El presidente electo de EU, Donald Trump, sigue enviando señales ominosas al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto; ahora, con la próxima designación del general retirado del Cuerpo de Infantes de Marina, John Kelly, como su secretario de Seguridad Interior, responsable de la vigilancia de las fronteras de Estados Unidos. No es por su calidad, de quien estará a cargo de construir el muro entre los dos países, por lo que Kelly es relevante y una mala noticia para el gobierno, sino por su pasado, un militar de línea dura, que piensa que la migración es un riesgo para la seguridad nacional de ese país, y que ha criticado al Ejército Mexicano por su involucramiento, directo o indirecto, en la matanza de Tlatlaya y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
El general Kelly fue hasta febrero de este año comandante general del Comando del Norte, que provee seguridad militar a Canadá, México, Puerto Rico, Bahamas y las Islas Vírgenes. Como comandante del Northcom, el acrónimo por el cual se le conoce, el general Kelly autorizó, en mayo de 2015, la desclasificación de un informe del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos del Comando, de octubre de 2014, en colaboración con el Comando de Defensa Aeroespacial Norteamericano, conocido por su acrónimo Norad. Aunque sumamente expurgado –con información que aún se considera secreta y demasiado sensitiva para ser divulgada, porque revelaría fuentes y métodos de recolección de inteligencia–, sus dos párrafos limpios dicen:
“1) Tlatlaya (involucramiento militar en el estado de Guerrero): ODC –las siglas para la Oficina de Cooperación de la Defensa– reporta 4 individuos en custodia civil (3 soldados por acusaciones de asesinatos/1 Teniente Coronel acusado de encubrimiento) y soldados adicionales en custodia militar (violaciones al Código de Justicia Militar). Nuevas evidencias indican que ese personal estuvo involucrado en el asesinato extrajudicial de 8 miembros de un cártel, después de dos enfrentamientos con múltiples víctimas civiles. SEDENA está investigando al comandante (un general brigadier) de la zona militar que supervisa al Batallón 102 de Infantería. Si resultan implicados en una violación de derechos humanos, toda la zona militar y 10 mil elementos serán inelegibles para la cooperación de asistencia de seguridad de Estados Unidos… ODC evalúa que en tanto más evidencia emerge, hay una mayor aceptación que el Ejército estuvo involucrado en irregularidades”.
“2) Iguala (México/involucramiento de la policía): ODC reporta que continúan desaparecidos 43 estudiantes después de ser secuestrados por miembros de un cártel en complicidad con la policía municipal. Ha habido aproximadamente 50 capturas de policías y funcionarios de gobierno, pero el paradero de los estudiantes sigue siendo desconocido. 9 fosas clandestinas han sido halladas en las afueras de Iguala, por un total de 10 (no todos los cuerpos se han contado aún). Ninguno de los 28 cuerpos identificados hasta ahora pertenecen a los estudiantes, con lo que se elevan preguntas alarmantes sobre la naturaleza extendida de la violencia en la región y el nivel de complicidad gubernamental”.
Esos informes forman parte de una serie de documentos en el Pentágono y el Departamento de Estado, durante el gobierno del presidente Barack Obama, que ayudaron a formar conclusiones reflejadas en los reportes anuales que da la cancillería estadounidense al Congreso, donde el volumen de páginas de violaciones a los derechos humanos en México se elevó hasta en 600%.
Otro de los documentos desclasificados fue el reporte semanal del ODC, que era el apunte militar estadounidense que sirve de enlace con el Ejército para el tema de la asistencia, de la primera semana de octubre de 2014, donde señala sobre Tlatlaya que siguen recibiendo muchas preguntas sobre la presunta violación de los derechos humanos por parte de soldados, y se congratula que, como le informaron en la Secretaría de la Defensa Nacional, casos como ese “se estaban llevando fuera del sistema de justicia militar y transferido a las autoridades civiles”. Estas son “buenas noticias”, calificó el ODC.
El paquete de documentos secretos que autorizó el general Kelly que fueran desclasificados, también refleja las contradicciones del presidente Peña Nieto en el manejo de actos de violencia y violaciones a derechos humanos en donde se encuentran involucrados militares. Un memorando de información sobre Tlatlaya, estableció que “el presidente Peña Nieto recibió muchas críticas de la comunidad militar por darle la espalda a los soldados acusados ‘que sólo hicieron su trabajo’, y de la comunidad de derechos humanos por no actuar con la velocidad apropiada para investigar el incidente”. En el mismo documento, el ODC reveló que mientras duraba la investigación, el Departamento de Estado ya había suspendido la asistencia militar al Batallón 102 de Infantería, que estuvo involucrado en la matanza de Tlatlaya.
La documentación desclasificada sobre violaciones a derechos humanos, por parte del Ejército Mexicano, forma parte del carácter del general Kelly. En un testimonio ante el Comité de Servicios Armados del Senado, en marzo de 2015, el todavía entonces jefe del Northcom resaltó que cada entrevista con un presidente, un ministro o un jefe de Fuerzas Armadas en México y América Latina, siempre “empieza y termina con una discusión directa sobre derechos humanos”. De manera clara lo sintió el Ejército Mexicano, pero no se limitaba sólo a la Defensa. Aquel testimonio en el Capitolio, que habla de muchas más debilidades y fallas del gobierno de Peña Nieto, fue lo que lo llevó a ser nombrado por Trump secretario de Seguridad Interior. De esto, se hablará en un próximo texto.