Asiste la razón al presidente López Obrador en la defensa de la soberanía ante Estados Unidos. La razón, pero –para variar– no el modo ni el foco. Y dado que muchos de los lances de allá encuentran origen aquí, mal no haría en ver lo que él considera la paja y no sólo la viga.
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Más allá de las provocaciones de algunos republicanos estadounidenses ansiosos por alcanzar notoriedad, mejorar su posicionamiento y presionar a como dé lugar a México para frenar el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, y en las cuales cayó Andrés Manuel López Obrador, lo que esta semana lo descolocó, irritó y desbocó fue otro motivo. La postura del Departamento de Estado de ese país en relación con varios asuntos vinculados a México. Los ejes del malestar generado en el Ejecutivo mexicano son tres.
Uno, el informe de derechos humanos que aquella dependencia prepara anualmente para el Congreso y en el cual acusa graves violaciones en México. Mismas que, aun cuando el mandatario las niegue o minimice, para nadie son un secreto. El catálogo de abusos, violaciones y dejadez oficial es terrible: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, impunidad, baja tasa de enjuiciamiento y, claro, restricciones a la libertad de expresión de la prensa e integrantes de ella.
Dos, las observaciones de Antony Blinken, titular del Departamento, sobre México hechas a instancias de los republicanos, Lindsey Graham y Bill Hagerty, durante una audiencia en el Senado –detalle que escapa al presidente López Obrador. Tales reconocimientos son: el dominio del crimen y del Estado de regiones de México; la no desconsideración de clasificar como grupos terroristas a los cárteles criminales de México, aunque ello no necesariamente supone una herramienta adicional a las existentes; el impacto negativo que puede acarrear a la inversión de Estados Unidos y otros países en México, la incautación en la península de Yucatán del puerto de carga de Vulcan Materials –una empresa de Alabama del ramo de materiales de construcción que dejó de aceptar la descarga de insumos para la construcción del Tren Maya y con la cual el gobierno mexicano sostiene un litigio.
Tres. Una conjetura. La audiencia concedida por el Departamento de Estado, en particular por Brian Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, al saliente consejero-presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, que ha hecho de la defensa equivocada de ese órgano causa de militancia y protagonismo dentro y fuera del país. Encuentro que, en el marco del litigio de la reforma electoral aquí, Nichols resumió en Twitter así: “Un placer reunirme con @lorenzocordovav del @INEMexico. Discutimos la importancia de instituciones electorales independientes y bien dotadas de recursos y la reputación global del INE por su excelencia en la promoción de elecciones libres y justas”.
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Obviamente, tales observaciones y posturas pegan en el corazón político del presidente López Obrador y, quizá, porque su pecho no es bodega, no tuvo empacho en despotricar en contra de ellas. Sin embargo, la realidad no se tapa con la estridencia de una serie de declaraciones.
Si el mandatario dejara de confundir voluntad con realidad y reaccionara con más racionalidad advertiría una cuestión elemental. El origen de los señalamientos y posturas adoptadas por el Departamento de Estado se encuentra aquí. no allá. Y si, como aquí se escribía hace unos días, algo queda de aquel postulado presidencial que reza “la mejor política exterior, es la interior”, más valdría poner manos a la obra que lengua a las declaraciones.
En el capítulo de la violación de los derechos humanos no se pueden cerrar los ojos y menos caer en la negación sólo por el deseo de no verse involucrado en prácticas de lesa humanidad, declarándose humanista. Más de ciento diez mil desaparecidos no se borran ni olvidan arguyendo que no existen, como tampoco se revive a los cinco jóvenes ejecutados hace unas semanas por el Ejército en Matamoros. Ciertamente, en muchas líneas de ese capítulo, la acción seria y comprometida no arrojara resultados de inmediato, pero hay una línea que se podría liquidar de inmediato. La cancelación de la sección “Quién es quién en las mentiras” y el constante hostigamiento presidencial a la prensa, ese recurso ya no rinde dividendos al Ejecutivo y sí le genera desprestigio.
El dominio criminal de plazas y regiones del país demanda una seria rectificación de la política de seguridad pública que, sin renunciar a erradicar las causas de la delincuencia social, sí reconozca y afronte la industria montada por la delincuencia organizada, el crimen profesional. El uso de la disfuncional Secretaría de Seguridad como plataforma de lanzamiento electoral y oficina de relaciones públicas de la Guardia, el Ejército y la Armada poco ayuda, mucho menos manifestar consideración a los profesionales del crimen sin tomar en cuenta a la inerme ciudadanía. Es de sabios cambiar de opinión, de vez en vez dice el mandatario.
Desde su origen el afán presidencial por modificar el sistema electoral erró, más de una vez se ha dicho, en el momento, modo y tono y, de revés en revés, va a su derrota final. ¿Qué caso coronar un fracaso?
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Hasta ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador ha evitado subir al ring de las descalificaciones al presidente Joe Biden. Qué bueno. Pero seguir alimentando el fuego de artificio con tanta paja aquí, puede provocar un incendio justo cuando de un lado y del otro de la frontera el poder estará en juego. Eso no es transformar, es complicar y justificar. ¿Qué necesidad?
En breve
La presunta licenciada sigue ahí. Deje de calentar el asiento. Colabore.
Con fuego de artificio, el Ejecutivo de aquí acusa al Departamento de Estado de allá de ver la paja y no la viga. Pero con tanta paja a ver si no genera un incendio.
Con fuego de artificio, el Ejecutivo de aquí acusa al Departamento de Estado de allá de ver la paja y no la viga. Pero con tanta paja a ver si no genera un incendio.