Demasiado tarde y demasiado extraño. Seis años después de iniciarse una investigación en contra del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, la Procuraduría General de la República (PGR) decidió actuar activamente en su contra, y ofreció una recompensa por hasta 15 millones de pesos por información que permita la captura del político, que aspiró a la candidatura presidencial del PRI hace más de una década. ¿Por qué razón procedió ahora? Las investigaciones sobre Yarrington comenzaron en 2009, cuando la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) –antes SIEDO– abrió una indagatoria (PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009).
Eran los años en los que la procuradora Marisela Morales, por instrucciones del presidente Felipe Calderón, estaba decidida a llevar a la cárcel a varios gobernadores priistas en los estados del Golfo de México.
La investigación se empezó a construir con información de un testigo protegido de la PGR, conocido como “Oscar”, quien detalló cómo funcionarios estatales y municipales en Tamaulipas recibían dinero del Cártel del Golfo a cambio de protección. De acuerdo con “Oscar”, identificado años después como César Eduardo García, colaborador del exjefe del cártel, Osiel Cárdenas, el dinero lo entregaba Juan Carlos González, el expolicía ministerial en Matamoros y uno de los principales operadores de Eduardo Costilla, El Coss, jefe del Cártel del Golfo, hasta su captura en 2012. Sus revelaciones permitieron que la DEA lo acusara en una Corte Federal de San Antonio, Texas, a donde, ante la imposibilidad de poder perseguirlos en México, la exprocuradora llevó toda la documentación y la información que había recabado en su contra.
Durante la campaña presidencial en 2012, los estrategas del PAN difundieron muy eficaces spots donde vinculaban a gobernadores priistas con los cárteles de la droga. Pero como la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, no aprovechó la caída del candidato Enrique Peña Nieto en las preferencias electorales por esa propaganda, y en cambio beneficiaba a Andrés Manuel López Obrador, Calderón pidió a su partido que los retirara del aire. Mientras tanto, Morales, que proporcionó los expedientes al jefe de campaña priista, Luis Videgaray, recibió en pago la protección del gobierno peñista en el Consulado General de Milán. La investigación se congeló en México, pero no en Estados Unidos.
A las imputaciones de “Oscar” se añadieron las del empresario Antonio Peña Argüelles, quien presuntamente fue intermediario de Yarrington con Los Zetas. Peña Argüelles fue sentenciado en la corte federal texana en abril de 2014, quien a cambio de colaborar con las autoridades, fue sentenciado a sólo dos años y medio de cárcel por los delitos de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico. Yarrington, involucrado por Peña Argüelles en el asesinato del candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, en junio de 2010, se ufanaba mientras tanto de ser amigo del expresidente George W. Bush, a quien había conocido cuando fue gobernador de Texas y presumía fotografías de él en la Casa Blanca.
En México se sentía blindado con el apoyo de la PGR, que llegó a desestimar acusaciones puntuales en México en su contra, como la del exdiputado local y exdelegado de la Sedesol en Tamaulipas, Luis Alonso Mejía García, quien dijo que Yarrington había recibido 80 millones de dólares del narcotráfico para su campaña electoral para gobernador. La Corte Federal en Texas finalmente lo acusó por “conducta criminal”, junto con su presunto testaferro y lavador de dinero, Fernando Cano Martínez, quien según la DEA, pagó sobornos con dinero de los cárteles tamaulipecos a funcionarios en ese estado, al menos desde 1998, cuando Cavazos era gobernador y Yarrington, secretario de Finanzas. Pese a que se le señaló de no sólo haber estado al servicio de los cárteles, sino formar parte de su estructura orgánica, el PRI salió en su defensa y dijo que se estaba politizando la justicia.
La PGR nunca quiso actuar abiertamente en su contra y en varias ocasiones negó incluso que hubiera investigaciones en su contra. En abril de 2013, el entonces procurador Jesús Murillo Karam, exoneró a Yarrington y a otros dos exgobernadores tamaulipecos, el actual senador Manuel Cavazos y Eugenio Hernández –prófugo de la justicia estadounidense– porque, afirmó la dependencia, las acusaciones de los testigos protegidos que los habían acusado, eran falsas. Acto seguido, canceló las órdenes de aprehensión en su contra. Sin embargo, el caso siguió, aunque dando tumbos, en el gobierno de Peña Nieto.
Después de que Murillo Karam dijo haber cancelado la orden de aprehensión en su contra, se reactivó. Yarrington se amparó, y unos días antes de que fuera relevado Murillo Karam del cargo, en marzo de 2014, un juez federal le negó el amparo al exgobernador en contra de la orden de aprehensión por narcotráfico y delitos contra la salud, derivada de las declaraciones de los testigos protegidos desautorizados por el exprocurador, entre los que se encontraba “Óscar”, en manos de la DEA, que declaró en San Antonio.
Yarrington es uno de los ejemplos más contundentes de la narcopolítica mexicana, que nutre la percepción de que el PRI tiene pactos con el crimen organizado. El ofrecimiento de la recompensa, aunque apunta en la dirección de la justicia, levanta suspicacias. ¿Por qué razón procedió en su contra? No se puede soslayar el contexto político que se vive, la recta final del gobierno de Peña Nieto, con un PRI en tercer lugar de las preferencias electorales para 2018 y en declive. ¿Está administrando la PGR casos de impacto para levantar al PRI y sobrevivir el peñismo? Es temprano para saberlo, pero no falta mucho para determinarlo.