El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano (MC) y el partido local de Jalisco “Hagamos”, en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social, considerada la primera etapa del "Plan B" de la reforma electoral y ordenó que estos cambios no se apliquen en el Estado de México y Coahuila, donde habrá elecciones en junio próximo.
“Resulta procedente pues es necesario preservar la materia del juicio, toda vez que de aplicarse el criterio interpretativo en los procesos electorales que se llevan a cabo en los Estados de Coahuila y en el Estado de México podría (sic) afectarse los bienes jurídicos en juego que son jurídica (sic) del proceso participativo y de los procesos electorales. Además, lo contrarío ocasionaría un daño a la sociedad, pues se modificarían las reglas previstas para los procesos electorales que se desarrollan en el país”, señala el acuerdo del ministro, donde concedió la suspensión.
Se trata de las acciones de inconstitucionalidad 29/2023, 30/2023, 31/2023, 37/2023, 38/2023, 43/2023 y 47/2023, presentadas desde enero, y que se encontraban pendiente de ser admitidas a trámite.
El ministro Pérez Dayán justificó su decisión al señalar que “de no concederse la medida solicitada se afectarían irreparablemente los derechos fundamentales y los principios democráticos que se aducen como vulnerados, ocasionando con ello daños irreversibles para el derecho ciudadano de revocación de mandato y todos los derechos inmersos en los procesos electorales".
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha recibido más de 47 acciones de inconstitucionalidad y más de 31 controversias constitucionales contra el "Plan B" de la reforma electoral, impulsado por AMLO.