La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) descartó que existan irregularidades en el contrato con la empresa CanSino Biologics para la adquisición de vacunas contra el COVID-19.
Luego de que un medio de comunicación señalara que México contrató 35 millones de vacunas CanSino con Latam Pharma Innovative Ventures, una empresa presuntamente inexistente, la dependencia dio a conocer en un comunicado una serie de precisiones.
Al respecto, la SRE indicó que “fueron las propias farmacéuticas las que eligieron a los laboratorios para que llevaran a cabo los procesos de formulado y envasado de las vacunas en nuestro país: Liomont en el caso de AstraZeneca y Drugmex en el caso de CanSino Biologics. En ambos casos, los laboratorios en México se debieron sujetar a la normatividad impuesta por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)”.
“CanSino Biologics no contaba con alguna empresa afiliada o símil, en el territorio mexicano, que pudiera realizar las actividades de llenado y fabricación del producto terminado ni que pudiera actuar en su repreentación en el país. Por ello, la farmacéutica, sin intervención de autoridad alguna del gobierno de México, designó a Latam Pharma Innovative Ventures para llevar a cabo su representación legal”, agrega el comunicado, difundido por Daniel Millán, jefe de la Oficina del canciller Marcelo Ebrard.
De acuerdo con el documento, la Secretaría de Salud firmó el 13 de octubre de 2020 “varios contratos” para la provisión de vacunas con Pfizer, AstraZeneca y CanSino. “Estas farmacéuticas que se situaban entonces como las que presentaban los mayores avances en el desarrollo y ensayos clínicos de sus biológicos”, según la cancillería. Con CanSino -añade-, “la intención de compra se consolidó el 8 de diciembre de 2020”.
La dependencia reiteró en el documento que el contrato tripartito entre el Gobierno de México, CanSino y Latam Pharma se realizó “con base en restricciones de regulación y decisiones de negocio de la empresa CanSino Bilogocs y tuvo los vistos buenos y acuerdos de todas las áreas competentes adquirientes de la Administración Pública Federal, incluyendo las sanitarias y financieras”.