La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, decidió explotar el puente que iba cruzando, porque si llegaba al otro lado del río era peor. Esto es lo que sucedió la semana pasada cuando a un año de la tragedia en la Línea 12 del Metro que causó la muerte de 26 personas, repudió el peritaje de la empresa noruega que contrató para ello, la acusó de mentirosa, de conflicto de interés y de querer lucrar políticamente. Esas culpas las tendrá que probar, si efectivamente da curso a la demanda civil que anunció interpondrá, y más maromas tendrá que hacer para que la verdad del peritaje no salga a la luz pública.
La inculpada Det Norske Veritas (DNV), que tiene más de 155 años de haber sido fundada y trabaja en más de 100 países, respondió con un comunicado escueto. Se apegó a los requisitos contractuales, afirmó, la metodología fue la correcta –y acordada– y ninguno de los involucrados tenía un conflicto de interés. Lo que entregó, apuntó, es lo que encontró como la causa raíz de la tragedia en la Línea 12, cuyas conclusiones alarmaron a Sheinbaum, quien corrió a Palacio Nacional a informar que iba a detonar el contrato.
Su equipo revisó, aparentemente durante ocho semanas, el peritaje final de DNV, y Sheinbaum decidió que no se hiciera público. Acostumbrados en este régimen a ignorar las cosas y a dejar incompletas muchas porque han logrado normalizar la impunidad, parece que iba a dejar todo en el olvido, hasta que la empresa reclamó el pago del trabajo, estimado en su momento en 20 millones de pesos por la secretaria de Gestión Integral y Protección Civil capitalina, Myriam Urzúa. La presión del pago alteró el statu quo del silencio y dinamitó el puente. Aunque retórica como pregunta, queda la duda de ¿qué hubiera pasado si sólo paga? Después de todo, ya había estado manipulando a las víctimas y haciendo control de daños jugando con la información de DNV.
En vísperas del aniversario de la tragedia, las autoridades llegaron a un acuerdo reparatorio con la mayoría de los familiares de las víctimas, mediante el cual se evitarían procesos legales y sentencias penales. El acuerdo se alcanzó sin complicaciones, luego de que, coincidentemente, los señalados por la Fiscalía General capitalina de presuntas responsabilidades lograron que su audiencia de imputación se pospusiera por cuarta ocasión. Es decir, se alcanzó el acuerdo antes de conocerse formalmente las acusaciones. Anteriormente, la empresa constructora de Carlos Slim, que levantó la trabe que colapsó, hizo su propio pago reparatorio. De haberse conocido el peritaje final de DNV, eso no hubiera sido tan fácil.
La explicación de Sheinbaum en Palacio Nacional es que de haberse dado a conocer el peritaje final de DNV, podría haber sido utilizado como prueba por un grupo de familiares de las víctimas que ha interpuesto demandas ante la fiscalía capitalina por los presuntos delitos de lesiones y homicidio culposo. El principal argumento esgrimido es que la Línea 12 era insegura en el tramo elevado –que construyó la empresa de Slim–, que estuvo mal diseñada y construida, y que no podía soportar el peso de los vagones. No se conoce el ultimo peritaje, pero ha trascendido en la prensa, y confirmado por funcionarios capitalinos, que hubo un mantenimiento deficiente o nulo, lo que habría complementado las querellas iniciales. La empresa directamente afectada habría sido CICSA, de Slim, que se animó a construir el tramo elevado cuando otras compañías declinaron por considerar que no era viable hacerlo.
Pero Slim tenía un acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador de cero sanciones penales o administrativas a su empresa, a cambio del pago reparatorio y que Sheinbaum, que estaba convencido que quería centralizar en CICSA la culpabilidad de la tragedia, no fuera su interlocutora. La jefa de Gobierno tenía que respetar el pacto de su jefe con Slim, pero esto no era suficiente para reventar el contrato con DNV. Habría también, de conocerse el peritaje, una afectación político-electoral.
Sheinbaum fue a decir a Palacio Nacional que promovería una demanda civil contra DNV, aparentemente como un golpe preventivo de control de daños, debido a que el peritaje dejaba en entredicho al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, bajo cuya gestión en la Ciudad de México se construyó la Línea 12 sin importar las objeciones de técnicos sobre la ruta del tramo elevado, y Mario Delgado, su secretario de Finanzas, que adquirió, por las prisas de su jefe para inaugurar antes de terminar su gestión, vagones que no eran de metro sino de ferrocarril, con ejes más grandes de los que marcaba el diseño.
Muy dañada por el peritaje resultaba Florencia Serranía, la exdirectora del Metro que, pese a haber sufrido en su gestión dos de los más grandes incidentes que ha tenido ese sistema de transporte en su historia, está protegida. Serranía, en una omisión inexplicable de la fiscalía capitalina, no fue llamada a declarar, y recientemente la contrataron en Conacyt. Por un largo tiempo se ha pensado que Serranía es protegida de Sheinbaum, pero no es así. Su principal apoyo es del Presidente, y sobre todo de su esposa.
La cuarta víctima potencial del peritaje sería Sheinbaum, y si los procesos judiciales fueran en México normales, posiblemente el propio Presidente, en cuya política de austeridad podría encontrarse la razón principal por la falta de mantenimiento. Durante el año previo a la tragedia, el Metro no tuvo titular en la Subdirección General de Mantenimiento. Si no había dinero para mantenimiento es porque no había presupuesto, y la falta de recursos recaía en Sheinbaum y López Obrador.
El escalamiento de la ruptura con DNV es más bien una estrategia copiada del Presidente, descalificar en lo individual para desacreditar lo que hace. Sheinbaum recibió la aprobación del Presidente para evitar impacto en las elecciones presidenciales de 2024 y para que no lo afecten a él, ni a su delfín. Por ahora, eso está por verse.