Si en la primera parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto la seguridad pública estuvo mal, en la segunda parte, en la recta final del sexenio, estará peor. En función de los resultados, esta es la peor área del gobierno peñista, donde los rendimientos han sido sistemáticamente decrecientes. Urge un rediseño de la estrategia para combatir el crimen, pidió el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en donde el gobierno federal, los gobernadores, alcaldes y legisladores asuman su parte de responsabilidad. Urge sobre todo para el presidente, porque la debacle de la estrategia amenaza con devorar por completo los últimos meses de Peña Nieto en Los Pinos, y su principal carta –de acuerdo con las encuestas– para ser el abanderado del PRI para la elección presidencial de 2018, el secretario Osorio Chong, está tocado de muerte política.
La boca se les ha llenado de palabras huecas a los funcionarios peñistas desde el arranque del sexenio. La baladronada de que en 100 días acabarían con la violencia se convertirá en metáfora de su incompetencia. El gobierno del presidente Felipe Calderón les dejó un país en medio de una guerra civil, con una estrategia de fuego y muerte que tuvo su cenit en mayo de 2011, cuando las denuncias de homicidios dolosos alcanzaron la cifra de nueve mil 466 durante los primeros cuatro meses de ese año. A partir de entonces, la estrategia de ser más rápidos para abatir o capturar criminales, versus la velocidad de los cárteles para renovar sus cuadros, comenzó a reducir la estadística de la muerte. Para 2012, la cifra cayó a nueve mil 158, que bajó a siete mil 902 al año siguiente, a seis mil 887 en 2014, y seis mil 708 en 2015, cuando el diseño de mucha coordinación en el gabinete de seguridad y no confrontación con los cárteles de la droga, tocó piso.
Los criminales le tomaron la medida al gobierno. Se realinearon y se fortalecieron. La guerra civil reinició. Para 2016, la estrategia de contención y administración del combate contra la delincuencia estaba destrozada. El discurso oficial siguió ensalzando los logros que contrarrestaban con el total de denuncias de homicidios dolosos, que son con los que se identifica a la delincuencia organizada en el artículo 9 del Código Penal. En 2016, ese tipo de delito sumó siete mil 658 denuncias, lo que significó un incremento de 22 por ciento con respecto al año anterior. El Estado de México, Guerrero y Chihuahua, registraron el mayor número de estos crímenes, acumulando la tercera parte de este tipo de delitos en los 16 años que llevaba el siglo. El Estado de México, no fue sorpresa, fue el primer lugar nacional en violencia.
El número de asesinatos en la categoría de homicidios dolosos en 2016 llegó a 20 mil 549, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que significó un incremento de 20.6 por ciento con respecto a los 17 mil 34 homicidios dolosos denunciados en 2015, cuando ya se había notado un incremento de 8.8 por ciento con respecto a 2014. En los primeros cuatro meses de este año, lo que pasó fue el acabose. El total de denuncias presentadas por homicidio doloso se disparó a nueve mil 916, lo que significa un aumento de 29.5 por ciento con respecto al mismo periodo en 2016. Estos cuatro meses fueron el periodo más violento en la historia de México, o cuando menos, si se quiere ser purista, desde que se cuenta con registros de incidencia delictiva, hace 20 años.
Si las cosas estaban mal, como se apuntó en un principio, van a empeorar. En los primeros 54 meses del gobierno de Peña Nieto, casi cuatro años y medio en total, el número de homicidios dolosos denunciados llegó a 83 mil 209. Como comparación, en los primeros 54 meses de gobierno de Calderón hubo 70 mil 693 homicidios dolosos. La cifra en el actual gobierno puede ser incluso mayor, por las variables en la medición. Una de ellas es que si no está identificada la persona asesinada, no se contabiliza. Aun así, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que recoge información de todas las procuradurías del país, durante el sexenio de Peña Nieto se han denunciado hasta el momento 12 mil 516 homicidios por encima del total de denuncias en el gobierno de Calderón, lo que representa un incremento de 17.7 por ciento.
Los estados con mayor número de denuncias de este tipo de delitos son Veracruz, que tuvo un incremento de 122 por ciento entre 2015 y 2016, seguido de Michoacán (65 por ciento), Colima (259 por ciento), Baja California (42 por ciento) y Chihuahua (30 por ciento). En la suma general, 23 entidades del país sufrieron un aumento en las denuncias, lideradas por Veracruz, Michoacán y Colima. En los primeros cuatro meses de este año, como botón de la extensión territorial de la violencia, se reportaron denuncias en 28 entidades, con Baja California, Veracruz y Sinaloa a la cabeza.
Llamados como los que hizo De Hoyos a Osorio Chong, como responsable de la seguridad interior y la gobernabilidad, deben ser una exigencia para las instituciones, que hasta ahora se han dedicado a dos cosas: a esconder la cabeza como avestruces o a posponer el fortalecimiento institucional que tanto contribuye a esta debacle, por intereses partidistas particulares. A este respecto, no hay señales de que las cosas cambiarán, ni la voluntad presidencial para dar un golpe de timón y rectificar el rumbo.