Morena, el partido que llevó al poder al presidente Andrés Manuel López Obrador, ha estado impulsando y aprobando iniciativas que llegan desde Palacio Nacional, utilizando la ‘aplanadora’ que representa su mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Lo que ha sido llamativo en este periodo de sesiones es la cantidad de propuestas aprobadas, justo cuando el país se dirige a las elecciones del próximo 6 de junio donde Morena tratará de mantener el control de la Cámara baja.
¿De qué iniciativas hablamos? Aquí los detalles.
El presidente ha hecho del fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) uno de sus principales objetivos y para ello, promovió una reforma a la Ley de Hidrocarburos.
La oposición criticó la propuesta, advirtiendo que puede ser una ‘cortina’ para expropiar empresas privadas para cimentar el objetivo de López Obrador de fortalecer a Pemex.
La modificación a la Ley de Hidrocarburos permite que el Gobierno suspenda permisos para empresas privadas en el mercado de combustibles o utilizar a la empresa productiva del Estado para asumir las licencias de sus rivales invocando razones de seguridad nacional.
Esta iniciativa, que fue un trabajo de colaboración entre los poderes Legislativos y Judicial, entró en el ‘ojo del huracán’ cuando el Senado de la República agregó un transitorio que no había sido discutido. Este permitirá la extensión de los plazos de los principales funcionarios judiciales, incluido el del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien es considerado aliado del presidente y su principal asesor legal.
Los legisladores de la oposición han dicho que las extensiones violan la Constitución y advierten que son un presagio de lo que podría suceder en la segunda mitad de la administración del mandatario.
López Obrador defendió que Zaldívar permanezca otros dos años como la cabeza de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, y llegó a afirmar que si los ministros votan a favor de declarar el transitorio como anticonstitucional, entonces serán “cómplices de la corrupción”.
El Congreso también aprobó un proyecto de ley que exigirá el registro de datos biométricos para todos los números de teléfonos móviles en el país. El Gobierno argumenta que las medidas son necesarias para combatir a las bandas del crimen organizado que operan usando teléfonos prepagos.
Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad, defendió este padrón al señalar que los delincuentes se cobijan en el anonimato de los sistemas de telefonía de prepago.
“El principal objetivo de este padrón es la seguridad. Es importante señalar que en el anonimato en los sistemas de prepago, que no piden requisitos, los delincuentes se cobijan para cometer delitos de secuestro, extorsión, trata de personas y en general para todo el conjunto de sus actividades delictivas”, dijo en una ‘mañanera’.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ya solicitó a la Suprema Corte que declare inconstitucional el proyecto de ley
A principios de abril, Morena aprobó una ley para regular la subcontratación laboral (outsourcing) como parte de los esfuerzos para combatir la evasión fiscal. Algunas compañías se valen de entidades externas para emplear a sus trabajadores y evitar pagar impuestos de nómina y cuotas de seguridad social.
El año pasado, López Obrador defendió este cambio al asegurar que varias empresas “burlaron” la legislación vigente sobre el outsourcing.
Se espera que los cambios aumenten los costos laborales en México, donde muchas empresas han utilizado acuerdos de externalización para limitar las tasas de participación en las ganancias. La ley introducirá sanciones penales para las estructuras corporativas que evadan impuestos.
El Senado aprobó el jueves un proyecto de ley que podría reducir la duración de las concesiones ferroviarias de 50 a 30 años e imponer multas más altas por violar las reglas, otra propuesta que tiene a las compañías preocupadas de que los contratos existentes realizados por Gobiernos anteriores puedan romperse. El dictamen pasó a la Cámara de Diputados.
El Congreso también aprobó una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), así como reformas a otras 64 leyes.
Las modificaciones son en materia de facultades de atracción y establecieron en la ley que la Fiscalía podrá ejercer esta facultad en casos de delitos de fuero común cuando existan “ineficiencias” en fiscalías estatales. Las víctimas también podrán solicitar que el órgano ejerza esta facultad de atracción de sus casos.
Pero la iniciativa fue critica por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas pues señalan que la Fiscalía no tendrá la obligación de investigar o buscar a las y los mexicanos que han sufrido de desaparición forzada.
En enero, el mandatario federal adelantó que prepara una iniciativa de reforma administrativa al Congreso de la Unión en la cual propondrá que los organismos autónomos puedan ser absorbidos por dependencias federales.
En el momento, explicó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) podría ser absorbido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
A esto se suma la más reciente declaración de López Obrador del jueves sobre el Instituto Nacional Electoral (INE), que ha sido blanco de las críticas del presidente por la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán.
López Obrador señaló que los consejeros del INE y magistrados del Tribunal “conspiran contra la democracia”, por lo que planteó que las funciones del órgano electoral puedan ser asumidas por el Poder Judicial.
“Podría estar en el Poder Judicial. Un poder autónomo, independiente, con gente íntegra, honesta, intachable, pero no lo que estamos ahora padeciendo”, explicó.
Con información de Bloomberg