Porque el exfuncionario de Pemex está acusado de recibir sobrinos a cambio de favorecer contratos con la empresa brasileña
La segunda audiencia de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) arrancó este miércoles.
Este día se discute el caso de Odebrecht. Nuevamente es encabezada por el juez José Artemio Zuñiga Mendoza. También participan los abogados del exfuncionario: Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pomeda.
A las 9:31 horas dio inicio la audiencia del exdirectivo de Pemex.
El martes, Lozoya fue vinculado a proceso por el delito de lavado de dinero, por la compra de un inmueble con dinero producto de un supuesto soborno por 3.5 millones de dólares que habría recibido cuando fue titular de Pemex.
Sin embargo, el exfuncionario no pisará la cárcel gracias a que la Fiscalía General de la República (FGR) no pidió para él la prisión preventiva justificada y, en cambio, solicitó que permanezca en un hospital privado, con vigilancia federal y, cuando sea dado de alta, se le traslade a un inmueble.
En su primera intervención, el juez acreditó la personalidad de la defensa, de los representantes de la FGR, de la parte ofendida Pemex y de la UIF como denunciante.
Lozoya está acusado de operación recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, contemplados en el Código Penal Federal.
A diferencia de la audiencia del 28 de julio, el exfuncionario de Pemex pidió que sus datos personales queden reservados, por lo que durante la comparecencia se deberán referir a él como ERLA.
Los abogados del extraditado son Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda.
La parte ofendida, es decir, la Fiscalía General de la República (FGR), pide que se decrete legal el cumplimiento de la orden de aprehensión contra Lozoya.
La defensa del exdirectivo indica que el allanamiento que se hizo por el juicio de extradición en contra del exdirectivo es en un ánimo de colaboración con el Estado mexicano y, en este marco, tanto el traslado como la aprehensión se llevaron a cabo con absoluto respeto de los derechos fundamentales y humanos del acusado.
Por ende, la defensa solicita que queden debidamente registrados estos hechos y que se desactive la orden de aprehensión.
Ante esto, el juez cita que él no puede declarar como legal la detención, "pero derivada de las exposiciones de la parte ofendida y la Fiscalía reconoce que se llevó con respeto a los derechos humanos la detención".
La FGR pide que se lleve a cabo la formulación de la imputación.
El juez explica al acusado la exposición de imputación en su contra por parte de la Fiscalía, señalando su posible participación en delitos de asociación delictuosa, cohecho y operación de recursos de procedencia ilícita, todos los anteriores en agravio del Estado mexicano.
Se señala que Lozoya excedió el número de inversiones en diversos países, principalmente europeos, y que el entonces director de Odebrecht en México, Luis Alberto de M., constantemente se reunía con él para pedirle orientación en la estructuración de programas de diversos estados de la república, tales como Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo.
El exdirector ofreció a Luis Alberto M. un cargo en la administración pública si su partido ganaba las elecciones federales en 2012, señala el juez.
También destaca que muchas de las cuentas provenientes de diferentes empresas estaban a nombre de Gilda L. y Margarita A., hermana y madre del extraditado.
La FGR afirmó que el Lozoya intentó ocultar diversos movimientos y cuentas bancarias, particularmente cuando ERLA fungía como coordinador de campaña presidencial en 2012.
Tras escuchar los cargos que se le imputan, el exfuncionario se declaró como no culpable ni responsable de los hechos por los que se le señala.
"Quiero hacer de su conocimiento, su señoría, que con relación a los hechos que se me imputan fui intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado. Asimismo, manifiesto a usted que denunciaré, señalaré a las personas respobsales de estos hechos y los posibles beneficiarios de los mismos", indica ERLA ante el juez.
EL CASO ODEBRECHT
La investigación mexicana se inició luego de que en diciembre de 2016, las empresas brasileñas Odebrecht y Braskem se declararon culpables ante la Corte Federal de Nueva York, Estados Unidos, de haber pagado sobornos a funcionarios de varios países, en el caso de México, a funcionarios de PEMEX por 10.5 millones de dólares entre 2010 y 2014.
Por su parte, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad difundió el 14 de agosto de 2017 una copia de diversas transferencias que Odebrecht hizo a empresas fachadas, presuntamente ligadas a Emilio Lozoya.
Según la asociación, las transferencias fueron por 3 millones 140 mil dólares, equivalentes a 40 millones de pesos, según el tipo de cambio de ese momento. En ese entonces, Lozoya fungía como Coordinador de Vinculación Internacional en la campaña de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con la información presentada, la primera transferencia tuvo lugar el 20 de abril de 2012, es decir, pocos días después de que iniciara la campaña de Peña Nieto, y finalizaron el 27 de junio de 2012, antes de la elección presidencial; sin embargo, se reactivaron en noviembre de ese año.
Con información de David Saúl Vela