La marca que dejó el sexenio de Peña Nieto en nuestro país fue, sin lugar a dudas, la institucionalización de la corrupción. No es que antes de este periodo no existiera dicha lacra en la política, pero el gobierno del mexiquense logró que una gran porción de la sociedad se hartara de estas prácticas. Los indicadores técnicos, como el de Transparencia Internacional, dan fe del incremento en la percepción de este mal.
Otra forma de reconocer la percepción de la sociedad en este tema puede notarse en un indicador fundamental en nuestra democracia: los resultados de las urnas. El apoyo que tuvo en el proceso electoral el actual Presidente, entre otras razones, tiene un claro origen en la degradación de la política y la corrupción imperante en el gobierno federal.
La promesa de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo” fue vital para que la población le otorgara la victoria electoral en 2018. Por ello, es comprensible que López Obrador esté interesado en desarticular aquellas políticas, prácticas y programas en los que pudieran presumirse los rastros de la corrupción.
La cancelación del aeropuerto de Texcoco, la prohibición de los perdones fiscales y la venta del avión presidencial son algunos de los símbolos contra los que la nueva administración ha arremetido. Estas medidas buscan dar la postura de este gobierno contra los actos de abuso ejecutados en el sexenio de Peña Nieto.
Bajo esta misma premisa, en las últimas semanas se ha discutido en el poder Legislativo la posible extinción de 109 fideicomisos públicos. En un principio la propuesta fue envuelta en una lógica de terminar con la opacidad, el manejo discrecional, el dispendio y la corrupción imperantes en los comités y espacios de decisión de estas herramientas financieras. Sin embargo, al pasar de los días, más y más voces han señalado el sinsentido de esta decisión.
Aglomerados bajo la idea de hacer oposición a esta medida se han unido colectivos de familiares de personas desaparecidas, la comunidad científica, cinematográfica, universitaria, periodistas y estudiantes. La razón de esta unión es muy clara: han señalado que esta decisión podría golpear financieramente a sus instituciones y movimientos, también generaría incertidumbre en su labor profesional e incluso pondría en riesgo largos procesos de trabajo.
Entendiendo que pueden existir legisladores que estén impulsando esta iniciativa con el fin de acabar con aquellas condiciones que facilitan a la corrupción, conviene dejar claro que esta propuesta no es la mejor manera de lograrlo. Sin duda se necesitan revisar las condiciones con las que operan los fideicomisos, estoy seguro que pueden mejorar sustantivamente, propuestas como las hechas por la organización Fundar brindan ideas para impulsar un ejercicio honesto, eficiente y transparente de los recursos públicos en este tipo de esquema.
El día de hoy se vota en la Cámara de Diputados esta medida. Por ello es vital poner atención a la discusión legislativa. También es importante contactarnos con nuestras y nuestros representantes públicos para hacerles saber que no deben extinguirse en estos términos los fideicomisos. Otra manera de incidir en este tema también es firmando la petición virtual #NoNosPoliticen, la cual ya registra el apoyo de miles de personas.
Es fundamental impulsar los debates encaminados a profesionalizar el manejo de las finanzas públicas y todas las medidas que permitan la honestidad gubernamental, ya que esta extinción más que mejorar un modelo de gobernanza y rendición de cuentas, lo que podría provocar es la parálisis en áreas prioritarias para el país.
Conviene que esta ocasión la mayoría legislativa reflexione su voto con mucho detenimiento. La honestidad sola no basta y debe acompañarse de competencia, cuidado, escucha y reflexión.