No quisiera estar en los zapatos de algunos funcionarios públicos, tras la presentación de la propuesta de reforma constitucional en materia de energía.
Pero, déjeme hacer primeramente un recuento de hechos.
Una historia repetida a lo largo de la actual administración de López Obrador son los encuentros y desencuentros del gobierno con el sector empresarial mexicano.
Durante la campaña electoral hubo acercamientos y se percibió en AMLO y su equipo una actitud pragmática que quizás permitiría sumar a los empresarios al proyecto que emprendería López Obrador.
El primer gran sobresalto ocurrió el 29 de octubre de 2018, a un mes y días de que comenzara el sexenio. En esa fecha se anunció la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco.
Esta decisión sacudió al mundo empresarial mexicano, que temió que el nuevo gobierno fuera a tomar otras decisiones parecidas.
No obstante, también se consideró que solo sería un ‘manotazo’, un mensaje para dejar claro quién tenía el poder y no un patrón de comportamiento.
Bajo una actitud pragmática, los empresarios continuaron acercándose al presidente alentados por la conclusión de la negociación del nuevo tratado comercial de Norteamérica, con el respaldo del gobierno de AMLO.
Pero, apenas en el séptimo mes del actual gobierno, se abrió un nuevo frente cuando la CFE detonó un litigio contra empresas contratistas de ductos de gas.
El CCE y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) entraron a mediar y lograron en agosto de 2019 que se negociaran nuevos contratos.
Parecía que nuevamente el gobierno se acercaba a los empresarios, pues en octubre de ese año se lanzó un primer paquete de proyectos de infraestructura con participación del sector privado y luego en noviembre un segundo paquete.
El romance duró poco. En marzo de 2020, el gobierno federal respaldó al de Baja California y decidieron la cancelación de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, lo que volvió a generar indignación entre el sector empresarial.
Al paso de los meses, se han presentado altibajos en la relación entre el gobierno de López Obrador y el sector empresarial.
Sin embargo, probablemente ningún choque sea tan determinante como la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica.
Ayer le comentaba en este espacio que hay funcionarios que tienen claro que es indispensable contar con respaldo del sector privado para lograr el crecimiento de la economía.
Es en los zapatos de ellos que no me gustaría encontrarme.
Anote a Víctor Villalobos, de Agricultura; a Marcelo Ebrard, de la Cancillería; a Rogelio Ramírez de la O, de Hacienda; a Tatiana Clouthier, de Economía, por citar a algunos de los más relevantes.
Va a ser muy difícil para ellos hablar nuevamente con los empresarios y proponerles que comprometan sus recursos en el país en caso de que la propuesta enviada al Congreso prospere.
Si la iniciativa fuera aprobada, lo más probable es que inversionistas nacionales y extranjeros detonen una serie de litigios tanto en los tribunales del país como en instancias internacionales, incluyendo las que fija el T-MEC.
No me consta, pero lo más probable es que la iniciativa en cuestión no haya sido consultada con otros funcionarios fuera del ámbito del sector energético.
También es revelador el hecho de que esta propuesta se haya enviado hasta que Julio Scherer Ibarra dejó la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
Ayer, nos reveló el INEGI que aunque la inversión fija bruta en México creció en julio en 2.1 por ciento respecto a junio, el nivel que hoy tiene está aún 1.8 por ciento por abajo del nivel de febrero de 2020 y es casi 16 por ciento inferior al máximo que se registró en julio de 2018.
Si algo hace falta hoy en México es inversión y la reforma eléctrica le pone un dique que puede ser fatídico para el resto del sexenio.