El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador violó la ley electoral al asegurar que para concretar las últimas reformas de su gobierno será necesario que se vote por candidatos a legisladores federales de Morena y aliados para tener una mayoría calificada en el Congreso de la Unión.
“Aquí estoy hablando del 1 de septiembre, es decir, va a entrar la nueva legislatura, que espero, con toda mi alma, que se integre, por voluntad del pueblo, de manera democrática, con una mayoría calificada de diputados y senadores vinculados a nuestra cuarta transformación”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera del 19 de abril.
La Sala Especializada del TEPJF calificó la expresiones del mandatario federal como electorales que inciden directamente en el proceso electoral federal, pues considera que buscan generar un impacto en la población respecto de la elección de diputaciones federales y senadurías del Congreso de la Unión.
El INE ordenó dar vista al Órgano Interno de Control e inscribir en el catálogo de personas sancionadas al coordinador General de Comunicación Social y vocero de la República, Jesús Ramírez Cuevas; a la directora General de Comunicación Social Digital, Jéssica Ramírez; al jefe de departamento, Pedro Daniel Ramírez Pérez, ambos adscritos a la Coordinación de Comunicación Social, así como al director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, Sigfrido Barjau de la Rosa.
La sentencia que fue aprobada por unanimidad por los integrantes de la Sala, declaró la existencia de las infracciones consistentes en la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, así como uso indebido de recursos públicos, “derivado de que una de las frases denunciadas es de naturaleza electoral y genera una influencia indebida e impacto en la ciudadanía que recibe esa información dentro del proceso electoral federal 2023-2024”.
En su conferencia matutina del 19 de abril, López Obrador se refirió a la reforma que busca impulsar antes de concluir su mandato para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La sentencia atendió una denuncia presentada por el PRD, que acusó al mandatario y a servidores públicos adscritos a la Presidencia de la República, de violar los principios constitucionales de imparcialidad, neutralidad y equidad, así como por el uso indebido de recursos públicos.