Eran tiempos de elecciones municipales y legislativas en Veracruz. Corría la primavera del 2013 cuando empezó a propagarse por las redes sociales una supuesta grabación de Rosario Robles, en ese entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), hablando con el gobernador en turno de Veracruz, Javier Duarte.
En dicha comunicación, la cual nunca no fue examinada para reconocer su veracidad pero la oposición la utilizó como prueba para solicitar el inicio de juicio político contra el gobernador, se daba cuenta de la red de operaciones electorales que dichos personajes presuntamente tejieron.
La acusación era muy seria. Significaba la posibilidad de un enorme desvío de recursos públicos a través del condicionamiento de programas destinados al desarrollo social.
Ante esta situación Enrique Peña Nieto decidió que no era necesario abrir una investigación, una auditoría externa o por lo menos una amonestación pública a quien pudiera resultar responsable.
En esa ocasión decidió respaldar a la titular, lanzando una frase que quedó enmarcada para el museo de la impunidad: “Rosario, no te preocupes, hay que aguantar, porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupan y preocupan la política y las elecciones.
Pero a nosotros, a este gobierno, tenemos una tarea clara que es acabar con el hambre”. Carpetazo, caso cerrado, todo parecía que sería olvidado. O eso pensaban.
Casi cinco años después el portal Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicaron el reportaje “La Estafa Maestra”.
A través de este trabajo periodístico documentaron esquemas que utilizaba la Sedesol para asignar contratos a entes públicos como universidades, los cuales a su vez subcontrataban a otras empresas para realizar los trabajos que solicitaba la Secretaría, pero estos no se entregaron o concluyeron.
Estas anomalías ascendían a los 7,670 millones de pesos, de los cuales 3,433 millones desconocemos a dónde llegaron porque no se pudo comprobar la existencia del servicio o producto contratado; o simplemente porque no se le puede dar seguimiento a la investigación.
La respuesta de Rosario Robles fue presentarse ante la Procuraduría General de la República (PGR) para conocer si existía alguna investigación en su contra y asistir a una gira de medios para dar su versión de los hechos. Durante las entrevistas que pude revisar quizás las dos frases que más repitió Robles fueron: “Que se investigue” y “Todo fue legal”.
Pero estos presuntos desvíos no se limitan a una Secretaría. El día de ayer se dio a conocer el reportaje “Mala Cosecha” elaborado por Mario Gutiérrez Vega y el equipo del programa radiofónico “Sin anestesia” dirigido por Carlos Loret de Mola.
Gracias a las investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se llegó a la conclusión que en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se desviaron alrededor de 3 mil 500 millones de pesos en el 2015.
Esta malversación se logró a través de tres métodos. Primero destaca la repetición de la metodología utilizada en la llamada “Estafa maestra”, la subcontratación de servicios a empresas fantasma; en segundo lugar encontramos la clonación de datos de campesinos que aparecen más de una vez en un mismo padrón para recibir apoyos pero que en varias ocasiones no recibieron ni siquiera el que les correspondía; finalmente también se reconoció que durante la entrega de apoyos, los beneficiarios firmaban de recibido una cantidad mayor a la que les era entregada.
Hasta el momento de escribir esta columna, la Secretaría no había hecho una declaración al respecto del tema.
Estos tres casos nos deben hacer reflexionar sobre la responsabilidad en el servicio público. Hoy parece la excepción aquel servidor que pide disculpas, que se separa de su cargo para ser investigado o que entrega la información suficiente para poder contrastar los señalamientos públicos.
Quizás ahí existe una oportunidad para quienes quieran ocupar puestos de representación en los próximos comicios.
Me parece que es justo exigir a nuestros gobernantes (actuales y venideros) que, en aras de realizar investigaciones autónomas, sin presiones políticas ni golpes debajo de la mesa, sepan hacerse a un lado de su cargo cuando existan este tipo de acusaciones.
México merece servidores públicos responsables, que no usen su fuero, legal o político, para evitar explicar su trabajo. Que la cultura del “Rosario, no te preocupes” se acabe con este sexenio.