Hace exactamente tres años, justo después de haber logrado la victoria en las elecciones, los ánimos de júbilo seguían a flor de piel. Estábamos felices con los resultados obtenidos, pero nos permitimos pocos días de celebración y descanso, pues sabíamos que teníamos un gran trabajo a cuestas. A escasos días de haber concluido la campaña empezamos a trazar la ruta para que, entrando al Congreso de Jalisco, se pudiera reconocer que, como diputado independiente, tuviera los mismos derechos y obligaciones que los legisladores de partido.
Así fue como, antes de entrar en funciones, trabajamos para que la Ley Orgánica del Congreso reconociera en igualdad de condiciones a quienes eran diputados de partidos y a quienes llegamos por la vía independiente. La LX Legislatura iba de salida, los pasillos se veían vacíos, las sesiones eran las de trámite. Aun así, en ese entorno, propusimos a la comisión de Puntos Constitucionales la reforma de varios artículos de dicha normativa, pues la Ley Orgánica solo le permitía a los diputados partidistas la posibilidad de formar parte de la Junta de Coordinación Política, así como vocalía y presidencia de comisiones.
La sociedad hizo su parte y exigió a través de llamadas y redes sociales que se reconociera que quienes fuimos electos bajo la figura de independientes pudiéramos contar con los mismos derechos. Lamentablemente, terminó la Legislatura y no se aprobaron los cambios a la ley, mandando a la congeladora las reformas propuestas.
Sin embargo, no todo estaba perdido. La presión social permitió que los coordinadores de mi Legislatura dimensionaran el respaldo social que existía a la figura independiente y en ese momento aceptaron, aun sin cambios en la ley, que pudiera integrarme a comisiones y presidir una, así como participar en la Junta de Coordinación. Las cosas se veían bien, en ese momento me pareció que estos coordinadores respondían a las exigencias que se vivían en el estado.
Posterior a nuestra entrada se hicieron cambios insuficientes a la normativa del Congreso, distintos y menores a los que habíamos impulsado, que dejaban a la buena voluntad de los órganos de gobierno del Congreso el reconocimiento de las diputaciones independientes. Los coordinadores reconocieron en aquel momento que harían mayores modificaciones con el tiempo, que las reformas más profundas sucederían en un periodo posterior y nos invitaron a confiar en que no dejarían sin legislar la materia. Pasaron los meses y esas lagunas legales le permitieron justo a los mismos coordinadores parlamentarios quitarle buena parte de los derechos reconocidos a quien fue mi suplente durante mi licencia.
Manuel Clouthier, quien fue diputado federal independiente durante el mismo periodo, vivió una cantidad similar de obstáculos en San Lázaro, pues su reglamentación orgánica presenta una serie impresionante de contradicciones y lagunas que dejan los derechos de los independientes al criterio de quien preside la Cámara. Si las y los candidatos independientes llegamos por el voto de la sociedad, igual que quienes llegan por partidos, ¿por qué se tienen derechos distintos ? ¿Vale más un voto que otro?
Recuerdo estas dos experiencias por el fin de semana, durante la instalación del Congreso General, cuando el Presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y el Senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, discutieron en el pleno sobre los derechos que la Ley Orgánica le reconocían al segundo. Las reacciones de condena y apoyo no se hicieron esperar.
Más allá de las filas a las que pertenecen, detractores y defensores han coincidido en un gran punto: es fundamental clarificar en la ley los derechos de las y los legisladores. Es impostergable hacer las reformas necesarias para aclarar qué facultades tienen las y los legisladores sin partido, los independientes y los de partido político. Sí, son distintos entre sí y por lo mismo es fundamental impulsar que la ley sea completamente clara, sin tanto embrollo ni contradicciones.
Esta polémica podría llevarnos a algo más que un choque de trenes entre las distintas fuerzas políticas. Es el momento de reconocer que los Congresos locales y el federal continúan dejando en el aire a las candidaturas independientes, una injusticia que no puede esperar más.