Durante agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, para sacudir el avispero político y repartir a mansalva acusaciones de corrupción. Partía de la denuncia de hechos construida a dos manos, entre Lozoya y la Fiscalía General, donde a cambio de que señalara con el índice a quien le dijeran, garantizaba su libertad, la de su familia, su dinero –incluidos 10 millones de dólares que asegura la empresa Odebrecht le dio como soborno– y, de paso, podría cobrarse cuentas personales. Pero desde hace tres semanas, el Presidente ha sido más cauteloso en sus dichos y ha subrayado todo el tiempo que esas acusaciones tendrían que probarse.
El entusiasmo de López Obrador en agosto no correspondía con lo que sucedía en el interior de la Fiscalía General, donde veían que Lozoya estaba incumpliendo el pacto que hizo con el fiscal Alejandro Gertz Manero, al no estar entregando toda la documentación dura, demostrable e incontrovertible, que soportaran sus múltiples imputaciones. La molestia contra Lozoya motivó la petición a las autoridades alemanas para catear las propiedades de su esposa en Baviera, a principios de agosto.
En víspera de ese cateo, la Secretaría de Hacienda presentó una querella contra el exdirector de Pemex por haber pagado menos impuestos de los que debía. El director general de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, que depende de la Procuraduría Fiscal de Hacienda, Josué Miguel Contreras, presentó la querella a Gertz Manero el 27 de julio, donde señala que Lozoya declaró el 9 de mayo de 2017 ingresos menores a los “realmente obtenidos”, y dejó de pagar en impuestos sobre la renta dos millones 695 pesos.
Contreras le entregó a Gertz Manero las declaraciones patrimoniales de Lozoya que mostraba que durante 2016 –él renunció a Pemex a mediados de febrero de ese año–, había tenido ingresos acumulables por casi 10 millones de pesos, de los cuales poco más del 8% había sido por salario. Además, le entregaron la documentación que había tenido depósitos en sus cuentas bancarias por 18 millones de pesos, por lo que el pago de impuestos sobre la renta se había quedado corto. Hacienda le pidió a la Fiscalía que investigara lo que a su juicio es un delito.
No se sabe del resultado que tuvo la querella, o si la Fiscalía General inició la investigación solicitada. El caso Lozoya, sin embargo, tiene síntomas que está resultando más difícil de armar de lo que alegremente pensaban en el gobierno, y que, concediendo criterios de oportunidad como un sistema anticorrupción, podían fácilmente imputar a exfuncionarios, con sustento o sin sustento, para llevar a cabo la purificación de la sociedad que pregona el Presidente.
Pero algo extraño está pasando en el caso Lozoya. El exdirector de Pemex llegó a México, procedente de España, el 17 de julio. López Obrador dijo tres días después que ya había rendido su primera declaración ante la Fiscalía General, pero 48 horas después la Fiscalía General desmintió al Presidente y negó que fuera cierto. Lo que había entregado Lozoya, en realidad, y como parte de su negociación para no pisar la cárcel y caminar rumbo a la puerta de la libertad, fueron memorandos donde narraba diferentes casos de presunta corrupción, acusaba a exfuncionarios y legisladores, culpaba a todos de ilícitos y se decía inocente, víctima de un mecanismo que lo obligó a cometer delitos.
Al regresar de España, Lozoya estuvo durante 11 días sin que nadie supiera de su paradero y sin que pasara por un juez. Hasta el 28 de julio, tuvo su primera audiencia, y una segunda el 29, tras las cuales el juez, siguiendo los lineamientos de la Fiscalía con Lozoya, lo dejó en libertad condicional, con un dispositivo electrónico colocado en el tobillo, y la obligación de firmar dos veces al mes ante la justicia, lo que hace de manera virtual.
Lo que ha venido después es la nada. Se desconoce si ha rendido más declaraciones ministeriales, si ha empezado a aportar la documentación prometida, o si los entregables pudieron corroborarse. Gertz Manero logró que el juez extendiera el periodo de ampliación de la investigación hasta finales del año, por lo que no puede decirse que el caso Lozoya esté en el limbo. Se encuentra en otro estadio, el de la suspicacia de que se trata de un gran timo, el de Lozoya a la Fiscalía, el de la Fiscalía al Presidente, y el del Presidente a la sociedad mexicana.
En la última semana, el lunes pasado para ser más preciso, se movió el caso, pero no por la Fiscalía General, sino por los fiscales de Hacienda, donde colocó Contreras la querella, lo que los conocedores señalan que es una señal de que la van a impulsar, más allá de lo que haga la Fiscalía General. Si esto marcha por esa vía, Lozoya tendrá una presión adicional a las que ya tiene, donde su madre sigue en detención domiciliaria, y su hermana y su esposa son prófugas de la justicia, porque tienen orden de aprehensión. De proceder la querella hacendaria, enfrentará un presunto delito que no contemplaba, el de evasión fiscal.
Si Lozoya se está burlando de la Fiscalía, Hacienda está actuando. Objetivamente hablando, la credibilidad del exdirector de Pemex está muy mermada, y futuras imputaciones, ante la presión a la que está sometido, tendrían que ser evaluadas y procesadas tomando en cuenta todo el contexto. Es cierto que en este gobierno, la legalidad no es prioridad mayor a la política, y López Obrador necesita al Lozoya locuaz de la denuncia de hechos, porque está teniendo rendimientos decrecientes en materia de corrupción, al empezar a salir información de presuntos delitos donde menos esperaba, de su seno familiar, sin nada para contrarrestarlo.