La consulta popular tiene resultados claros desde mucho antes que se decidiera realizarla para "esclarecer las decisiones políticas" de anteriores gobiernos. El primero es que la mayoría de los mexicanos sí quiere que se lleve a juicio a varios expresidentes, por razones fundadas e infundadas, objetivas o subjetivas. El segundo es que, sin importar cuántas personas voten, el presidente Andrés Manuel López Obrador probablemente disparará obuses contra el Instituto Nacional Electoral y los medios, y los criticará porque no hubo mayor participación toda vez que, alegará, la sabotearon, o mostrará su desprecio porque pese a ellos, dirá, hubo alta participación. En cualquier caso, políticamente ganará, que es de lo que se trata esta consulta.
La verdad es relativa en este régimen. La manipulación política es la marca de la casa y la despliega con impunidad. Contra lo que ha dicho el Presidente, el INE sí promovió la consulta. En total, a través de 3 mil 499 emisoras de radio y televisión difundieron 377 mil 833 spots promocionales y alrededor de 800 mil pautas en las redes sociales, al margen de los casi 7 mil espacios de publicidad exterior y alternativos, y decenas de inserciones en diarios en todo el país.
Los medios han hablado profusamente de la consulta, y la evidencia empírica señala que han predominado las críticas, al exponer el galimatías del proceso para llevarla a cabo y la forma como el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, hizo maromas para satisfacer los deseos de su jefe político y vecino en Palacio Nacional. La pregunta original que quería López Obrador identificaba claramente a sus cinco predecesores, y les imputaba un presunto delito.
Como la justicia no se resuelve por plebiscito, Zaldívar salió al rescate del Presidente antes de que se rechazara su pregunta por inconstitucional, y logró que la Corte aprobara una pregunta redactada en forma ambigua, farragosa, que no dice nada, para saber si desea quien vote “emprender un proceso de esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.
Quienes vayan a votar van a creer, porque así se los ha dicho el Presidente, que ése es el camino para que pueda haber expresidentes que terminen en la cárcel, sin saber, porque no se los explicó López Obrador, que el resultado de la consulta, si alcanzara el 40% del voto del padrón nominal de electores, no obliga a proceder al Poder Judicial. Esto en el ideal, por supuesto. La realidad es menos idílica. Para que pudiera llegar al 40%, y que obligara al Ejecutivo y al Legislativo a tomar algún tipo de acción, por ejemplo, la creación de una Comisión de la Verdad –para la cual no se requiere preguntarle a nadie–, se necesita que voten 37 millones de personas.
Sólo para efectos de apreciar la escala de ese número, porque no se pueden comparar manzanas con sandías, la votación que tuvo López Obrador en la elección presidencial de 2018 fue de 30 millones, y en las pasadas elecciones federales, la mayor en número de cargos de elección popular en juego, el total de votos emitidos fue de 49 millones, donde Morena tuvo 16.7 millones y sus aliados el Verde y el PT, otros 3.5 millones.
Para efectos de argumentación, si Morena lograra que quienes votaron por sus candidatos sufragaran este domingo, no les alcanzaría para el 40% del padrón. De acuerdo con una encuesta publicada por El Financiero este miércoles, ni siquiera todos los morenistas están prestos para votar. Sólo el 61% de ellos dijo que le interesaba “mucho” ir a la urna. Juntando a morenistas con simpatizantes de otros partidos o apartidistas, sólo una de cada 10 de las personas entrevistadas mostró alto interés en ir a votar.
No parece, de acuerdo con lo que reflejó la encuesta, que la consulta vaya a tener una alta participación. ¿Pero acaso importa? El porcentaje de participación será irrelevante porque, como se espera, López Obrador cantará de cualquier forma la victoria del pueblo. Sería relevante, sin embargo, si la participación fuera tan baja que no pudiera ocultarse. Pero aun así, ¿quién define qué es alta participación o qué es baja?
Tampoco debemos olvidar que al Presidente le importa muy poco cuántos votan para cumplir sus caprichos, como sucedió cuando el 1 por ciento del padrón electoral, pese al acarreo masivo de votos en Chiapas y Tabasco y la movilización de Morena en el país, pidió en una consulta patito en octubre de 2018 que había que cancelar la obra del nuevo aeropuerto en Texcoco, que hizo tan pronto asumió la Presidencia, justificando su objetivo detrás de la voluntad del pueblo sabio.
Es cierto que hay molestias fundadas e infundadas en contra de varios expresidentes, algunas por acciones que lastimaron a la nación porque sus decisiones no beneficiaron a todos, o por la percepción de que tuvieron administraciones corruptas. También existe una enorme subjetividad en las acusaciones, que son más políticas que penales, aunque en casos de corrupción podría encontrarse mayor sustancia, pero sólo contra el expresidente Enrique Peña Nieto porque, si la hubiera en anteriores administraciones, los delitos ya prescribieron.
Lo que tenemos enfrente este domingo es una pantomima. Por un lado, evoca al Imperio Romano, que para mitigar la inconformidad de sus súbditos y que no se rebelaran, les daba pan y circo en el Coliseo para que se olvidaran de los altos impuestos que tenían que pagar. Por el otro, está el combustible que le dará a la narrativa de López Obrador contra el pasado, porque es más fácil hablar de los problemas de ayer, que de los problemas de hoy. Esta consulta será una nueva faceta de la gran manipulación que ha logrado con gran éxito, enajenando a millones con su palabra. Al final, lo único concreto es que pagaremos 528 millones de pesos, lo que costará la consulta, para financiar únicamente el discurso presidencial.