El expresidente Donald Trump llegó el martes al juzgado federal de Miami para entregarse a las autoridades antes de una comparecencia histórica ante el tribunal por cargos de acaparamiento ilegal de documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida.
Se esperaba que se enfrentara a un juez magistrado, lo que daría inicio a un proceso legal que se desarrollará en el apogeo de la campaña presidencial de 2024 y tendrá profundas consecuencias no solo para su futuro político sino, más urgentemente, para su propia libertad personal.
Cuatro SUV negros ingresaron al garaje debajo del juzgado de Miami, seguidos por agentes de policía, antes de su comparecencia programada para las 3:00 p. m. La seguridad se mantuvo estricta fuera del edificio, pero no hubo signos de interrupciones significativas. Una vez dentro, fue reservado formalmente, aunque no se esperaba que le tomaran una foto policial.
Trump abordó su comparecencia con bravuconería característica, publicando anuncios en las redes sociales contra la acusación desde el interior de su caravana e insistiendo, como lo ha hecho durante años de problemas legales, en que no ha hecho nada malo y que lo persiguen con fines políticos. Pero la gravedad del momento fue inequívoca cuando responde a 37 cargos por delitos graves que lo acusan de retener deliberadamente registros clasificados que, según los fiscales, podrían haber puesto en peligro la seguridad nacional si se hubieran expuesto, y tratar de ocultarlos de los investigadores que exigieron que se los devolvieran.
El caso está cargado de implicaciones políticas para Trump, de 76 años, quien actualmente ocupa el lugar dominante en los primeros días de las primarias presidenciales republicanas de 2024. Más allá de eso, conlleva la perspectiva de una sentencia de prisión de años. Incluso para un acusado cuya vida posterior a la presidencia ha estado dominada por las investigaciones, la investigación de documentos se ha destacado tanto por el volumen aparente de pruebas acumuladas por los fiscales como por la gravedad de las acusaciones.
También es un momento decisivo para un Departamento de Justicia que hasta la semana pasada nunca antes había presentado cargos contra un expresidente. El fiscal general Merrick Garland , designado por el presidente Joe Biden, trató de aislar al departamento de los ataques políticos entregando la propiedad del caso a un abogado especial, Jack Smith , quien el viernes declaró: “Tenemos un conjunto de leyes en este país, y se aplican a todos”.
La lectura de cargos, aunque en gran parte de naturaleza procesal, es la más reciente de un juicio público sin precedentes este año para Trump, quien enfrenta cargos en Nueva York derivados de pagos de dinero secreto durante su campaña presidencial de 2016, así como investigaciones en curso en Washington y Atlanta sobre los esfuerzos para deshacer los resultados de la carrera 2020. Ha tratado de proyectar confianza frente al peligro legal inconfundible, atacando a Smith como “un enemigo de Trump”, prometiendo permanecer en la contienda y programando un discurso y una recaudación de fondos para el martes por la noche en su club de Bedminster, Nueva Jersey.
“Están usando esto porque no pueden ganar las elecciones de manera justa y directa”, dijo Trump el lunes en una entrevista con Americano Media.
La comparecencia ante el tribunal también se desarrolla en el contexto de posibles protestas. Algunos patrocinadores de alto perfil han utilizado una retórica mordaz para expresar su apoyo. El propio Trump ha alentado a sus partidarios a unirse a una protesta planificada el martes en el juzgado.
Algunos simpatizantes de Trump se dirigieron a Miami en autobús desde otras partes de Florida, lo que generó preocupación por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que se preparan para posibles disturbios en los alrededores del juzgado. El jefe de policía de Miami, Manuel A. Morales, dijo que el centro podría ver desde unos pocos miles hasta 50 mil manifestantes. Pero al dirigirse a la comparecencia ante el tribunal, no hubo informes de un gran caos.
Entre los presentes estaba el dúo padre-hijo de Florencio y Kevin Rodríguez, quienes llegaron a Estados Unidos hace quince años como solicitantes de asilo que huían de la dictadura en Cuba.
Con una camiseta que dice “Jesús es mi salvador, Trump mi presidente”, el joven Rodríguez, Kevin, dijo que era posible que Trump fuera culpable de retener ilegalmente documentos clasificados. Pero cuestionó la imparcialidad de los procedimientos a la luz de otras investigaciones de información clasificada sobre los demócratas, incluida la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y el presidente Joe Biden.