Con 274 votos a favor, 219 en contra y tres abstenciones la Cámara de Diputados avaló la aprobación en lo general del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. Aunque aún quedan mil 994 reservas para su discusión en lo particular, uno de los temas que más ha causado polémica es la reducción económica a los organismos autónomos.
Aunque los diputados tienen hasta el 15 de noviembre para aprobar el dictamen y turnarlo a la Cámara de Senadores, el recorte de unos 8 mil millones de pesos a los organismos autónomos como el INE, Derechos Humanos y el Poder Judicial ha provocado reacciones e, incluso, se ha cuestionado su posibilidad de operación frente a la disminución presupuestal.
¿QUIÉNES SON LOS AFECTADOS?
Uno de los principales afectados es el Instituto Nacional Electoral (INE), pues la Secretaría de Hacienda planteó que para 2022 tenga una reducción de 11.4% de su presupuesto, con respecto a 2021.
Aunque en su anteproyecto el INE solicitó 28 mil 700 millones de pesos, lo que recibirá quedará en 24 mil 649 millones. Se trata del organismo que mayor reducción tuvo, lo que ha causado que consejeros electorales se pronunciaran que ante la disminución, se pone en riesgo la viabilidad de realizar la consulta de revocación de mandato y, de resultar positiva, el proceso de votación posterior.
El Consejo de la Judicatura Federal verá reducidos sus recursos para 2022 debido al recorte de 2 mil 935 millones de pesos; mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá 5 mil 284 millones de pesos para el próximo año, lo que supone una baja de 65 millones de pesos en comparación con 2021. En general, esto representa una falta de asignación de 3 mil millones de pesos para el Poder Judicial.
Al respecto, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, se pronunció contra los recortes, al asegurar que afectará diversos procesos urgentes para el país, uno de ellos es la llamada reforma judicial.
El ministro detalló que los 3 mil millones se habían solicitado para el cumplimiento de la tercera etapa reforma de justicia laboral, “que implica construir más sedes para los tribunales y más gastos de operación”, dijo en conferencia.
Y recordó que la reforma no es un proyecto del Poder Judicial, sino del Estado mexicano, por lo que hay una una obligación con los ciudadanos y sus socios internacionales, Canadá y Estados Unidos, con quienes se tiene un nuevo acuerdo comercial.
Otro de los organismos afectados a los que no les otorgaron ni siquiera un aumento con base a la inflación, que de enero a agosto acumuló 4%. es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tendría un decremento de 1.1%, para quedar en mil 722 millones de pesos.
Por otro lado, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) también recibirán menos dinero pero el golpe no fue tan fuerte. La reducción de Cofece sería de 0.8% para quedar en 616 millones 125 mil pesos y el IFT con 0.4% estaría con mil 560 millones de pesos.
Mientras que para el Tribunal Superior Agrario (TSA) es el cuarto año de reducciones con que suma un 18.4% menos presupuesto y han hecho un llamado a repensar el recorte pues se agrava la posibilidad de poder tener una atención puntual a los casos que analizan, pues incluso durante la pandemia no dejaron de funcionar.