López Obrador se refirió esta semana a los proyectos de modernización de los puentes fronterizos del lado mexicano. Éstos existen, y se mencionaron en la columna, subrayando las prioridades del gobierno mexicano, en la Mesa de Otay, la ampliación del puente y puerto fronterizo entre Reynosa y Pharr, y la ampliación del puerto fronterizo San Jerónimo-Santa Teresa. La iniciativa de modernización fronteriza, sin embargo, arrancó en el contexto de la presentación del Acta de Infraestructura y Empleo firmada por Biden en noviembre, un plan a cinco años de modernización de la infraestructura fronteriza con un costo de 3 mil 600 millones de dólares para hacer más segura la región y más eficiente el tránsito de personas y comercio.
El plan elaborado por Aduanas y Protección Fronteriza, se agregó en la columna, apunta a proteger a los estadounidenses y facilitar el comercio y el turismo, mediante un incremento de verificaciones biométricas de personas y vehículos para impedir el paso de drogas y neutralizar “otras amenazas a la seguridad”. La Casa Blanca lo estaba negociando desde hacía dos años con los gobiernos estatales fronterizos, con el gobierno mexicano y con sectores empresariales, y el final de las conversaciones se anunció en mayo, durante un fórum en Tijuana donde participaron el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y el subsecretario de Estado para Narcóticos Internacionales y Asuntos Judiciales, Todd Robinson.
La instrucción de Biden y López Obrador, dijo en ese momento Ebrard, era acelerar el trabajo para que, a finales del próximo año, los proyectos estuvieran funcionando en su totalidad. Sin embargo, se agregó en la columna, había un problema. La barrera con la que se había topado la Casa Blanca era el gobierno de López Obrador, que estaba en desacuerdo con una exigencia de seguridad del gobierno de Biden en la frontera mexicana.
México estaba dispuesto a recibir equipo y tecnología de Estados Unidos para esos fines, pero no la condición para ello: aceptar que las pruebas para verificar la puesta en marcha del equipo las realizara Sandia National Laboratories, un laboratorio del Departamento de Energía operado por Honeywell International, que es contratista del gobierno estadounidense. Esa empresa se especializa en seguridad nacional, contraterrorismo, vigilancia policial, sensores militares para percibir humanos y satélites.
La propuesta de la Casa Blanca, a través del Consejo Nacional de Seguridad, era que los equipos instalados en México fueran supervisados por esa empresa, que también haría las pruebas para tener las garantías de que no serían alterados sus programas. En síntesis, que no hubiera corrupción mexicana.
Esta discusión, sin ser secreta, tampoco se ha socializado. No tiene nada que ver con los 17 mil millones de pesos que inyectará México para la modernización de sus aduanas, sino con los mil 500 millones de dólares de los equipos que, como dijo Hassan, son “para mejorar el procesamiento y la seguridad a través de la administración de soluciones fronterizas probadas”.
Ahora toca emplazar al presidente López Obrador a que explique a los mexicanos por qué, primero, duplicó la inversión originalmente acordada con Biden, y segundo, por qué sí aceptó los equipos que antes rechazaba, pagando de nuestros impuestos, efectivamente, para la seguridad de los estadounidenses.
Nota: esta columna dejará de publicarse la próxima semana. Reiniciamos el lunes 1 de agosto.