En algún momento las campañas de Ricardo Anaya y José Antonio Meade se verán obligadas a incluir una mayor dosis de sustancia en sus pronunciamientos de oratoria o mediáticos. López Obrador ya lo ha hecho, con su Plan de Nación de más de 400 páginas, aunque buena parte de la sustancia allí plasmada es confusa y no aparece con frecuencia en los discursos, spots o videos del candidato. Ninguna campaña esgrima pura sustancia, pero algo de vez en cuando se antoja necesario. El Frente ha dado un buen paso adelante con el Ingreso Básico Universal, y Meade ha adoptado como programa las reformas de Peña Nieto. Es algo, pero no suficiente para la larga marcha que concluye el 1 de julio.
Como no se puede todo al mismo tiempo, cada candidato deberá escoger dónde desea concentrar el ingrediente de sustancia que le inyecte a su retórica. Por distintas razones, ni Meade ni López Obrador pueden adoptar el tema de la corrupción como primer insumo de sustancia en sus campañas. AMLO, porque ya se autolimitó, por lo menos discursivamente, a combatir la corrupción futura, perdonando la pasada. Meade, por obvias razones, no puede adentrarse en las aguas pantanosas de la interminable corrupción de las dos administraciones a las cuales perteneció (en primera línea). Anaya sí puede, pero no sin complicaciones.
El meollo del asunto es la impunidad, es decir, la ausencia de castigos por crímenes pasados. Para que haya consecuencias, se debe investigar, y no, como dijo Vicente Fox en 2001, simplemente esperar que “aparezcan pruebas”. Sólo aparecen, si se buscan. La pregunta entonces es ¿Quién las busca, y dónde? Si se deja en manos de la justicia ordinaria, o incluso de las aún inexistentes instituciones del Sistema Anti-corrupción, es altamente improbable que se encuentren las mentadas pruebas.
Por ello, llámese como se llame, es indispensable algún instrumento ad hoc, excepcional, para realizar las faenas que las podridas e impotentes instituciones existentes jamás podrán llevar a cabo. Sin proponer algo en este sentido –Comisión de la Verdad, Investigadora, Contra la Impunidad, de Retrovisor, etc.– carecerá de credibilidad y de eficacia la advertencia de proceder contra los funcionarios de este régimen y por lo menos de los dos que lo precedieron (Calderón y Fox). Buscar, y si se encuentra, sentenciar; si no se encuentra, absolver.
Pero esta es sólo la primera complicación. La otra es de índole política. Existen dos peligros para este enfoque. El primero es que Peña Nieto y su gente se espanten, y concluyan que, con todo y todo, les conviene más que llegue Andrés Manuel a la Presidencia que Anaya. La supuesta animosidad personal ya existente entre el Presidente y el candidato opositor abonaría a esta hipótesis. El segundo peligro yace en la actitud del empresariado. Muchos ven con malos ojos que el Frente ataque al candidato del PRI, y peor todavía, que haga del combate a la corrupción, incluyendo zanjar cuentas con el pasado, la piedra de toque de su campaña.
Algunos empresarios piensan que eso sólo fortalece a AMLO, debilita a Meade –su consentido– y no aporta nada positivo. La creencia es lógica, interesada, y falsa. Dejarle la bandera de la lucha contra la corrupción a AMLO equivale a entregarle la victoria. No atacar la impunidad por el pasado, garantiza la del futuro.