En México pasan demasiadas cosas malas, y si me apuran ocurren demasiado a menudo. Por ello, para que las muertes de 16 personas en un hospital del IMSS en Tula, Hidalgo, no se nos traspapelen como una tragedia más, hay que seguir hablando de ello, hablando y demandando una investigación.
El gobierno se inventó para que nos cuide. De enemigos extranjeros, de amenazas, de calamidades naturales. Pero también de enfermedades y de negligencia de actores privados o públicos. Esta semana el gobierno de la República le falló a las personas que fallecieron en Tula, Hidalgo, en el Hospital 5 del Seguro Social.
Es terrible que familias que confiaron al IMSS a sus enfermos hoy reciban el pésame por una inundación que dio múltiples avisos.
La relación con un gobierno, con cualquiera, pasa por la confianza. Los ciudadanos confían en las autoridades y éstas tienen la obligación de no defraudar a la sociedad.
Con su proceder, las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social han fallado en lo más elemental. Tenían que cuidar a esos enfermos; en la medida de lo posible debían devolverles la salud, pero sobre todo era su deber no complicar sus males, no provocarles la muerte.
En las versiones iniciales se dijo que al menos 14 de las 16 personas que fallecieron en el IMSS esta semana murieron porque ese instituto, orgullo de las familias mexicanas en tantas ocasiones, no tomó las más elementales medidas para que esos enfermos no perecieran por una falta de oxígeno provocada por fallas de electricidad debidas a la inundación del río Tula. Cuesta trabajo imaginar una muerte más absurda, una negligencia tan grande y evitable.
El gobierno de la República está obligado a hacer una investigación tan imparcial como exhaustiva que deslinde responsabilidades. La sociedad debe saber quiénes fallaron, y debe saber que esos que no hicieron lo debido y lo correcto no volverán a estar en un puesto de responsabilidad donde puedan hacer un nuevo daño.
Eso es lo mínimo que tienen que hacer si quieren recuperar algo de la confianza perdida por este grave percance.
A las familias no se les podrá devolver con vida a sus seres queridos. Pero merecen saber quién les falló y saber que ésos no fallarán a otros o a ellos mismos en esa clínica o en otra.
Todos los niveles de autoridades de Protección Civil deben aclarar qué debió hacerse para prevenir esas muertes. Lo mismo las autoridades electas en Tula y en Hidalgo. Lo mismo aplica para aquéllos que sean responsables de las cuencas y presas aledañas. Y, por supuesto, el IMSS debe hacer público todo su proceder al interior de ese hospital y en otros niveles de ese instituto.
En última instancia, el gobierno de la República debe destinar recursos a la investigación y tiene que mostrarle a la ciudadanía que es el actor más interesado y comprometido con encontrar y sancionar a los responsables.
Porque el gobierno también se inventó para cuidar a los ciudadanos de las malas acciones del propio gobierno.
Y aquí no cabe la actitud condescendiente que frente a otras desgracias ha mostrado el Presidente, ésa de que los pobres son comprensivos con las tragedias.
No existe la mala suerte ni la voluntad divina. Las tragedias tienen padres, el gobierno debe decirnos quién dentro y fuera del IMSS no hizo lo debido para evitar que hoy esas familias vivan un duelo.
No puede permitirse que el caso se vuelva sólo una mala noticia más, una de las muchas que ocurren demasiado a menudo en México, y más a los pobres.