En los círculos altamente informados, ilustrados y donde, en algunos de ellos, se toman decisiones, el albazo en el Senado para prorrogar la presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue un experimento para medir, si llegado el momento, se amplía el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta 2026, en lugar de concluir en 2024.
Las ideas fuerza del discurso ya están sembradas: si no se consolida la transformación, habrá un retroceso; si no se terminan de hacer los cambios, todo va a ser más de lo mismo; si antes se aprobaron reformas contrarias al “interés popular”, hoy es más importante cuidar su bienestar que la ley misma.
López Obrador ha reiterado que una vez que termine el sexenio se irá a su rancho en Palenque, pero este lunes tuvo una serie de intervenciones que mostraron que en su pensamiento existen razones objetivas para romper con la Constitución si su causa lo amerita. Ante las críticas en México y el mundo de constitucionalistas y defensores de los derechos humanos, en la prensa y la academia, le preguntaron a López Obrador su posición con respecto a lo votado en el Senado, y sin atender el contexto, descalificando las críticas y bañándolas de ideología y política, como hace con todo aquello que está fuera de su sintonía, señaló:
“… Si ya se están por aprobar leyes para combatir la corrupción en el Poder Judicial, para combatir el nepotismo en el Poder Judicial… y si para llevarlas a la práctica se requiere que el actual presidente continúe dos años más, porque es garantía de que esos cambios se van a llevar a la práctica… yo estoy de acuerdo. Si no se amplía el periodo, quien llegue va a ser más de lo mismo, va a significar más de lo mismo, más de lo anterior, más de lo que significaba el antiguo régimen. Entonces, no olvidemos que estamos aquí para transformar; no venimos a que las cosas continúen igual”.
En la figura de Zaldívar se proyectó el Presidente. El discurso para apoyarlo es el mismo que utiliza para defender y justificar sus acciones. Él llegó para transformar el país y cambiar el régimen, al cual considera corrupto y que opone resistencias para evitar que se consolide el cambio que propone. López Obrador ha dicho que tiene que apresurarse; de ahí que lleve tanta prisa para consolidar sus reformas, y que queden tan sólidas, que no puedan ser desmanteladas una vez que deje la Presidencia. Si Zaldívar tiene que seguir al frente del Poder Judicial para hacer la transformación, ¿por qué él no requeriría de dos años más para el mismo fin?
Los grandes proyectos del Presidente enfrentan obstáculos legales. Hay amparos contra la construcción del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas. Tampoco ha resuelto el problema de tierras en el aeropuerto de Santa Lucía, y su reforma energética está paralizada por amparos. Las prioridades de su proyecto de cambio se han estrellado contra un muro.
De ahí la advertencia de respaldar la ampliación del periodo de Zaldívar para evitar “un retroceso”. López Obrador teme un frenón al suyo y la paralización de sus reformas si en las elecciones de junio, que ha identificado como el gran campo de batalla, sus “enemigos” le arrebatan el control del Congreso para, está convencido, descarrilar su proyecto.
En la defensa de Zaldívar levanta sus barricadas. “Si estamos en un proceso de transformación y hay condiciones, porque en el Ejecutivo se está llevando a cabo una reforma de fondo, y si en el Poder Judicial se puede llevar a cabo una reforma, ¿por qué no hacerlo?”, agregó. “Se rasgan las vestiduras diciendo que se afecta el marco legal. Se les olvida de que en el Congreso en el periodo neoliberal hicieron reformas contrarias al interés popular. Es más, todas las llamadas reformas estructurales se aprobaron porque repartían sobornos”.
Bajo ese criterio sin matices todo encuentra una excusa. Utilizando sus mismos sofismas, si los enemigos de su proyecto son aquéllos que enmarca en el periodo neoliberal, que a base de sobornos actuaron contra “el interés popular”, entonces sí puede haber prórroga del mandato presidencial sin importar que vaya en contra del marco legal, porque el fin justifica los medios, y legitimaría su proceder al pensarse López Obrador como el defensor del interés popular.
En su lenguaje codificado, agregó: “¿Qué no fue en la Cámara de Diputados donde se aprobó la reelección? ¿Y qué dijeron los abogados constitucionalistas cuando eso? ¿Qué dijeron los académicos? Nada”. Omitió el Presidente decir que aquello no fue un albazo, sino que se llevó a cabo mediante un proceso de discusión y confrontación de ideas dentro del marco legal. Se cambió la Constitución sin violarla, con el argumento de que la reelección en sistemas democráticos es un recurso para que el electorado decida si quiere que sus representantes continúen siéndolo –como hoy buscan hacerlo casi todos y todas las diputadas de Morena–, y no uno autoritario, como pareció sugerir López Obrador.
Lo interesante es la selección de palabras de López Obrador. Prórroga no es igual a reelección, pero siembra las semillas de la confusión semántica en millones de personas. La permanencia de Zaldívar es para que el Poder Judicial no esté al “servicio de los potentados”, y que garantice su honestidad, que es como ha definido su actuar, contra los privilegiados deshonestos.
"¿Cómo no voy a estar de acuerdo?”, dijo sobre la prórroga de Zaldívar. Entonces, ¿por qué no estaría de acuerdo el pueblo al que dice defender, de ampliar su mandato por dos años para protegerlo? En el caso de Zaldívar es para eliminar a “las mafias del poder”; en su caso, sería el argumento, para que esas mismas mafias no dañen al pueblo.
Si la prórroga de mandato presidencial va a una consulta popular, López Obrador ganaría y sería Presidente hasta 2026. Las condiciones para ello están en construcción.