Como era de esperarse, el presidente López Obrador celebró el viernes pasado que la propuesta de la ministra Loretta Ortiz para declarar constitucionales los artículos de la Ley de la Industria Eléctrica… haya sido rechazada por los integrantes del Pleno de la Corte en votaciones de 7 a 4.
Eso es algo que no puede perderse de vista. La mayoría de los ministros que integran el máximo tribunal del país consideran que las reformas aprobadas por el Congreso el año pasado para privilegiar el despacho eléctrico de la CFE y darle más opciones a obtener certificados de energía limpia (CEL), entre otros cambios, son contrarias a la Constitución.
No se declaró directamente la inconstitucionalidad de esos preceptos porque de acuerdo con la norma, para que ello suceda no basta con la mayoría simple, sino que se requiere una mayoría calificada, de 8 ministros.
Sin embargo, se definió que el criterio predominante en el máximo tribunal del país es que las reformas a la Ley del 2021 son violatorias de la Constitución.
La votación se refirió, por cierto, solo a la Acción de Inconstitucionalidad emprendida por un grupo de senadores. No se resolvió la Controversia Constitucional interpuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica en abril del 2021 ni tampoco la controversia interpuesta por el gobierno de Colima.
Y mucho menos se resolvieron los cerca de 200 amparos promovidos por particulares.
De hecho, si la votación respecto a la inconstitucionalidad de las reformas hubiera sido una sola y no dos, la historia hubiera sido diferente, pues los ministros Gutiérrez Ortiz Mena y González Alcántara las hubieran declarado inconstitucionales, aunque por diferentes razones. El primero con relación a los temas ambientales y el segundo con referencia a la competencia económica. El resultado hubiera sido 8 a 3 por la inconstitucionalidad de las reformas.
Como hubo votaciones separadas para cada ámbito, no se alcanzó la cifra de 8 votos por la inconstitucionalidad.
Viendo este cuadro, uno se pregunta entonces qué fue lo que festejó el presidente López Obrador desde el viernes pasado.
El presidente entiende como pocos políticos la importancia de las narrativas. En la política frecuentemente es más importante la forma en que se cuenten que los hechos mismos.
Lo que él buscó desde la semana pasada es narrar la historia de un triunfo del gobierno federal en contra de las empresas y decir que con ello se asegura que los hogares tengan las tarifas más bajas.
No importa que eso no sea cierto. Lo importante para el presidente López Obrador es que una base significativa de su electorado lo crea.
La otra versión, así se corresponda con los hechos, tendrá muchas más dificultades para ser contada, pues requiere de explicaciones complejas y no puede ser planteada como una pelea entre buenos y malos.
Y, si al final de cuentas, por los procesos judiciales que aún están en curso, para fines prácticos, siguen sin aplicarse las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, el presidente podrá acusar que ministros, magistrados y jueces que son “empleados de las empresas”, están realizando acciones para impedir que se cumpla la Ley.
La oposición ha carecido de la capacidad para contar de manera simple y clara la historia tal como fue.
Las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica seguirán atoradas y quizás nunca lleguen a aplicarse.
Revocación
Es probable que pase lo mismo con la revocación. Sea cual sea el resultado (no lo sé a la hora de escribir este texto), el presidente López Obrador dirá que fue un gran triunfo del pueblo y una gran derrota para el INE y la oposición. Habrá que verlo.