Miguel Ángel Mancera pensaba renunciar este fin de semana pasado, tras entregar la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Estaba listo para que lo sustituyera Patricia Mercado, secretaria general de Gobierno, mientras se presentaba la terna a la Asamblea Legislativa y el secretario de Desarrollo Social, José Ramón Amieva, asumía el cargo.
La Conago pospuso su reunión para el miércoles, porque el presidente Enrique Peña Nieto, quien presidirá el encuentro, viajaba a una cumbre climática de líderes en París.
Le iba a dar más tiempo a Mancera para seguir forzando un método abierto para definir la candidatura presidencial del Frente Ciudadano, pero cuando los partidos de la coalición fueron el viernes al Instituto Nacional Electoral a registrarla, ya lo habían decidido. La candidatura presidencial, por consenso, sería para el PAN. “No se quiso arriesgar el PRD”, dijo un cercano a Mancera. “No se la rifó”.
La tarde del viernes todo estaba consumado. Mancera, que le encargó a Alejandra Barrales, líder del PRD, la negociación del Frente y le depositó toda su confianza, lo hizo públicamente a un lado el sábado –en privado se había deslindado de él hace tres semanas– y señaló que podría coordinar la campaña presidencial de Ricardo Anaya. Segunda humillación para Mancera en menos de una semana. Primero, el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dijo que podría ser coordinador de la bancada frentista en el Senado; luego Barrales, el remate. Mancera rechazó las dos propuestas y dijo que se quedaría al frente del Gobierno de la Ciudad de México. Quizá, sin embargo, fue prematuro el anuncio; probablemente empujado más por emociones que por razones.
Dentro del equipo de Anaya quieren a Mancera para otra función: jefe de gabinete en la presidencia del panista. Esta posición no existe todavía, pero es parte de lo planteado dentro de la coalición. Los documentos de la coalición no han sido dados a conocer públicamente, pero establecen la repartición de posiciones electorales, redondeadas, con 49 por ciento para el PAN, 33 por ciento para el PRD y 17 por ciento para Movimiento Ciudadano. La coalición va más allá. Incluye los fundamentos para un gobierno realmente de coalición, donde haya equilibrios y posiciones de Estado conjuntas. Todo el gabinete tendría que ser sometido a aprobación del Senado, para evitar complicidades y amiguismos, y se crearía la jefatura de gabinete, en la forma de una secretaría de la Presidencia.
La jefatura de gabinete es la forma como se define en la Casa Blanca, por ejemplo, al número dos en la Presidencia, que maneja toda la operación interna –que incluye la seguridad nacional, el presupuesto, las negociaciones comerciales internacionales y la comunicación–, la agenda del presidente, a quién ve y a quién no, articula al gabinete y lleva a cabo las negociaciones políticas más delicadas con el Capitolio y los gobernadores. En países como Francia, Canadá o la Unión Europea, el jefe de gabinete es el principal colaborador político del presidente o el primer ministro, por encima de todos los miembros del gabinete y considerado, como en Estados Unidos, el poder detrás del trono.
Uno de los principales asesores de Anaya dijo que para el léxico político mexicano la jefatura de gabinete puede ser exógena, pero que ya existió en el organigrama de Los Pinos una figura idéntica, la de secretario de la Presidencia, que tuvieron en sus manos poderosos políticos como Emilio Martínez Manatou y Hugo Cervantes del Río durante el gobierno de Luis Echeverría.
La diferencia sustancial en la actualidad es que esa jefatura de gabinete o secretaría de la Presidencia tendría una función no sólo más política y ejecutiva, sino que sería el equilibrio con la Presidencia, al pertenecer a diferentes corrientes políticas dentro de una coalición. “Es más similar a la de un sistema semiparlamentario”, explicó uno de los arquitectos del modelo, señalando a Francia como prototipo, donde el presidente y el primer ministro suelen ser de diferente partido.
La propuesta no ha sido hecha formalmente a Mancera, quien ha visto desfilar por su escritorio otras posibilidades, particularmente la de ser fiscal general. En el equipo de Anaya no ven mal esa posibilidad y apoyarían su nominación en el Senado, pero cercanos al jefe de Gobierno decían todavía la semana pasada que no estaba convencido de que esa fuera una salida política para él en caso de que se frustrara la candidatura presidencial. Mancera, de cualquier forma, desechó cualquier posibilidad, en principio, el sábado, al anunciar que permanecería al frente del Gobierno de la Ciudad de México.
El anuncio pareció anticlimático pero, sobre todo, apresurado. Atajó especulaciones y frenó presiones internas dentro del gobierno, pero no dejó abiertas sus posibilidades. El capital político de Mancera al aceptar lo que acordaron los partidos, aunque no le guste en lo personal, se vio fortalecido interna y públicamente, lo que le permitiría negociar con el Frente una integración orgánica, que falta les va a hacer.
El acuerdo de coalición que entregaron al Instituto Nacional Electoral es un pacto cupular que todavía tiene que amarrarse hacia abajo, con los militantes de cada uno de los partidos, y con los ciudadanos.
Mancera puede jugar un papel importante en el campo de los ciudadanos y como puente entre sectores partidistas que no están de acuerdo con la coalición. Él siempre fue un creyente del Frente Ciudadano y no tendría por qué decidir de manera individual su exclusión por el hecho de no haber sido nominado candidato a la presidencia, ya sea como eventual jefe de gabinete o en otra posición.