Gobernador: ¿el cargo para enriquecerse?

De niño fue panadero y de adulto se convirtió en gobernador de Veracruz.

Fue elogiado por el presidente Enrique Peña Nieto como ejemplo del “nuevo PRI”, y Javier Duarte  prometió a los 8 millones de veracruzanos un desempeño “responsable, serio y eficaz” durante su administración estatal.

En 2010, Javier Duarte ganó la elección de Veracruz con el 43.5% de la votación y se convirtió en uno de los gobernadores más jóvenes del país, con 37 años cumplidos, además de presumir un doctorado de economía en la Universidad Complutense de Madrid.

Sonriente, alegre, “bonachón”, al llegar a la gubernatura veracruzana, Duarte estaba en la cima de su carrera política.

Hoy, el exgobernador es uno de los tantos rostros de la corrupción en México: se le acusa de desviar 35 mil millones de pesos, cifra histórica de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El ahora expriista (fue expulsado por el PRI en octubre de 2016), pidió licencia a 48 días de concluir su mandato como gobernador para, según él, enfrentar las investigaciones en su contra; sin embargo, días después se fugó en un helicóptero del estado, usó pasaportes falsos y fue prófugo de la justicia por casi medio año, moviéndose por diversos países de Centroamérica, según reportes oficiales.

Duarte fue detenido el 15 de abril de 2017 en Guatemala y extraditado a México el 17 de julio para enfrentar los cargos por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

¿GOBERNADOR, SINÓNIMO DE CORRUPCIÓN?

El ser electo gobernador es objeto de deseo: llegar al cargo parece ser el pase directo a la riqueza mal habida.

Desde inicios del año 2000 a la fecha, se han documentado 21 casos contra diferentes exgobernadores.

Uno de los que encabeza esta lista es Mario Villanueva, exgobernador priista de Quintana Roo (1993-1999), quien fue acusado de vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero.

Se fugó dos días antes de terminar su mandato, pero fue detenido el 24 de mayo de 2001. Tras pasar nueve años encarcelado en México, fue entregado en extradición en 2010 a Estados Unidos, donde fue hallado culpable y pasó otros seis años recluido en Lexington, Kentucky. Actualmente se encuentra en un penal mexicano pagando una condena de 22 años.

Pero no todos los casos terminan con una sentencia, muchos de los exmandatarios señalados utilizan complejas redes, prestanombres, cuentas de personas morales y otros esquemas que dificultan el rastreo de los posibles desvíos.

“Están empezando a emerger escándalos y prácticas que eran totalmente normales, por ejemplo que un gobernador le dé recursos a un partido para la próxima elección”, explica Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Los casos de persecución de gobernadores, menciona Pardinas, derivan de una alternancia partidista: Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua o Sonora son algunos ejemplos.

“La alternancia está detonando en que los casos se investiguen. Falta ver si esa investigación llega a causas penales y sentencias”, puntualiza.

EL DOMINIO DE LOS GOBERNADORES

Los gobernadores en México administran sus territorios con autonomía, una Constitución y una división de poderes propios.

En México, desde el Congreso Constituyente de 1824, quedó estipulado que los estados son unidades autónomas bajo un orden común, entendido esto como el federalismo.

Sin embargo, la división de poderes en los estados es débil, los congresos no han servido de contrapeso a los poderes del Ejecutivo estatales y los órganos de fiscalización no conducen con independencia y con fuerza esa tarea, dice en entrevista el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez.

“Los gobiernos estatales tienen cada vez más recursos disponibles para gastar, los contrapesos como los congresos locales prácticamente son dependientes de la figura del gobernador”, menciona Bohórquez.

Los mecanismos de rendición de cuentas son “terriblemente débiles” en los estados, comenta Edna Jaime, directora de México Evalúa.

“Eso hace que sean extremos y grotescos los casos de corrupción de gobernadores en los estados. Nos tenemos que preguntar qué hicieron los congresos estatales mientras los gobernadores desfalcaban a sus estados. ¿Por qué no ejercieron sus facultades? ¿Dónde estaban las contralorías?”, cuestiona.

Y es que los gobernadores tienen diversas formas de cometer ilícitos, desde la construcción de una presa, la creación de empresas fantasma o incluso a través de juntas de conciliación y arbitraje, comentó Fernanda Gómez, investigadora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

La Auditoría Superior de la Federación año con año detecta irregularidades en el uso de esos recursos federalizados por parte de los estados, pero no hay sanciones.

“Es casi la métrica de la impunidad. La Auditoría tiene más de 700 casos presentados ante PGR donde no se ha dado un seguimiento”, dice Juan Pardinas.

