Hay que repetir un antecedente ajeno a nosotros. Las investigaciones de las torturas estadounidenses en la prisión de Abu Ghraib en Irak, en 2004, concluyeron que aunque Donald Rumsfeld, entonces secretario de Defensa de Estados Unidos, no ordenó torturar, sí era responsable por haber creado en el Ejército el ambiente propicio para los graves abusos de esa guerra.
Sirva ese caso extremo para reflexionar sobre las consecuencias que podría tener la conducta del Presidente de la República, que no desperdicia oportunidad para el denuesto y la descalificación tanto de opositores como de autoridades de toda índole, e incluso de ciudadanos comunes (médicos).
Esa actitud reiterativa de Andrés Manuel López Obrador es replicada por otros actores, con menos poder, sin duda, pero cuyas expresiones también hacen mella, por lo pronto, en el ambiente de mínimo respeto institucional esperable de funcionarios públicos o representantes populares.
La semana pasada ocurrió uno de los casos más preocupantes de ese mimetismo agresivo. El viernes, José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de la Marina, se permitió criticar en voz alta y en un evento público a jueces que no ayudan a procesar a presuntos criminales: “Hay muchos casos que hasta pena nos da que actúen de esa manera, que parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial”.
De tiempo atrás marinos y soldados, y no pocos policías y fiscales, tienden a quejarse del supuesto rigorismo de los juzgadores. En eso, la declaración de Ojeda Durán no es original. Sin embargo, que un hombre de armas llame enemigo a un juez que, en estricto sentido, sólo estaría aplicando la ley a la hora de impedir consignaciones de personas sin el debido proceso, traspasa un riesgoso umbral.
Porque uno de los pilares de nuestras Fuerzas Armadas dijo, para cualquiera de la tropa que quisiera oírlo y delante del comandante supremo, que en una de ésas el enemigo es quien aplica la ley, ya no digamos el criminal –que tampoco debe recibir tal apelativo, por cierto–.
El secretario de Marina no recibió de su jefe amonestación alguna, y menos presentó disculpas por sus expresiones. Así que fijado quedó que, para el uniformado, la ley y sus representantes pueden ser parte del problema de la violencia. En un país que tanto ha batallado para que los militares se sujeten al fuero civil tales expresiones son una pésima noticia.
El caso del almirante Ojeda Durán es un extremo de una realidad donde el Presidente no sólo se da a sí mismo licencia para las diatribas, sino que ha otorgado permiso para atacar.
En los últimos meses, para no ir más lejos, Morena no sólo no desautorizó los excesos de Félix Salgado Macedonio cuando éste la emprendió contra el INE y algunos de sus consejeros, particularmente Ciro Murayama y Lorenzo Córdova: el partido de AMLO le puso bocinas y matracas a quien amenazó con ir a casa del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. ¿Se requiere más evidencia de la aprobación presidencial ante esos ataques?
Y como ese caso se pueden mencionar algunos otros de colaboradores de López Obrador que encuentran en los infundios la salida fácil a cuestionamientos legítimos. Cuando es evidenciado, López-Gatell, por ejemplo, es campeón en ver conjuras de la prensa o en acusar supuesta falta de rigor de los periodistas.
Todo lo anterior tiene su brazo más vulgar en las redes sociales, donde hordas atacan cualquier crítica o disenso de la política o propaganda del gobierno.
El permiso para atacar pretende silenciar a los herejes. Puede que en alguna medida lo logren, pero también podrían desatar tragedias mayores.