La Fiscalía General de la República dio a conocer que, con respecto a la solicitud de orden de aprehensión a diversos exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando "con toda claridad" lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan.
"La FGR intentará esta instancia y todos los recursos procedentes que tenga esta institución para la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial", aseguró a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.
Este miércoles, luego de analizar la nueva solicitud de aprehensión presentada por la FGR, el juzgado decidió negar el mandamiento judicial en contra de 31 científicos, personal y académicos del Conacyt por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
El Juez de Distrito señala en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del CONACYT, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del CONACYT, lo autoriza.
"Ese criterio no es aceptable para la Fiscalía General de la República, ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del CONACYT, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio CONACYT, que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro como un órgano interno de esa Institución.
"Y no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria", explicó la fiscalía.