La legitimidad del presidente Andrés Manuel López Obrador está en niveles que soportan, hasta ahora, cualquier cosa. El país presenta focos rojos de todo tipo, en seguridad, economía e insatisfacción social, pero él está sin mancha.
Todos los días se para frente a la nación y recuerda, sin importar el tema, que el pasado estuvo infectado por la corrupción, y que todos los males que se arrastran se debe a los ladrones que saquearon las arcas nacionales para su beneficio y el perjuicio de las mayorías. Cada mañana, López Obrador machaca a la sociedad, a su manera, lo que fue la corrupción de anteriores gobiernos. Y la sociedad beligerante responde con virulencia, tomando al de Enrique Peña Nieto como referencia. La furia contra esa administración se corresponde con el respaldo al presidente, pero a ninguna parte, en el fondo, le falta razón.
La corrupción durante el sexenio del presidente Peña Nieto fue notoria. Están los casos de gobernadores sometidos a proceso por desvío de recursos, peculado y enriquecimiento. Sobran los ejemplos de impunidad, conflictos de interés, saqueos y abusos cometidos en esa administración, que tocaron a la casa presidencial y a secretarías de Estado, gobiernos estatales y municipales, a familiares y a sus amigos, en un capitalismo clientelar, ante la complacencia y debilidad de Peña Nieto, que solapó a cercanos o fue impotente ante la presión de sus queridos. De corrupción nunca quiso oír nada, la negaba, y aquellos en su entorno, menos infectados, tampoco pudieron vencer los obstáculos del cerco presidencial.
El desprestigio de ese gobierno contaminó todo lo que sucedió en el pasado. Es cierto que López Obrador se ha encargado de empaquetarlo para que sea la narrativa del cambio, pero el éxito de la estrategia se asienta invariablemente sobre el enjambre que se tejió durante la administración de Peña Nieto.
La profundización de la percepción sobre la corrupción lo refleja el último índice de Transparencia Internacional, donde México perdió tres lugares en el ranking mundial, convirtiéndose en el país peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –el Club de los Ricos–, y empatado con Rusia en el sótano, del G-20, que agrupa a las economías más fuertes del mundo. El índice debiera provocar una vergüenza colectiva y una exigencia para que quienes incurrieron en actos de corrupción, paguen por sus delitos.
La corrupción no es un fenómeno con espacios acotados. El impacto que tiene la corrupción en las sociedades ya rebasó la putrefacción en las instituciones y ha avanzado a su debilitamiento y a la distorsión de los sistemas de organización social. “La corrupción aleja a la democracia y produce un ciclo vicioso, donde merma las instituciones democráticas y a su vez, las hace más débiles y menos capaces para controlarla”, dice Patricia Moreira, subdirectora de Transparencia Internacional. “Con tantas instituciones democráticas en peligro alrededor del mundo, frecuentemente por parte de líderes con tendencias populistas o autoritarias, necesitamos hacer más para fortalecer los pesos y contrapesos y proteger los derechos ciudadanos”.
Se viven momentos difíciles en todo el mundo y hay líderes, como López Obrador, que o no alcanza a medir el peso e impacto de sus palabras, o es una estrategia deliberada para seguir incendiando a las masas, de por sí ya enardecidas, y terminar de voltearlas para ir más allá de la consolidación de su poder. En su conferencia de prensa matutina el martes, dijo que las élites mexicanas son corruptas, pero el pueblo es bueno. ¿Cómo define élites? ¿Qué abarca ese grupo que estereotipa? Para sus seguidores, élites es igual a todo el que no está incondicionalmente con él.
El presidente avanza en la polarización del discurso sin dar pasos concretos para solucionar el problema que dice querer desterrar. Habla mucho y acusa más, pero no pasa de la retórica. Cuando se le pregunta si va a hacer algo, dice que no, que borrón y cuenta nueva, porque no va a perder el tiempo en perseguir delincuentes, pues agotaría su sexenio en ello. Pero en su lógica de perdón sin olvido, sigue avivando el fuego en la pradera y generando odios. Eso tiene que cambiar, y lo puede hacer.
La cruzada contra el huachicoleo, como dijo Eduardo Bohórquez, quien encabeza el capítulo mexicano de Transparencia Internacional, es un buen comienzo. Lo que está haciendo, agregó, es atacar la red de corrupción existente en el robo de combustible, perfilando el segundo paso, que es la red política. Falta, abundó, lo que nunca ha habido, que es el regreso de lo robado al erario. Esta es una de las recomendaciones que hace Transparencia a México para corregir el rumbo seguido por el gobierno de Peña Nieto. También se necesitan enmendar las acciones preventivas que puedan medirse y orientar la política anticorrupción, con sanciones y recuperación de activos, y no cejar el esfuerzo en esa dirección.
La legitimidad de López Obrador se asienta sobre su retórica invariable contra la corrupción, pero el discurso lo ha utilizado con un propósito político estratégico, no para limpiar la casa de arriba hacia abajo, como garantizó en campaña.
El presidente tiene la oportunidad de cumplir lo que ofreció, hasta el fondo como prometió, y no esconder detrás de esa narrativa un cambio de organización social que parece ser lo que está haciendo. Usar la corrupción clientelarmente para un objetivo político es tan pernicioso como usarla para enriquecimiento. Cambiar de régimen demoliendo las estructuras corruptas pero manteniendo un modelo democrático, sí. Desmantelarlas bajo la máscara de la corrupción para instalar una autocracia, no. Que dé ejemplo de honestidad, atacando la corrupción y eliminando la impunidad, con menos alegorías y sin evasivas.