El exconductor de la plataforma Cabify, Ricardo Alexis Díaz, fue declarado este martes culpable del feminicidio de Mara Fernanda Castilla, la joven estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) que fue secuestrada y abusada en septiembre de 2017, y que provocó movilizaciones masivas de estudiantes en la entidad. El fallo fue confirmado por Gabriela Miranda, madre de la occisa.
“Por fin se está haciendo justicia, por fin podemos limpiar el nombre de nuestra hija de tantas acusaciones tan tristes, tan feas, tan bajas, en que la querían involucrar y con esto se ratifica que el único culpable era Ricardo Alexis Díaz; después de casi cuatro año por fin estamos respirando justicia, nada nos va a devolver la vida de nuestra hija pero desde que la perdimos en eso nos enfocamos”, dijo en entrevista en las afueras de los juzgados.
Por su parte, el padre de la víctima, Alejandro Castilla, subrayó “queremos una pena ejemplar para esta persona, para evitar que a más jóvenes de este país se les siga lastimando con estos feminicidios”.
El 8 de septiembre de 2017, Mara Castilla desapareció luego de reunirse con algunos amigos en el bar The Bronx, de Cholula. La última vez que se le vio con vida fue a las 5 de la mañana, cuando solicitó un taxi de la empresa Cabify para regresar a su casa.
La plataforma registró que la unidad tomó el servicio, pero la joven jamás llegó a su hogar.
Tras la desaparición, el inculpado, Ricardo Alexis, se presentó a declarar ante las autoridades de Puebla afirmando que había llevado a la estudiante a su casa y que ella había descendido del automóvil, aunque tal versión posteriormente quedó descartada con los videos de seguridad donde se observa que Mara nunca bajó del vehículo.
Fue el 15 de septiembre cuando el cuerpo de Mara fue encontrado sin vida y el conductor fue detenido al acreditarse su presunta responsabilidad en los hechos.
Será el próximo lunes cuando la autoridad judicial emita el fallo condenatorio para definir cuántos años deberá purgar de cárcel el culpable, pudiendo enfrentar una pena de entre 40 hasta 60 años de prisión.