El costo económico de la sobrerrepresentación y extinción de los organismos autónomos empezaría por la inversión y terminaría en el menor desarrollo y bienestar de la población, por menores oportunidades de empleo e ingresos, advirtieron el sector privado y analistas.
Según cálculos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la disminución de un punto porcentual en la inversión privada podría incidir negativamente en 0.3 décimas de punto porcentual en el ritmo de crecimiento del PIB.
“Esto sin duda tendría efectos sobre otras variables importantes para la economía”, señaló, al considerar que las autoridades no han evaluado a cabalidad sus posibles impactos en la economía.
“Si el nuevo gobierno está comprometido con mejorar el bienestar y estimular el crecimiento, debería considerar que apresurar una reforma de esa envergadura puede crear mayores riesgos en el mediano y largo plazos, y es más conveniente para el país, ahora, discutir una reforma del Poder Judicial verdaderamente integral”, puntualizó.
El CEESP estimó que el menor avance del PIB en un punto porcentual implicaría dejar de crear 200 mil nuevos puestos de trabajo y la repercusión alcanzaría a las arcas públicas, ya que los ingresos tributarios se reducirían en aproximadamente 53 mil millones de pesos.
Los mercados financieros también reaccionarían a la percepción de mayor riesgo para el país con el consecuente aumento del costo financiero; un aumento de 100 puntos base en la tasa de interés significaría un aumento del costo financiero del sector público en aproximadamente 30 mil millones de pesos.
Grafico: El Financiero
Órganos autónomos
La reforma que elimina a siete órganos autónomos, y transfiere las funciones que realizaban a dependencias públicas y órganos de gobierno, debilitará su autonomía y tendrá un alto costo para los bolsillos de los consumidores, advirtió Natalia Campos, coordinadora de Administración Pública del IMCO.
En entrevista, dijo que además, la medida podría entrar en conflicto con compromisos internacionales como el T-MEC. “Podría implicar un incumplimiento al Tratado de Libre Comercio, porque se necesita garantizar la existencia de autoridades imparciales de competencia y de telecomunicaciones de entrada”.
Argumentó que “el hecho de que no existan con este carácter de autonomía los órganos que son reguladores, implica una afectación a la competencia y por tanto, a los precios y a la variedad y calidad de los bienes”.
“Entonces, al final sí puede haber esta implicación en telecomunicaciones, en energía y en bienes en general por la Cofece, sí hay riesgo de que al no haber un regulador y al no existir una autoridad técnicamente sólida en términos de competencia, entonces sí haya una afectación para el bolsillo de los ciudadanos”, recalcó.
Señaló que a pesar de que se dice que es una modificación orgánica de simplificación administrativa, los cambios en la estructura tienen implicaciones que van mucho más allá de eso.
Ven graves consecuencias
Por su parte, la Coparmex externó su “profunda preocupación” por el paso que se dio en el proceso de desaparición de los órganos autónomos, lo que debilitaría la democracia, la competencia económica y la protección de los derechos ciudadanos, por lo que reiteró su llamado a los legisladores para que reflexionen sobre las “graves” consecuencias que traería su extinción.
“Hacemos un llamado urgente a los legisladores a reflexionar sobre las graves consecuencias que tendría la desaparición de estos organismos autónomos para la democracia y bienestar social en México. Seguiremos defendiendo la existencia de estos entes que son pilares esenciales para la protección de los derechos ciudadanos y la preservación de un sistema democrático robusto”, expuso.
Expresó “su profunda preocupación” ante la aprobación, en lo general, del dictamen que extingue siete organismos autónomos.
La justificación fue la austeridad cuando estos organismos representan apenas 0.05% del Presupuesto de Egresos de este año.