En promedio, cerca del 90% del presupuesto que ejercen todas las entidades federativas y todos los municipios del país provienen de recursos que le transfiere la federación, según el especialista Luis Manuel Pérez de Acha.

“Entonces de poco sirve que se fiscalice si no se actúa en contra de los gobernadores o quien corresponda, como sus allegados. Ha existido en México un marco propicio para la impunidad”.  

¿CUÁNTO GANAN LOS GOBERNADORES?

Los gobernadores mexicanos ganan en promedio 90 mil pesos mensuales, lo que equivale a 37 veces el salario de un trabajador mexicano que gana el sueldo mínimo tabulado en poco más de 80 pesos diarios.

Algo que parece fundamental y al alcance de todos no lo es. Conocer lo que gana un mandatario mexicano tiene trabas, información no siempre actualizada y en algunos casos contradictoria y de difícil acceso.

Por ejemplo, la Plataforma Nacional de Transparencia, desde su implementación en mayo de 2016, ha presentado inconvenientes para acceder a la información que por ley debe garantizarse.

“La Plataforma Nacional de Transparencia ha acusado problemas enormes en su funcionalidad. Los consejeros del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) dicen que van muy avanzados, pero en la realidad el ciudadano se queda frente a un portal lleno de fallas”, comentó Edna Jaime, directora de México Evalúa.

No obstante, a través de medios como los presupuestos de egresos o páginas de transparencia locales, sabemos que los titulares de las entidades con el mejor sueldo son tres panistas: Carlos Joaquín, de Quintana Roo, reportó en el primer trimestre de 2017 un ingreso libre de impuestos de 164 mil 828 pesos mensuales.

Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, percibe 151 mil 372 pesos, mientras que Javier Corral de Chihuahua gana 127 mil 914 pesos al mes.

Conocer los ingresos de estos políticos puede ser una brújula para ver si las propiedades que declaran corresponden a su nivel salarial, tomando en cuenta los bienes que obtuvieron antes por otras actividades fuera del servicio público o que también pueden ser patrimonio familiar.

Por ejemplo, Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca desde diciembre del 2016, tiene una riqueza estimada en 23.6 en inmuebles y bienes muebles. Posee dos casas, una en Oaxaca de 27,500 pesos en copropiedad y otra en la Ciudad de México, con valor de 4.5 millones de pesos.

En la capital del país también tiene un departamento en la Delegación Cuauhtémoc de 1.6 millones, un edificio como copropietario en Coyoacán por 3.5 millones; tres terrenos, uno en Oaxaca y dos en la Ciudad de México, así como un local en Puebla con valor en copropiedad de 2.2 millones, así consta en la declaración 3 de 3, realizada por el mismo gobernador.  

Algunos mandatarios optan por darse otro tipo de lujos, este es el caso del actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quien es dueño de un yate marca Tiara, modelo 2005, con un precio de 2 millones de pesos.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, posee 60 yeguas, 200 borregos con valor de 1 millón 100 mil pesos, según su declaración patrimonial presentada al Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Hay otros mandatarios que también poseen edificios, son accionistas en clubes de golf, o tienen vehículos de lujo y obras de arte que rebasan los millones de pesos.

EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, ¿LA ESPERANZA?

En 2014 se reformaron diversos artículos de la Constitución para otorgar el principio de máxima publicidad de la información federal y estatal a través de la Ley General de Acceso a la Información Pública.

Un año después se reformaron 14 artículos constitucionales en materia de combate a la corrupción. Y finalmente en julio de 2016 fueron publicadas las leyes secundarias que dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que coordina a las autoridades de los tres niveles de gobierno para prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

El comité de participación ciudadana del SNA, donde participan, entre otros, Luis Pérez de Acha y Edna Jaime, está trabajando en cómo solucionar los problemas de las llamadas empresas fantasma, las licitaciones públicas y en los formatos de la llamada Ley 3 de 3 (para conocer el patrimonio, la declaración fiscal y conflictos de interés), entre otros temas.

“La apuesta del SNA es fortalecer a las instituciones que tienen funciones de control (…) La reforma implica crear mecanismos para limitar el abuso de poder. Por eso vamos a tener resistencias, por eso estamos viendo ataques al SNA, por eso van tan retrasados los estados en su armonización legislativa porque quienes se han beneficiado de no rendir cuentas son los menos interesados en atarse las manos”, comentó Edna Jaime.

Si esto llegara a funcionar, con el apoyo de los ciudadanos, entonces estaríamos cambiando el escenario y construyendo contrapesos necesarios para evitar más historias como la de Javier Duarte.