Una treintena de científicos y exfuncionarios de Conacyt conforman, para el gobierno federal, un cártel más peligroso que el del Pacífico o el Jalisco Nueva Generación.
Por lo tanto, pedirle a un juez órdenes de aprehensión contra ese grupo por delitos que incluyen los de delincuencia organizada y que los encerrara en una prisión de máxima seguridad, era más apremiante que cualquier acción contra el líder de una organización criminal, donde la acción del gobierno es la opuesta: no hay persecusiones en su contra.
Lo que el gobierno, a través de la Fiscalía General, no hace contra los líderes de los cárteles de las drogas, sí lo hizo contra los científicos. La fuerza del gobierno no se aplica en ellos, sino a quienes han disentido del gobierno, como se aprecia en la orden de aprehensión contra los científicos, solicitada el 24 de agosto pasado al juez de Distrito en El Altiplano, Gregorio Salazar Hernández, que revela sevicia y despropósito.
En esa reveladora solicitud señaló que los investigadores y académicos –muchos de ellos reconocidos internacionalmente– tenían una conducta criminal, que de acuerdo con sus investigaciones, por las “enormes cantidades de dinero” y “capacidad económica obtenida de forma ilícita, podrían realizar actos de corrupción en algún centro con medidas de seguridad bajas o medias, o incluso, poner en peligro la seguridad interna de las prisiones”, pues tenían recursos “para favorecer para sí un trato diferenciado o eventualmente ser auxiliados por miembros de la organización criminal que conforman o por diversas personas, para una evasión”.
La acción del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, provocó un tsunami de críticas, no tanto por la investigación sobre presuntas ilegalidades con el manejo de recursos públicos, sino por las acusaciones de delincuencia organizada. Sin embargo, Gertz Manero no actuó sólo. Hay evidencias para argumentar que la embestida contra los científicos contó con el aval de las más altas esferas del gobierno.
El fiscal partió de la denuncia que presentó Rosenda Cruz Vixtha, apoderada legal del Conacyt, el 10 de julio del año pasado. En 36 días, la Fiscalía General puso nombres y apellidos en la querella, con lo que pasó de ser “contra quien resulte responsable” a personalidades específicas, y de los presuntos delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, escaló a manejo de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, crímenes federales donde se ingresa a la cárcel sin posibilidad de defensa en libertad. Las penas que pidió en contra de los principales científicos imputados fueron de hasta 40 años de prisión.
Gertz Manero actuó de forma expedita. Nueve días antes de solicitar la orden de aprehensión, el 15 de agosto, recibió documentación y constancias de la Secretaría de Hacienda para apoyar su petición de los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Sin Hacienda, la Fiscalía General no podía haber incorporado esos delitos. Lo que tuvo como sustento para su solicitud al juez Salazar Hernández fue una denuncia de hechos formulada por el procurador fiscal, Carlos Romero, en suplencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O –quien llegó al cargo el 3 de agosto–, de acuerdo con el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Este movimiento es el que sugiere que el fiscal actuó de conformidad a lo que deseaba el gobierno federal, o el de funcionarios, específicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esa denuncia debía haberla firmado el secretario de Hacienda, quien, sin embargo, por una razón que no se explica en la documentación del caso, no lo hizo. A la par de ello está otra anomalía. El procurador fiscal tiene la facultad para presentar una denuncia de esa naturaleza sin necesidad de la autorización del titular de Hacienda, con lo cual, al presentarle como “suplente”, dejó en Ramírez de la O la carga de la denuncia, deslindándose, para efectos prácticos, de ella. La Secretaría de Hacienda, sin embargo, actuó en consecuencia con la demanda del Conacyt y una moción, sin saberse hasta este momento de dónde, para presentar la denuncia ante la Fiscalía General, y darle así los elementos para fincar los delitos de delincuencia organizada.
Las constancias que entregó Hacienda no explican en qué se sustentan las operaciones con recursos de procedencia ilícita, si la denuncia del Conacyt habla de varias decenas de millones de pesos que salieron del presupuesto que aprobó Hacienda. Aunque la denuncia corrió en tiempos donde Arturo Herrera era el secretario de Hacienda, los materiales legales de apoyo a la fiscalía se le entregaron con Herrera en el cargo. Ni Gertz Manero, y menos aún Ramírez de la O, como encargado de despacho, operan de manera autónoma.
Un asunto de esta envergadura, dentro el marco de referencia del método de trabajo que utiliza López Obrador para gobernar, es impensable que lo desconociera el Presidente, y poco probable que no se hubiera consultado con él. Los temas de mayor alcance que maneja Gertz Manero siempre los ha tratado con la Presidencia. El propio López Obrador reconoce que es “un poco obsesivo” y que no le gusta delegar los asuntos fundamentales. La corrupción es el tema central de su discurso, de su proyecto y de su visión de país. Lo que sucedió con los científicos era de su conocimiento, como lo admitió el miércoles, donde lejos de criticar o tomar distancia de las acusaciones por delincuencia organizada, respondió que “el que nada debe, nada teme”.
El juez Salazar Hernández rechazó esta semana la segunda solicitud de orden de aprehensión contra los científicos, y antes de que terminara el día, la Fiscalía General volvió a acometer contra ese grupo con una tercera petición para que los detengan. Se han eliminado, cuando menos por ahora, los delitos relacionados con delincuencia organizada, pero la embestida va para adelante y no va a terminar. Gertz Manero, con el apoyo presidencial, irá más allá de los límites, y hasta donde le permitan llegar.