En esta era morena que vivimos, ya nada es sorpresa. Por eso, que una delincuente confesa haya sido colocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la pista de despegue hacia la candidatura de su partido a la gubernatura del Estado de México, no decepciona a quienes pensamos que la ley es la gran ausente en la cabeza del Ejecutivo, y que el cinismo político del actual régimen es más poderoso que los recursos institucionales para impedir la transgresión de las normas jurídicas, políticas y éticas. Gracias a esta conversión de valores democráticos, Delfina Gómez será la candidata al gobierno que es la mayor joya electoral del país.
Gómez dejará la Secretaría de Educación, donde se caracterizó por una gestión mediocre, para asumir el cargo de coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, que es una posición que mantendrá hasta que, una vez que se abra el proceso electoral, pueda ser legalmente ungida como candidata. El puesto lo ganó en una encuesta realizada por Morena, con dos casas demoscópicas prestigiadas, Mendoza Blanco y Covarrubias y Asociados, donde obtuvo 37.1% del apoyo, muy por encima de su mentor, Higinio Martínez, que logró 14.9% de respaldo.
No hubo sorpresas por el resultado. Era la candidata que quería López Obrador, pero en abono de las casas encuestadoras, también era la mejor colocada en las preferencias morenas para el Estado de México. Gómez pertenece al Grupo Texcoco, que encabeza Martínez, y Horacio Duarte, el actual director de Aduanas, que alcanzó 9.6% del voto, y sobre el cual hay temores de que pueda fracturarse. La posibilidad de ello se le ha venido planteando al Presidente desde hace más de tres semanas, quien encargó a su operador político, Jesús Ramírez, que buscara evitarlo. Martínez fue citado el miércoles en Palacio Nacional, donde probablemente el Presidente o algún otro funcionario menor le informó la decisión que tomaría el partido.
Martínez se decía el mejor candidato de Morena para el Estado de México, lo que no se sabrá porque las encuestas no ven méritos, sino a las personas, y Gómez tenía una mayor visibilidad que su jefe de grupo político, no sólo por el cargo de secretaria, sino porque también fue la candidata de Morena al gobierno mexiquense en 2017. Qué sucederá con el Grupo Texcoco es una incógnita, pero si se rompe, debilitará de manera importante la candidatura futura, de sí débil, de Gómez. Lo que no es un misterio es la forma como el Presidente se burla de los mexicanos al respaldar a una delincuente confesa.
Como alcaldesa de Texcoco entre 2013 y 2015, Gómez retuvo unilateralmente 10% del salario de cientos de trabajadores municipales, y entregó más de 2 millones recaudados de manera involuntaria para la formación de Morena. El PAN presentó la denuncia ante el Instituto Nacional Electoral en 2017, en medio de la campaña para gobernador en el Estado de México –donde perdió ante el priista Alfredo del Mazo–, que investigó los “diezmos”, como los bautizó la prensa, y presentó ante el Tribunal Electoral, que en enero de este año confirmó la multa que le impuso el INE a Morena por 4 millones y medio de pesos. En el comunicado donde emitieron su decisión, el tribunal señaló:
1. Morena omitió el reporte de ingresos de 2014 y 2015 donde se armó un esquema de financiamiento paralelo para apoyar sus actividades ordinarias, mediante la retención de un porcentaje de salario de los trabajadores municipales de Texcoco y del DIF local.
2. Declaraciones en medios de comunicación arrojaron datos sobre la vinculación de dirigentes del Grupo Acción Política con Morena, así como que la denunciada Gómez aceptó que los recursos retenidos a los trabajadores serían para apoyar al partido.
3. Existieron diversas transferencias entre algunos trabajadores del municipio que, a la vez, eran militantes de Morena, y personas físicas y morales, sin acreditar para qué tipo de actos o servicios fueron transferidos los recursos.
En esa operación participaron Duarte, que era secretario del Ayuntamiento de Texcoco, y el senador Alberto Martínez –hermano de Higinio Martínez–, líder del Grupo Acción Política. Esta organización, un ramal de Morena en el Estado de México, “presuntamente realizaba actividades benéficas para la sociedad”, señaló el Tribunal Electoral, “pero fueron utilizados en beneficio del partido denunciado para su operación ordinaria, por lo que se pretendió ocultar de esta manera el destino real de los recursos retenidos a los trabajadores del municipio”.
Gómez fue acusada por un delito electoral, pero también pudo haber sido acusada por uno penal, peculado, que de acuerdo con el artículo 223 del Código Penal, se aplica cuando un servidor público desvía recursos públicos para su beneficio, o para el de una tercera persona física y moral. Por menos que esto, la Secretaría de la Función Pública ha tomado acciones drásticas a nivel federal. Al nivel estatal recientemente el Órgano Superior de Fiscalización mexiquense castigó a 33 personas con sentencias de hasta 10 años de inhabilitación y multas por 5 millones de pesos.
Lejos de ser amonestada, sancionada o marginada, al menos de la vida política, López Obrador la respaldó cuando salió la sentencia del tribunal. Dijo que era víctima de una campaña “muy injusta”, pero era “honesta, digna”, y no tenía “nada que ver con secretarios de Educación de otros tiempos”. La victimización de Gómez sirvió para desviar la conversación sobre su confesión de delincuente. Disparando al pasado, buscó esquivar el presente. Honesta, como dijo el Presidente, porque vive en la misma casa de siempre, no hace honorable a Gómez. No todo el que comete un delito lo hace con fines de lucro, al mismo tiempo que violar la ley con fines políticos, no la exime de haber hecho algo ilícito. Lo que la ayuda es que el Presidente piensa que las ilegalidades políticas, si sirven a su causa, son permitidas. Así de torcidos están los incentivos en estos tiempos morenos. Así de demolido está el Estado de derecho.
El Presidente piensa que las ilegalidades políticas, si sirven a su causa, son permitidas