución emitida por el Pleno de la SCJN sea aprobada por el voto de ocho o más de sus Ministros".
LAS QUEJAS
El pasado 30 de noviembre, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, mandó una carta a los senadores explicando el porqué esta ley debía discutirse a profundidad antes de ser aprobada.
De acuerdo con la ONU-DH, la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional porque el Congreso de la Unión no está habilitado a legislar en la materia, ya que este ordenamiento no se deriva de una atribución del artículo 73 constitucional.
El organismo internacional también consideró que con esta ley se establecen atribuciones y obligaciones a nivel federal que se comprometen con las jurisdicciones de las entidades federativas.
Finalmente, la ONU-DH dijo que el artículo 21 constitucional refiere que existen materias propias de seguridad pública que son exclusivas de las autoridades civiles, y con esta ley se pretende cambiar ese rol en los papeles a las fuerzas armadas.