Porque para muchos, la medida cautelar contra Lozoya no es proporcional a los delitos de los que se le acusa
Este 28 de julio, el juez de control, José Artega Zúñiga, vinculó a proceso al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el delito de lavado de dinero en el caso de la planta de fertilizantes de Agro Nitrogenados; la medida cautelar aplicada fue permanecer en el hospital y posteriormente llevar su proceso en libertad.
Esta decisión ha provocado diversas críticas al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y en redes sociales se preguntaran por qué hay diferencia entre el caso de Rosario Robles y el exdirector de Pemex.
Robles fue vinculada a proceso y se le dictó prisión preventiva por el delito de ejercicio indebido de funciones durante su titularidad en la Sedesol y Sedatu.
De acuerdo con la investigación llamada "La Estafa Maestra", Robles participó en el desfalco de casi 5 mil millones de pesos del erario público a través de universidades y empresas fantasma y que se realizaron entre 2013 y 2016.
Este delito no se considera grave y podría llevar el juicio en libertad; sin embargo, el juez decidió aplicar como medida cautelar la prisión preventiva.
Algunos ponen hincapié que mientras Robles se presentó voluntariamente a declarar, Lozoya huyó Europa.
Para el comentarista Jorge Berry asegura que no se trata de delitos, sino de afectos.
El exprocurador de justicia, Ignacio Morales Lechuga, calificó la decisión como un rasgo de autoritarismo y cree que el caso es una muestra de la desigualdad en la justicia.
El exdiputado Fernando Belaunzarán salió en defensa de Robles.
Desde 2013, cuando Robles encabezaba la Sedesol, la dependencia celebró contratos con, al menos, doce universidades públicas del Estado de México, Quintana Roo, Hidalgo y Sonora, mediante las cuales se realizó una supuesta triangulación de recursos.
Según la misma Auditoría Superior de la Federación (ASF) el desvío de recursos se realizó de la siguiente forma: las dependencias daban contratos directos a a universidades para la prestación de bienes y servicios, y éstas se encargaban de pagar a empresas fantasmas.
Un total 24 contratos fueron realizados de dicha forma.
A diferencia de Lozoya, Robles no se acató a la figura de testigo protegido; sin embargo, en múltiples ocasiones ha dicho que su caso es tratado como una venganza política e incluso ha mandado cartas a AMLO para que revise su caso.