Desde enero de 2012, recién entrado el gobierno de Roberto Sandoval, en Nayarit, el nombre de Édgar Veytia se vinculó al crimen organizado.
Ese mes, un integrante de la Policía de Nayarit, una unidad de élite para combatir el crimen organizado, encabezada por Veytia, fue asesinado en Tepic, en la antesala de lo que parecía iba a ser una lucha entre el Cártel del Pacífico y Los Zetas.
El policía fue abatido por la banda de Los Pelochos, al servicio de la organización sinaloense, que días antes había colocado una manta en la calle como advertencia: “A la ciudadanía en general, absténgase de salir a la calle sin negocio. Se empezará a hacer una limpia de zetas, empezando por la (Policía de Nayarit), escoltas de Beytia, ya que son las que están al mando de Los Zetas aquí en Nayarit”.
Durante muchos años, Nayarit fue santuario del Cártel del Pacífico. Ahí vivía la madre de Joaquín El Chapo Guzmán, donde se refugió en 2001 después de fugarse de la prisión de Puente Grande, en Guadalajara, en 2001, y era el refugio de los hermanos Beltrán Leyva, cuando estaban asociados con sus compadres sinaloenses y todavía después de romper con ellos, en 2008.
Cuando eso sucedió, los Beltrán Leyva forjaron una alianza táctica con Los Zetas, pero no convirtieron a Nayarit en un nuevo campo de batalla.
La llegada de Sandoval a la gubernatura hace seis años comenzó a modificar el estado de cosas. Veytia se encargó de empezar a limpiar el crimen organizado, como era su encomienda, pero todo caía de un solo lado, la reducción de todo lo que oliera a sinaloense.
Sandoval no hizo caso a las denuncias que comenzaron a aparecer en diversos medios. Promovió a Veytia y lo hizo fiscal nayarita.
Cuando a finales de 2013 surgieron denuncias de que estaba relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, retomadas por la prensa nacional, el gobernador volvió a hacer caso omiso de las alertas.
Tampoco, en la ampliación de las responsabilidades, hubo acción ninguna por parte del gobierno federal.
El entorno de seguridad se contaminó en la Rivera Nayarita en el último año con la lucha del Cártel Jalisco Nueva Generación con la rama sinaloense de El Chapo Guzmán, y no hubo alertas del CISEN a Los Pinos, de acuerdo con funcionarios en la casa presidencial.
En el gabinete de seguridad toleraron, por omisión o comisión, que Veytia no pasara los controles de confianza, exigidos por la Ley general de Seguridad Pública.
Esta laxitud volvió a meter al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en una situación delicada, al haber sido detenido el fiscal Veytia este lunes en San Diego, cuando buscaba ingresar a Estados Unidos, en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra librada el pasado 2 de marzo por la jueza Marylin G. Do, de la Corte del Distrito Este de Nueva York.
La acusación es muy seria. El fiscal Robert Capers –que irónicamente también lleva el caso de El Chapo Guzmán–, le fincó cargos por la producción, transportación y venta de heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana, entre enero de 2013 y febrero de 2017.
Este periodo es precisamente en el cual Veytia fue promovido por el gobernador Sandoval para ser el jefe de la unidad de élite para el combate al crimen organizado y su fiscal.
La misma paradoja que mostró una corte federal en San Antonio con el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, Veytia no era, a juicio de los fiscales en Nueva York, parte de la red de protección y complicidad de los cárteles de la droga, sino parte orgánica de ellos.
En la acusación, que fue terminada de integrar el 2 de marzo pasado, el fiscal nayarita es señalado como responsable de este tráfico de drogas junto con otras personas que no vienen identificadas en el documento hecho público este miércoles.
La documentación de la Fiscalía produce una onda expansiva en Nayarit, donde el gobernador Sandoval, titubeante y débil en su retórica, no fue capaz deslindarse claramente de Veytia, de quien el año pasado dijo: “Él es el fiscal, es el procurador de Justicia, comandante de las fuerzas, es policía, es un hombre que a lo mejor el día de hoy no lo valoran, pero el día que él deje de ser fiscal, se van a acordar de Édgar Veytia”.
Los galimatías de su declaración enfatizaban su relación con su hombre fuerte, que en algún momento, incluso, deslizó como un posible sucesor, al asegurar que él podría ganar las elecciones en junio próximo.
Sandoval es el segundo afectado, en lo inmediato, por la captura de su fiscal en Estados Unidos, al dejarlo vulnerable y exhibido.
O es cómplice de Veytia, o fue un mandatario tan incompetente que nunca pudo darse cuenta, a decir de la narrativa de la acusación en Nueva York, de lo que hacía el hombre a quien encargó luchar contra el crimen organizado.
Pero tampoco queda exento el gobierno federal, cuya superficialidad y deficiencias en el combate a los cárteles de la droga, no son vistas en Estados Unidos como un tema de incompetencia, sino de connivencia.
Veytia va a ser trasladado probablemente a la prisión metropolitana en Nueva York, donde se encuentra Guzmán, donde tendrá su juicio y le ofrecerán, para mejorar su situación legal, que les dé información.
En cualquiera de los dos casos, Sandoval y las autoridades mexicanas, también estarán sentados en el banquillo de los acusados.