La investigación se llama simplemente El proyecto Pegasus, en relación al programa malicioso llamado precisamente Pegasus, con el cual los teléfonos celulares de cientos de periodistas en México y en el mundo han sido intervenidos. Lo produce una compañía israelita llamada NSO Group y sólo se vende a gobiernos, con el propósito, se supone, de vigilar únicamente a grupos criminales y organizaciones terroristas.
El programa es bien conocido entre periodistas mexicanos, no sólo por el escándalo que causó en 2017 al socializar el Citizen Lab de la Universidad de Toronto el espionaje en el gremio, sino porque varios periodistas comenzaron a recibir desde 2015 mensajes muy extraños en los móviles que, tiempo después, se supo fue la forma para infectar sus dispositivos.
El proyecto Pegasus se publicó este domingo. Es un lote de documentos sobre espionaje global que fueron filtrados a las organizaciones no gubernamentales Forbidden Stories y Amnistía Internacional, realizado por los clientes del NSO Group, en el cual identifican a 180 directores de periódicos, reporteros de investigación y otros periodistas en el mundo, que fueron blanco de posible vigilancia electrónica por parte de sus gobiernos. No fueron los únicos. Las listas de teléfonos intervenidos suman más de 50 mil en 20 países –al menos 10 son clientes de la empresa israelí–, entre los que está México, donde se hackearon al menos 15 mil.
Pegasus fue adquirido por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y varios gobiernos estatales para vigilar a grupos criminales, y según exfuncionarios, era muy eficaz en casos de secuestro. Los abusos no tardaron. El gobierno de Peña Nieto profundizó el espionaje político con Pegasus y a través de la intervención telefónica del Cisen. De qué tamaño fue esta vigilancia, es desconocido, pero en este espacio se publicó una sola sábana de 729 intervenciones de teléfonos, dos de periodistas, pero también de activistas sociales, políticos, ministros de la Corte, presuntos criminales y hasta miembros de ese gobierno.
La forma como inyectan el programa malicioso es a través de mensajes SMS, WhatsApp o mensajes en plataformas electrónicas. Una forma que usaron, que es como llegó al teléfono celular de quien esto escribe el 10 de junio de 2015, decía: “Ya viste esta foto tuya que esta en Twitter goo.gl/c85E4F Es real? Si eres tu? Que te paso ese dia” (sic). El mensaje provenía de una persona conocida –que después alertó que había sido hackeado–, por lo que al abrir con esa liga, inmediatamente se metió el virus. El programa estaba diseñado para recolectar la información y transmitirla de los SMS, correos electrónicos y WhatsApp, a información del GPS, el calendario y el libro de contactos, copiar las fotos y los videos, así como activar la cámara y el teléfono. El propósito es conocer las redes de vínculos, los patrones de comportamiento e información que pudiera ser de interés para el gobierno.
El pasado 23 de junio se publicó en este espacio la columna Espían a periodistas, que apuntó que ante la necesidad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de conocer de dónde estaba saliendo tanta información interna en varias columnas periodísticas, había incrementado la vigilancia sobre un grupo específico de periodistas, algunos de los cuales –no se publicó en ese entonces– han sido sujetos de espionaje desde hace más de un año. Tampoco se incluyó que uno de los funcionarios que más pujó por establecer un aparato de espionaje político fue el exsubsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta. La reacción del Presidente fue de sorna ante las denuncias periodísticas y ridiculizó a quienes hicieron la acusación. La columna señalaba que el espionaje y la vigilancia la estaban llevando a cabo la Central Nacional de Inteligencia –como se rebautizó al Cisen– y, en algunos casos, el Ejército. Se publicó también que se había reactivado el Pegasus.
El Presidente pidió pruebas, aparentemente documentales, a los periodistas sobre su espionaje. Obviamente no existen de la forma como las solicitó, porque por una parte estas tareas siempre tienen salidas plausibles para evitar, precisamente, que se puedan documentar, o porque, en el caso de algunos gobiernos, como éste, se niega la existencia de cualquier documento o se declina hacerlo. El Universal, que tiene entre sus colaboradores al mayor número de columnistas espiados, solicitó información a la Secretaría de Seguridad Pública a través de transparencia sobre el espionaje a sus periodistas, pero la dependencia se declaró “incompetente” para responder esa pregunta específica o para decir si tenía expedientes sobre ellos.
Varios periodistas tienen evidencia de que sus comunicaciones están siendo interceptadas. En un caso específico, tras la publicación de una columna sobre el Ejército y la Guardia Nacional, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, ordenó su seguimiento total, incluso físico. A ese mismo periodista, durante semanas intentaron hackear su correo electrónico –como el gobierno de Peña Nieto también hizo–, y durante más de una semana apareció el mensaje en la página de inicio del correo –que tiene doble seguridad– que el gobierno había tratado de penetrarlo.
El espionaje político en México sigue siendo una realidad. El proyecto Pegasus vuelve a poner la lupa en la vigilancia y seguimiento a periodistas, donde figura de manera sobresaliente México, con un espionaje sistemático que lleva al menos siete años. Los documentos filtrados revelan que México, donde el NSO Group tiene el segundo mayor número de clientes del mundo, es donde más teléfonos se pidió que interceptaran, sumando las 15 mil líneas, que van más allá de periodistas, e incluyen, entre otros, a políticos y activistas.
Antes de la publicación de los documentos, se buscó a los gobiernos con la mayor cantidad de números telefónicos intervenidos, y las organizaciones que participaron en la publicación de los documentos pidieron su reacción. El NSO Group negó las afirmaciones. Hungría, India, Marruecos y Ruanda rechazaron haber utilizado Pegasus para hackear teléfonos. Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Kazajistán, callaron. El gobierno mexicano nunca respondió la invitación a dar su réplica.