El día de hoy, la Corte de Distrito en Boston, Massachusetts, celebró una audiencia para analizar las próximas etapas en la demanda presentada por el Gobierno de México contra empresas manufactureras de armas, cuyo descuido y negligencia causa daños en territorio mexicano.
El pasado 7 de agosto, el juez Dennis Saylor, adscrito a esa Corte de Distrito, determinó que ese tribunal no puede juzgar a seis de las empresas demandadas, pese a que realizan actividades comerciales en Massachusetts y que sus productos terminan en México; el juez consideró –sin analizar mayor evidencia– que no pueden ser juzgadas en ese estado.
Esa decisión no absuelve de responsabilidad a las seis empresas por los daños ocasionados a nuestro país. Cabe resaltar que se trata del mismo juez que, en septiembre de 2022, determinó que las demandadas gozaban de inmunidad y que no podían ser llevadas ante un tribunal. México apeló y logró revertir esta decisión en enero de 2024, siendo el primer gobierno extranjero que supera esta inmunidad. Las empresas demandadas solicitaron a la Suprema Corte de ese país revisar la decisión, pero, hasta la fecha, el caso no se ha admitido a estudio.
En la audiencia de hoy, México destacó que continúa analizando las alternativas legales a seguir. Nuestro país también se pronunció a favor de que el juicio prosiga su curso contra las dos empresas sobre las cuales continúa la demanda: Smith & Wesson Brands, Inc., cuyas armas constituyen el mayor número de armas aseguradas en México, y Witmer Public Safety Group, Inc., distribuidora de armas en ese país.
Dado que el máximo tribunal estadounidense podría resolver en septiembre próximo si estudiará el caso, la Corte de Distrito fijó la siguiente audiencia para el 2 de octubre de 2024.
Las demandas presentadas por México han recibido reconocimiento internacional y son consideradas un parteaguas en la discusión sobre la responsabilidad de la industria de las armas en la violencia que se vive en México y en la región.
El Gobierno de México continuará con todas las acciones legales a su alcance para que las empresas fabricantes de armas rindan cuentas por el grave daño que causan a la población mexicana.