La indignación contra una Procuraduría General de la República encabezada por un pelele, crece por horas.
Al inusual actuar expedito de armar en tres semanas un caso de presunto lavado de dinero que impacta mediáticamente, por ahora, al candidato presidencial Ricardo Anaya, se sumó la difusión del video de entrega de un escrito al procurador interino, Alberto Elías Beltrán, donde le pide aclarar si estaba sujeto a una investigación.
La indignación pública que se expresó en las redes sociales con el hashtag #FueraPGR, provocó la intervención del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para apagar el incendio, pero Beltrán lo avivó. Difundir el video, dijo, no tuvo como intención intervenir en la campaña presidencial.
El video de marras registra un intercambio amable entre Anaya y un funcionario de la PGR, tras lo cual se escucha una voz –que según Diego Fernández de Cevallos, que lo acompañó, es suya– que dice posteriormente sin dirigirse a nadie en específico: “Hijo de puta”.
La oficina de prensa de la PGR, encabezada por el exjefe de prensa de la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, impulsó un spin en los medios que podría resumirse en el silogismo de Anaya es un grosero que falta al respeto a la autoridad, y como tiene conocidos imputados por lavado de dinero que también le faltan al respeto a la autoridad, también es un delincuente.
La PGR, convertida en la Procuraduría de la Moral, tipificó mediáticamente el “hijo de puta” como un crimen contra las buenas costumbres. Beltrán, dispuesto a sacrificar su prestigio profesional a cambio de contribuir al descarrilamiento de la candidatura de Anaya y apoyar la candidatura priista de José Antonio Meade, se ha prestado a todo lo que le ordenen, como lo ha demostrado en su breve gestión como encargado del despacho.
Antes del video congeló la indagatoria sobre funcionarios involucrados en la corrupción de Odebrecht; ha retrasado el proceso de extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte; está preparando el cierre del Caso Ayotzinapa para después de la elección presidencial, donde mantendrá la hipótesis de la “verdad histórica”, y mandó de vacaciones a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, que está paralizada.
La difusión del video, justificó la PGR, respondió al interés público, un eufemismo del interés de la campaña de Meade para remachar ante el electorado que Anaya no es un tipo de fiar. Pero la forma como lo hicieron fue para demostrar que se había negado a declarar ante el Ministerio Público, sugiriendo culpabilidad.
En términos jurídicos, Anaya no tenía por qué declarar. No está imputado en la investigación sobre lavado de dinero –cuando menos hasta ahora– ni tampoco ha sido requerido en calidad de testigo. Lo que hizo la PGR fue el uso mediático de ese documento visual.
La PGR asegura que la difusión del video no violó ninguna norma, quizás porque no hay reglamento sobre las canalladas políticas. Las videograbaciones se utilizan para tener registros de acciones y declaraciones, y sirven para probar ante un juez que se salvaguardaron los derechos de la persona en los procesos judiciales, no para ser utilizadas con fines políticos.
El video de la PGR tiene audio, pese a que esos dispositivos se emplean básicamente para identificación. Sin embargo, en algunas áreas de la PGR, sus áreas de recepción y delegaciones, el sistema de circuito cerrado de televisión que emplean sí cuenta con audio. Las imágenes del video tienen el sello de agua de la PGR, para que no quedara duda de dónde viene. ¿Qué pretende?
La primera reflexión lleva a la memoria de los 90, cuando el fiscal Pablo Chapa, encargado por el procurador panista Antonio Lozano Gracia de la investigación por el asesinato del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, imputó a Raúl Salinas, el hermano del expresidente, como presunto responsable del crimen.
La investigación estaba paralizada por falta de pruebas, por lo que Lozano Gracia autorizó que le entregaran a Reforma una fotografía que no tenía nada que ver con el caso, donde Salinas aparecía en un yate con María Bernal, una española con quien había tenido una relación.
La publicación de esa fotografía sin contexto ni relevancia en el caso, generó suficiente reacción negativa contra Salinas por razones ajenas al crimen, que dio espacio de maniobra a la PGR para seguir buscando evidencias de su presunta responsabilidad.
Una década después, Salinas fue exonerado de la acusación, al comprobarse que todo se había construido por razones políticas.
No hay mucha diferencia con lo que está haciendo la PGR de Beltrán. Su video no tiene nada que ver con la investigación sobre lavado de dinero de un amigo de Anaya, pero genera un clima de opinión pública negativo sobre el candidato, que le da el espacio para seguir buscando evidencias y eventualmente, quizás, imputarlo y sacarlo de esa forma de la contienda presidencial.
Hoy como en aquél entonces, se utiliza a la justicia con fines políticos. Pero hoy, a diferencia de aquél entonces, el objetivo de la PGR es un candidato presidencial.
El uso político de la ley en 1994 provocó la distorsión del Estado de derecho, cuyas consecuencias seguimos arrastrando un cuarto de siglo después. Hoy, la PGR de Beltrán está cínicamente actuando contra Anaya y trabajando en su contra.
Que nadie se equivoque. Si Anaya es culpable de algún delito, que se proceda contra él, pero con el sigilo de ley, no ventilando especulaciones que afectan la calidad democrática de la elección presidencial y quitando, en su desesperación por descarrilar a Anaya, legitimidad a todo el proceso electoral.