Este lunes 26 de septiembre se cumplen ocho años de la lamentable noticia que sacudió a México: 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Isidro Burgos", en Ayotzinapa, Guerrero, desaparecieron tras una violenta jornada en el municipio de Iguala, donde se vieron involucrados elementos de la policía municipal, estatal, del Ejército; así como funcionarios de alto nivel del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Pero, a ocho años del terrible suceso, ¿Cuáles han sido los avances? ¿Quiénes han sido detenidos? Aquí te los contamos
AVANCES DEL CASO
El 18 de agosto de 2022, la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ) publicó un informe que confirma que la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, fue un crimen de Estado.
Entre otros temas, la presidencia de la COVAJ dio a conocer datos sobre la responsabilidad militar en los hechos de desaparición forzada. También profundiza en la participación de autoridades de alto nivel en la fabricación de la llamada “Verdad Histórica”.
El subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, quien es el encargado de la COVAJ dio a conocer el informe 97 páginas y ocho anexos que retoman y profundizan en la reconstrucción de los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014; así como la fabricación de la falsa versión del caso que fue anunciada por la entonces PGR.
En 2021, Encinas detalló que en suma se han "liberado" 31 mil 238 documentos, de los cuales la mayoría proviene de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre el caso.
Resaltó que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) realizó 40 grabaciones de interrogatorios a testigos del caso, con los que se comprobó que funcionarios públicos cometieron irregularidades y torturaron psicológica o físicamente a los detenidos.
SE CAYÓ LA "VERDAD HISTÓRICA"
En enero de 2015, el exprocurador determinó la verdad histórica para explicar la desaparición de 43 estudiantes, la cual estaba basada en las declaraciones de presuntos integrantes del grupo criminal conocido como Guerreros Unidos.
Murillo Karam apuntó que los jóvenes fueron detenidos por policías municipales de Cocula para después ser entregados a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, presuntamente liderada por el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y Sindonio Casarrubias.
Una vez que fueron sometidos, explicó Jesús Karam, los normalistas fueron privados de la libertad, asesinados e incinerados en el basurero municipal de Cocula para posteriormente arrojar sus restos al Río San Juan, lugar donde posteriormente se extrajeron varias bolsas de basura con los supuestos restos de los jóvenes, ya sin poder identificar debido a que fueron quemados.
Sin embargo, Alejandro Encinas señaló que el diseño de la “verdad histórica” se diseñó desde la Presidencia de la República de Enrique Peña Nieto.
Explicó que diversos funcionarios, de todos los órdenes de gobierno, participaron en reuniones encabezadas por el Ejecutivo federal para operar la versión oficial sobre la desaparición forzada de los estudiantes.
Indicó que los normalistas nunca estuvieron juntos la noche del 26 de septiembre.
ESTUDIANTES IDENTIFICADOS
La Comisión de la Verdad identificó en 2020 los restos de Christian Alfonso Rodríguez y en junio los de Jhosivani Guerrero en la barranca de la Carnicería, a un kilómetro del basurero de Cocula y sin marcas de fuego.
Previamente, en diciembre de 2014, integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAG) confirmaron que los restos encontrados en Cocula correspondían a Alexander Mora.
"FUE UN CRIMEN DE ESTADO"
El informe confirmo que Ayotzinapa fue un crimen de Estado en el que participaron autoridades de distintas instituciones en la desaparición de los estudiantes.
Autoridades de todos los niveles estaban al tanto de los movimientos de los estudiantes la noche del 26 de septiembre. El nuevo informe coincide con el GIEI en esta conclusión al señalar:
…tanto las autoridades federales, estatales y municipales Sedena, CISEN, Policía Federal Preventiva, gobierno de Guerrero, Policía Estatal, entre otras, estaban informadas y dando seguimiento a las acciones de los estudiantes…(..) Esto acredita responsabilidades por acción, omisión o negligencia en las actuaciones gubernamentales al momento de presentarse los hechos de persecución, violencia y desaparición de los estudiantes en Iguala.
Además, las nuevas revelaciones sobre la participación del Ejército, como había trascendido en 2019, destacan que la Sedena contaba con un elemento infiltrado en la escuela, quien se encargaba de informar a sus superiores de las actividades de los normalistas y se encuentra entre las 43 víctimas desaparecidas.
