Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un tuit de la académica Denise Dresser donde afirma que el acuerdo presidencial para blindar las obras públicas realizadas en el gobierno actual, es un golpe de Estado.
Dresser lanzó el tuit luego de que se diera a conocer en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que declara la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México como asuntos de interés público y de seguridad nacional.
Entre esas obras, abunda el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, están las asociadas a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles (en todas sus modalidades), energético, puertos y aeropuertos.
Las facultades del decreto no terminan ahí: también instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a que otorguen la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar dichos proyectos.
Esa autorización deberá ser emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente.
El tuit de Dresser provocó las burlas del presidente, y de los AMLOvers, pues afirman que la politóloga no sabe lo que dice.
Y es aquí donde nos hacemos la pregunta. ¿Realmente lo que está pasando con el acuerdo es un golpe de Estado?
Primero hay que saber qué es un golpe de Estado.
De acuerdo con la RAE, por definición, esta acción es el desmantelamiento de las instituciones constitucionales sin seguir el procedimiento establecido.
Puede ser autor de un golpe de Estado el propio presidente del Ejecutivo si, por ejemplo, disuelve el Congreso fuera de los supuestos previstos en la Constitución.
También es la acción de sustituir, de manera repentina, a quien ostente el poder político, a través de la fuerza y otros medios inconstitucionales.
Octavio Moreno, académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, los define como fenómenos poco estudiados donde intervienen distintas variantes sociales, económicas y gubernamentales.
"La mayoría de los golpes de Estado son de índole militar y de ideología de derecha, aunque también hay variantes sociales, gubernamentales y en los casos más descabellados, autogolpes generados por las mismas instituciones del gobierno", afirmó el investigador.
El acuerdo de AMLO contempla que las obras públicas sean dispensadas de algunos trámites para que se realicen de manera expedita, sin embargo, la oposición afirma que esto no permitirá la transparencia y le da poder a las Fuerzas Armadas, quienes con la llegada de la 4T fueron instruidas para construir dichas obras como el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles.
De ahí que algunos crean que México podría estar ante un "autogolpe" de Estado, pues poco a poco, la Guardia Nacional, la Marina y la Sedena han tomado funciones civiles.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) en su análisis 'México militarizado: la guerra se perdió, pero la paz no llega', describe que en México, este tipo de decisiones están prendiendo las alertas, aunque no las calificaría como un golpe de Estado, pues no es necesario.
"El peso de las Fuerzas Armadas mexicanas dentro y fuera del ámbito de la seguridad puede significar que no hace falta un golpe de Estado para que las instituciones militares ejerzan niveles de poder".
De acuerdo con este estudio, más que un golpe de Estado, lo que México está viviendo es una militarización.
"El Estado no ha utilizado los últimos 15 años de militarización para instalar estructuras y prácticas eficaces contra la violencia a nivel nacional (...) Durante tres sexenios, con variaciones, la militarización se ha convertido de supuesta medida transitoria, a estrategia de largo plazo", señala el análisis.