La inversión pública realizada en el primer trimestre de 2022 fue inferior en 4 por ciento a la del mismo periodo de 2019.
Aunque ha crecido recientemente, no ha recuperado ni siquiera el nivel con el comenzó esta administración.
A algunos puede sorprender este comportamiento, ya que se piensa que las megaobras que el actual gobierno impulsa, como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el Tren Transístmico, deberían haber empujado la inversión del sector público a niveles elevados.
La realidad es que se han quedado cortas.
No han sido suficientes para compensar el recorte de las inversiones del Estado en otros rubros.
El gasto público programable, es decir, el realizado en bienes y servicios, en el 2021 fue superior en 11.1 por ciento en términos reales al efectuado en el 2018.
Es decir, el gasto público sí ha crecido, pero no ha pasado lo mismo con la inversión.
El gasto inercial genera presiones fuertes sobre las erogaciones del gobierno.
Uno de los rubros que más ha crecido es el pago de las pensiones, que en los primeros tres años del actual gobierno creció en 16.7 por ciento en términos reales y en los primeros cuatro meses del 2022 reporta otro crecimiento de 6.2 por ciento.
Es decir, las restricciones que imponen este tipo de gastos, así como los comprometidos con los programas sociales, son uno de los factores que han limitado el posible crecimiento de la inversión pública.
El problema se agrava porque en esta administración también se ha caído la inversión privada.
Aunque en los últimos trimestres la tendencia ha sido al alza, de acuerdo con la información que ayer dio a conocer el INEGI, el volumen de inversión privada que se realizó en el periodo enero-marzo de este año es inferior en 11 por ciento a la del mismo lapso del 2019, es decir, en el primer trimestre completo de esta administración.
De hecho, el nivel actual es inferior en 12 por ciento al máximo histórico, que se presentó en el primer trimestre del 2018.
No sorprenden las cifras ni las tendencias. Tenemos un entorno económico en el que ha sido difícil mantener la inversión.
Primero, se cayó por la incertidumbre derivada de la llegada del nuevo gobierno. Apenas iba poco más de un año y llegó la pandemia y con ella se propició un derrumbe de los niveles de inversión. Y, el proceso de recuperación ha sido lento y titubeante.
La semana pasada, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, hombre proclive a buscar acuerdos con el gobierno más que a identificar diferencias, dijo: “hay que tomar ventaja de la coyuntura y atraer más inversiones, pero para eso necesitamos certidumbre, claridad en las reglas y ya no más cambios porque lo que necesitamos los empresarios es justamente eso, la tranquilidad de que existen las reglas, de que están las leyes y no van a cambiar y que si van a cambiar sea para promover la inversión, el desarrollo, el empleo bien remunerado en el país”.
Pese a todos los reclamos del sector privado, los cambios de reglas siguen.
Apenas la semana pasada conocimos la nueva normatividad en cuanto a compras de gas natural, que pretenden darle una posición de ventaja a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex.
El problema no es solo el cambio mismo sino el hecho de que ocurre ya bien entrado el cuarto año de gobierno.
Sin decirlo expresamente, Del Valle expresó la queja de que siguen los cambios en las reglas del juego y las inversiones no pueden tener un entorno incierto, pese a todas las ofertas y lo avanzado de la administración.
Pareciera que en el sector energético, las empresas estatales van por todo sin importar lo demás, con el respaldo explícito o implícito del presidente de la República.
La oportunidad de atraer a un gran volumen de empresas que quieren reubicarse cerca del mercado norteamericano existe, es real.
Pero, al mismo tiempo, el riesgo de perder esa oportunidad por la incertidumbre derivada del cambio frecuente de reglas del juego también es una realidad.
Allí se juega cómo será el cierre del sexenio.