Eliminar la prisión preventiva en delitos graves expondrá a jueces a corrupción y podría afectar a víctimas, expuso este miércoles el Gobierno de México en un comunicado.
El gobierno defendió que la figura de prisión preventiva oficiosa es necesaria en casos de personas presuntamente criminales acusadas de delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello.
En estos casos, la prisión preventiva busca que las personas señaladas “no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal, tomando en consideración que, en muchas ocasiones, detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas”.
El comunicado que firma el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López y María Estela Ríos González, consejera jurídica del Poder Ejecutivo federal explicaron que el mensaje era con motivo de la discusión que tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los próximos días.
Comentaron que en la sesión de mañana, se resolverá un juicio de amparo en revisión y las acciones de inconstitucionalidad 130/2019 y 136/2019 y aclararon que la Estrategia Nacional de Seguridad Publica y la política de cero impunidad persiguen garantizar la paz y la tranquilidad de la población y conseguir que las investigaciones por los delitos impliquen no solo la detención de las personas que los cometen, sino también la obtención de autos de vinculación a los procesos penales y sentencias condenatorias (cero impunidad), con pleno respeto a los derechos humanos.
"Es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal, tomando en consideración que, en muchas ocasiones, detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas. Se trata de evitar, de igual manera, que evadan la acción de la justicia; que, en represalia por su detención, atenten contra la integridad de las víctimas o amenacen o atenten contra testigos, o que sigan cometiendo delitos y dirigiendo actividades criminales que afectan a la sociedad", detalla el escrito.
Definió los delitos que actualmente implican prisión preventiva y son:
Así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud
Por lo anterior, pidió al máximo tribunal del país que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece la ley.