La información sobre el espionaje en México ha sido abundante esta semana, aunque ni así se ha actuado con la seriedad que se requiere. Este miércoles Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, mencionó diferentes programas de seguridad que, bajo el paraguas del mal uso de Pegasus, diseñado para combatir a criminales y terroristas, aunque también sirvió para espionaje político –dejó entrever la posibilidad de que durante los dos últimos gobiernos–, hubieran servido para lavar dinero. O sea, lo mismo de siempre. Sólo importa la narrativa del combate a la corrupción, no investigar la violación de derechos humanos y el abuso de poder.
Los detalles que dio Nieto alimentan la retórica del presidente Andrés Manuel López Obrador contra los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, pero no son novedosos, pues la prensa lleva años revelando mucho del contenido que presentó. Lo más importante de lo que dijo, sin embargo, fue lo que no dijo, de acuerdo con funcionarios federales con conocimiento de los programas a los que se refirió, y a los que ni siquiera mencionó.
Nieto reiteró que durante el gobierno de Peña Nieto, la Procuraduría General de la República adquirió el programa Pegasus en 32 millones de dólares. Sin embargo, funcionarios en las áreas de seguridad recuerdan que el primer programa Pegasus vendido por la empresa israelí NSO Group lo adquirió en 2011 la Secretaría de la Defensa. Uno más, también dentro del gobierno de Peña Nieto, fue comprado por el Cisen. Es decir, no fue uno, sino tres programas Pegasus los adquiridos, por 32 millones de dólares cada uno. Entre lo que soslayó Nieto está que cada teléfono intervenido tenía un costo de 10 mil dólares mensuales.
El gobierno asegura que ya no hay programas para espiar. En realidad, ninguna empresa vende programas para “espiar”. Son programas diseñados para la seguridad, interna y externa, integrados al sistema de contrainteligencia
–que realizan todos los gobiernos–, aunque en algunas ocasiones se ha abusado de ellos para dañar políticamente a adversarios, al filtrar audios y videos de figuras públicas en situaciones incómodas, ilegítimas, ilegales o difícil o imposible de explicar públicamente.
El presidente López Obrador no quiere abrir una investigación sobre el espionaje –el Congreso, que estaría obligado a hacerlo porque sus representados fueron afectados, menos–, lo que lo hace omiso en su responsabilidad y pudiera ser, si se aplicara la ley, responsable por omisión. Lo que quiere el Presidente, y para eso puso a Nieto a hablar, es dar vuelo a las acusaciones de corrupción e inyectar combustible a su campaña electoral permanente. Es decir, no se acota el abuso, se persigue a adversarios.
Iniciar una investigación no parece convenirle al gobierno. Cuando menos, según fuentes gubernamentales, Pegasus sigue funcionando en el Centro Nacional de Inteligencia, sustituto del Cisen. En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como se ha denunciado, existe otro sistema de intervención telefónica que ayuda a establecer las redes de vínculos del usuario. Desde ahí, se reveló recientemente en la prensa, se intervinieron teléfonos celulares de periodistas. También investigaron a quienes protestaban por el tema del agua en la presa de La Boquilla en Chihuahua –de donde salieron acusaciones públicas e infundadas contra políticos–, y voltearon de cabeza a los líderes del movimiento anti-López Obrador, FRENAA, para encontrar cómo neutralizarlos.
López Obrador ha dicho que su gobierno no espía. Esta semana, sin embargo, el periódico madrileño El País reveló que la Fiscalía General compró en 2019 y 2020 cuatro programas para la geolocalización de celulares y análisis de metadata a la compañía mexicana Neolinx, intermediaria de la empresa italiana Hacking Team. No detalló qué programa adquirió, pero hace cinco años se publicó en este espacio que el Ejército, la Marina, la Policía Federal, el Cisen y 11 gobiernos estatales espiaron masivamente a mexicanos a través de Galileo, un programa de Hacking Team que intervenía dispositivos móviles, copiaba mensajes de texto, conversaciones en internet y Skype, y extraía los datos y el historial de las computadoras, audios e imágenes.
Para un gobierno que sólo ataca a sus antecesores con acusaciones de corrupción, iniciar una investigación para saber qué sucedió, como lo están haciendo en otras partes del mundo en el caso Pegasus, podría ser contraproducente, porque tendría que revisarse a sí mismo, y podría llevarse el Presidente alguna sorpresa. Por ejemplo, en la Secretaría de la Defensa, que tanto apoya, aunque no está claro si sigue operando ese programa, tiene otro sistema que llaman “El Pulpo”, que infecta los teléfonos celulares y permite encender sus cámaras y dar su geolocalización.
Sin embargo, uno pensaría que el gobierno está obligado a hacerlo. Difícilmente sucederá porque López Obrador tendría que admitir que su gobierno emplea programas para la seguridad como instrumento de contrainteligencia –otra vez, vulgarmente conocido como espionaje político–, que como en todo el mundo, permite a los gobiernos prevenir amenazas e ingobernabilidad. Él ha dado pruebas de que no entiende estos matices, pero en el caso de Pegasus enfrenta un problema que debe atender.
El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, dijo recientemente que estaba considerando una investigación del NSO Group para determinar si sabía que Pegasus estaba siendo utilizado para fines ajenos al contrato, que al necesitar el aval del ministerio para venderlo, el escándalo del espionaje global lo involucra. Gantz anticipó que revisarían si los gobiernos a quienes se les vendió respetaron los términos del contrato, que es lo que tendría que atajar López Obrador, antes de que le acarree problemas.
La relación entre los dos gobiernos pasa por un muy mal momento. Con 15 mil teléfonos celulares como objetivo de Pegasus, casi una tercera parte del total en el mundo, México estará en lo alto de la lista para revisar. Hará bien el gobierno en investigar presuntos actos de corrupción en otros contratos, pero hará mal al ignorar el espionaje de Pegasus porque Israel, eventualmente, podría colocarlo en una situación incómoda.