Esto sucedió en Xalapa la noche del 17 de octubre. Cinco días antes Javier Duarte solicitó licencia como gobernador de Veracruz, e iniciaba abiertamente la persecución de quien hoy es un prófugo de la justicia. Los administradores de los 12 hospitales de la red de la Secretaría de Salud estatal, al mando del secretario Fernando Benítez Obeso –enfrentado con el secretario federal del ramo, José Narro–, fueron convocados de emergencia al día siguiente. Ningún teléfono celular fue permitido en esa reunión, lo que generó inquietud. Peor cuando, de acuerdo con personas que narraron ese encuentro, quien presidía la junta era Luisa Ángela Soto Maldonado, dirigente de la Sección 26 del Sindicato de Salud, y represente de la FSTSE. Incondicional del líder nacional de burócratas, Joel Ayala, y a quien en agosto el defenestrado Duarte había llamado “mi hermana”. Soto Maldonado habló abiertamente con los funcionarios para plantearles una operación que, de investigarse, podría ser un nuevo caso de corrupción por cuando menos 20 millones de pesos. La líder sindical no cubrió ninguna apariencia. Debió sentirse segura, pues este sábado, si no sucede nada excepcional, tendrá fuero como diputada plurinominal del PRI.
La relatoría del encuentro no deja dudas que lo que les planteó es un abierto y cínico acto de corrupción. Según la narrativa de la reunión, les dijo que gracias a sus gestiones personales había conseguido recursos extraordinarios para realizar obras y acciones de mantenimiento en los hospitales, pero que ante el pronto cambio de gobierno sería imposible llevar a cabo las licitaciones, porque el dinero extra obtenido debía que “gastarse” antes del 30 de noviembre, último día de la administración duartista. La lideresa sindical les dio la solución: el dinero se les entregaría de cualquier forma, y sería facturado por Andrés Noé Rodríguez Velázquez, quien está presente en la reunión, pero que nadie sabía quién era. Rodríguez Velázquez aparecería como “proveedor de servicios”.
Las obras y las acciones de mantenimiento que iban a ser “licitadas”, explicó Soto Maldonado según la relatoría del encuentro, no se iban a realizar. Pero, instruyó, las facturas tenían que llevar los conceptos que escogieran, dentro de un abanico limitado a “mantenimiento preventivo y correctivo de redes y plantas eléctricas de emergencia, modernización de cableados e instalaciones, impermeabilizaciones, instalación y mantenimiento preventivo de sistemas de aire acondicionado”. Varios de los administradores deben haber mostrado una cara de extrañamiento y sorpresa ante lo que oían, porque en la narración de esa reunión se recuerda que la lideresa les dijo que “no se preocuparan porque tenía todo controlado”. Al día siguiente, el 19 de octubre, les dijo, se les depositaría a las cuentas del hospital la mitad de los fondos asignados a cada uno, que no es posible conocerlos porque tuvieron cuidado en no incluir la cantidad entregada a cada hospital en los correos electrónicos, donde se les añadieron instrucciones. El cálculo que se hace es de 20 millones de pesos, aunque según expertos que conocen el sistema de hospitales, podría sumar tres o cuatro veces más el monto.
Soto Maldonado tenía toda la autoridad para hacer ese ofrecimiento y compromiso, que se infiere por las personas que la acompañaban a esa reunión: Hugo Odón Flores Lira, director Administrativo de la Secretaría de Salud de Veracruz, quien llegó con la representación y los saludos del titular Benítez Obeso; Judith Parrazal, subdirectora de Recursos Financieros, y Humberto Peña Ceronio, subdirector de Servicios Generales. Todas las instrucciones, reiteró, las daría la lideresa sindical y “debían” ser cumplidas de manera “inmediata y obligatoria”.
Las instrucciones eran que en el momento de recibir los recursos, se debían depositar nuevamente en la cuenta bancaria de Rodríguez Velázquez, en un banco español en Tantoyuca. La transferencia de fondos empezó al día siguiente, cuando los hospitales de Acayucan, Boca del Río, Cosamaloapan, Llano de En Medio, Naranjos, Pánuco, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Tarimoya, Tlalixcoyan y Veracruz, recibieron la primera transferencia realizada por el área de Recursos Financieros de la Secretaría de Salud estatal.
Los administradores de los hospitales, instruyó Soto Maldonado, debían enviar un oficio de solicitud de obras y servicios con fecha del 5 de octubre o previo, dirigido al director de Administración y Finanzas de la secretaría, Ricardo Sandoval Aguilar, quien renunció el primero de noviembre en medio de todas las denuncias de corrupción por el presunto desvío de miles de millones de pesos en el estado. Flores Lira fue quien lo sustituyó. La lideresa sindical les anticipó que una vez que cumplieran “esta importante misión”, serían “generosamente recompensados cuando se haga el pago de la segunda mitad de los trabajos”. Soto Maldonado, sin embargo, había sido muy enfática en señalarles que una vez que recibieran el dinero, cada uno de los administradores de los hospitales serían responsables únicos de la contratación y la comprobación del supuesto ejercicio de los recursos que comenzarían a serles transferidos como “anticipo de gastos”.
La relatoría de lo que sucedió aquella noche reciente en Xalapa sugiere un patrón de comportamiento cínico, permeado por la impunidad. No se puede acusar a nadie de ladrón y corrupto a partir de esta relatoría, pero sí es un primer documento para que las autoridades federales inicien una nueva investigación sobre lo que está sucediendo en Veracruz, donde el sistema de corrupción en el duartismo está colapsado. No hay mucho tiempo, empero. Soto Maldonado está a un día de obtener fuero.
P.D. En la columna “Duarte el insaciable (yII)”, se identificó a Salvador Mansur Cohen como exsecretario de Finanzas de Veracruz. Es un error. Quien ocupó esa posición fue Salvador Manzur Díaz, que no forma parte de la indagatoria.