La revisión de la cuenta pública del primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador nos enseñó que la corrupción que se iba a barrer de arriba para abajo, se quedó acumulada arriba. Mucha palabrería y poca acción. Lo que nos ha dejado este primer ejercicio de rendición de cuentas de la calamitosa 4T, es uno de los peores resultados que se recuerdan para un gobierno, y aunque la percepción de la mayoría aún no registre la realidad de los datos, esta administración se encamina, de no corregirse el rumbo, a ser la más corrupta y opaca que se recuerde. Las primeras planas de varios periódicos en la Ciudad de México mostraron ayer la punta con la cual comenzó a deshebrar la Auditoría Superior de la Federación al actual gobierno.
Desorden y falta de reglas retrasaron compras de medicamentos, los Microcréditos para el Bienestar sólo lograron 22% de su meta original, y hubo irregularidades en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Segalmex, el acrónimo de Seguridad Alimentaria Mexicana, que sustituyó a Diconsa y Liconsa, para utilizar sus cadenas de locales en el país para la distribución de comida a los más pobres, escondió más de 3 mil millones de pesos que no se sabe a dónde fueron a parar, causando un probable daño al erario. La Secretaría del Trabajo entregó becas hasta a los muertos. En total 67 mil millones de pesos en el gasto federal ejercido fueron utilizados de manera irregular, causando un probable daño patrimonial de 43 mil millones, poco menos que lo señalado en la cuenta pública de los primeros años de gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Los señalamientos de la Auditoría son inverosímiles para un gobierno cuya cabeza ha hecho de la lucha contra la corrupción la bandera de su carrera política. Estas primeras revisiones ponen contra la pared a López Obrador y lo enseñan no sólo como un Presidente que no es muy diferente a sus antecesores, sino que incluso podría llegar a rebasarlos. Hay observaciones inauditas para un gobierno que se dice impoluto en la primera revisión de su cuenta pública. El caso de las becas a muertos, que fueron 68 beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que recibieron 482 mil pesos, cuando ya habían muerto, y que añaden suspicacia a los programas sociales de López Obrador, que han sido cuestionados por su opacidad y falta de mecanismos de seguimiento y verificación. Las críticas, por lo que revelaron los auditores del Congreso, tienen sustento.
El programa de los llamados Servidores de la Nación, que maneja la Secretaría del Bienestar, y que funciona con fines electorales, presentó inconsistencias económicas por más de 561 millones de pesos durante 2019, donde no se sabe si efectivamente existen las personas que recibieron esos pagos, son aviadores o son meramente fantasmas usados para desvío de recursos. Dentro de los programas sociales, la Secretaría de Economía, el eje de ellos, fue una de las reinas del desaseo, al haber entregado más de 2 mil millones de pesos del programa Microcréditos para el Bienestar, sin saberse cómo se diseñó, cómo se promovió o si llegó a los sectores más necesitados, porque no se creó ninguna oficina que lo construyera e instrumentara. Casi mil millones de pesos adicionales de salarios tampoco están documentados. O sea, lo que sabemos por ahora es que ese dinero, o se despilfarró o se lo llevó el viento o se usó también para otros fines.
Las tres grandes obras de López Obrador también pasaron agua. La refinería de Dos Bocas, en la cual ha puesto toda su energía y desmantelado la reforma energética de Peña Nieto para satisfacer sus sueños y convicciones, reprobó en su construcción, porque la Secretaría de Energía omitió cuantificar el gasto de supervisión de obras, de impacto ambiental, y los beneficios que traería como negocio, que no fueron identificados con base en los ingresos de gasolina y diésel. El Tren Maya, producto de una vieja idea de sus años mozos, presentó inconsistencias por 135 millones de pesos que no aclaró Fonatur en su momento, y tuvo un incremento en el costo original de 16%, por lo cual no sólo está costando a los mexicanos más de 161 mil pesos, sino que se encuentra en el límite de ser un proyecto rentable y, como apunta el caso del Aeropuerto Felipe Ángeles, una obra más cuya receta salió peor que la enfermedad.
El Aeropuerto Felipe Ángeles, que se está construyendo en Santa Lucía, carece de una estrategia integral de transporte y de interconexión. La Auditoría emitió 15 recomendaciones sobre esta obra, cuya fallida planeación llevará a un costo mayor de lo calculado –hasta 2019 el incremento era de 231%–, si no se atiende lo planteado. El nuevo aeropuerto costará a los contribuyentes lo que nunca nos imaginábamos. Si el aeropuerto en Texcoco se iba a autofinanciar con los impuestos de tráfico aéreo y lo pagarían los usuarios, el de Santa Lucía lo pagaremos todos, incluido el 70% del total del voto de la consulta patito para cancelarlo, que lo dieron los chiapanecos, quienes apoyaron el fin de esa obra que, ahora sabemos, costó tres veces más de lo que López Obrador había dicho, y cerca de 45 mil millones de pesos más de lo que iba a costar Texcoco. Tirarlo a la basura, queda ahora claro, fue un tiro en los dos pies.
La metáfora de lo que representó ese primer año de gobierno lopezobradorista la da la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, presunta responsable de la transparencia de un gobierno que es oscuro, y que ordenó que no se diera información, que no hubiera comunicación con los auditores y que no les entregaran informes. Sandoval es la síntesis de lo que pasa en este gobierno, que se llenan la boca de lucha contra la corrupción, quizá para esconder la suya propia.