A través de esta y otras fuentes, las autoridades militares estaban al tanto de los movimientos de los estudiantes. Sin embargo, no emprendieron esfuerzos por buscar a su elemento desaparecido.
Estos hechos se suman a otras revelaciones de meses pasados hechas por el GIEI que implican a la Sedena y la Secretaría de Marina (Semar) en diversos momentos de los hechos del 26 de septiembre y en la posterior construcción de la “Verdad Histórica”.
Acusaron que las instituciones militares también han sido reticentes a entregar toda la información del caso, incluso después de que el presidente López Obrador lo instruyera en un decreto presidencial en 2018.
DETENCIONES
En la conferencia mañanera del 15 de septiembre, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, anunció la detención del general José Rodríguez, quien en septiembre de 2014 fungía como comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, así como la de otros tres militares presuntamente involucrados.
A dichos elementos del Ejército se les dictó auto de formal prisión por delincuencia organizada y desaparición; sin embargo, el número de militares detenidos causó extrañeza, pues la FGR había notificado apenas en agosto pasado la existencia de órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de los batallones 27 y 41 de Infantería de Iguala y Teloloapan, Guerrero, de un total de 83 órdenes de aprehensión que se habían girado a autoridades y civiles involucradas en los sucesos.
El 19 de agosto fue detenido el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por su papel en construir la falsa “Verdad Histórica” del caso.
Actualmente se encuentra procesado por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia y está preso en el Reclusorio Norte en la Ciudad de México.
La Fiscalía General de la República (FGR) también anunció la obtención de 83 órdenes de aprehensión adicionales en relación con el caso.
En 2020, La FGR cumplimentó órdenes de aprehensión contra José Ángel Casarrubias Salgado, "El Mochomo, presunto líder de Guerreros Unidos, y su abogado Arturo Rodríguez García, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.
'El Mochomo' se amparó contra proceso penal por caso Ayotzinapa, por lo que permaneció arraigado durante 80 días, después de que el 1 de julio, la juez María del Socorro Castillo Sánchez, titular del juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, decretó auto de libertad a favor de José Ángel por no existir elementos para juzgarlo por el delito de delincuencia organizada que se le imputa por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014
En noviembre de 2014, José Luis Abraca, exalcalde de Iguala, y su esposa María de los Ángeles Pineda, fueron detenidos en un operativo realizado por autoridades federales, en un domicilio particular en Iztapalapa, en la Ciudad de México.
En este 2022, ambos recibieron auto de formal prisión por parte de un juez federal, por delito de delincuencia organizada, en la modalidad de delitos contra la salud, por la presunta relación de la pareja con Guerreros Unidos, uno de los grupos criminales que operan en esa entidad.
Abarca se encuentra preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde fue recluido hace ocho años.
¿QUIÉN ORDENÓ LA DESAPARICIÓN DE LOS 43 ESTUDIANTES?
El Gobierno de México asegura que un coronel del Ejército, José Rodríguez, ordenó asesinar a seis de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Así lo informó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,, encargado de la comisión presidencial que investiga el caso.
Previamente indicó que "José Luis Abarca, también es “uno de los principales involucrados en la desaparición de los muchachos"; al dar a conocer el informe sobre el caso.
Detalló que Abarca, mencionado como A1, en dicho reporte, presuntamente dio la orden de matar a los normalistas.
“Me chingan a todos a discreción” y “mátalos a todos, Iguala es mío” fueron algunas de las declaraciones de José Luis Abarca recogidas en el informe sobre el caso Ayotzinapa.
LOS PENDIENTES
Uno de los grandes pendientes y por lo que se llevado a cabo movilizaciones por parte de los familiares de los estudiantes desparecidos es la extradición de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, quien es señalado como otro de los orquestadores de la "Verdad Histórica" .
El Gobierno Federal aseguró que se encuentra en pláticas con la Embajada de Israel para concretar la extradición que se ha quedado en pausa desde hace tres años.
Otro de los pendientes, según Alejandro Encinas, es la investigación del juez Samuel Ventura Ramos, quien ha exonerado a 121 implicados en el caso, entre ellos, José Luis Abarca.
Desde la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en 2014, perpetrada por fuerzas de seguridad y la delincuencia organizada, las familias de los normalistas han encabezado una lucha larga por acceder a la verdad y a la justicia. El caso Ayotzinapa forma parte de una crisis de desapariciones que ha pasado las 100 mil víctimas en México.